Madrid, 16 ago (EFE).- La rehabilitación energética del parque residencial español se perfila como una de las principales vías para reducir el consumo, limitar las emisiones y aumentar la oferta efectiva de vivienda. Casi el 60 % de las viviendas del país fueron construidas antes de 1980, según los datos oficiales recogidos en la última Estrategia de Rehabilitación Energética de Edificios, y buena parte de ellas tendrá que adaptarse antes de 2050 a los objetivos europeos de renovación y descarbonización.
El reto no consiste únicamente en mejorar el confort de los hogares. También afecta a la salud de sus ocupantes, al valor de los inmuebles y a la posibilidad de que viviendas actualmente vacías o fuera del mercado puedan volver a utilizarse. La dimensión del desafío, sin embargo, exige superar obstáculos económicos, administrativos y sociales que hasta ahora han ralentizado el ritmo de las obras.
Un parque residencial marcado por la antigüedad
La presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Marta Vall-llossera, y el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), Julio Molina, explicaron a EFE las prioridades para avanzar en este proceso. Ambos participan desde 2023 en el proyecto “Rehabilitación Ciudadana”, una iniciativa destinada a informar a los propietarios y acompañarlos durante las distintas fases de una intervención.
La antigüedad del parque español explica parte de sus deficiencias. Muchas viviendas fueron levantadas antes de que entrara en vigor, en 1979, la primera normativa que fijaba unos requisitos mínimos de eficiencia energética. En consecuencia, numerosos edificios presentan envolventes poco aisladas, ventanas ineficientes, problemas de humedad y sistemas de climatización con un elevado consumo.
Vall-llossera advierte de que España dispone de “un parque muy envejecido”, con carencias que deberán corregirse para cumplir los estándares europeos. La rehabilitación, por tanto, no se plantea como una mejora opcional limitada a determinados edificios, sino como una transformación progresiva del conjunto de viviendas existentes.
El edificio como primera herramienta de ahorro
La eficiencia energética, según la presidenta del CSCAE, consiste en proporcionar el mismo nivel de confort y servicio con la menor cantidad posible de energía. La definición amplía el debate más allá de la reducción de las facturas, porque incorpora efectos económicos, ambientales, técnicos y patrimoniales.
Entre las actuaciones prioritarias figuran las mejoras en la envolvente del edificio: cubiertas, fachadas, cerramientos y carpinterías. El objetivo es conservar el calor durante los meses fríos y evitar que entre en exceso durante el verano. Molina resume este enfoque con la idea de “poner el abrigo al edificio”, junto con una ventilación adecuada que permita renovar el aire sin perder innecesariamente energía.
La climatización debería apoyarse, además, en fuentes renovables. La combinación de aislamiento, reducción de infiltraciones, ventilación controlada y equipos menos contaminantes puede disminuir la demanda energética antes de sustituir o ampliar las instalaciones. Esta secuencia resulta relevante porque evita que la transición dependa exclusivamente de cambiar aparatos sin corregir previamente las pérdidas estructurales del inmueble.
Confort, salud y valor patrimonial
Los beneficios de la rehabilitación también alcanzan a la salud. Una mejor calidad del aire interior y el control de las humedades pueden contribuir a prevenir enfermedades relacionadas con ambientes insalubres. Para los expertos, la mejora del comportamiento térmico de los edificios debe evaluarse junto con las condiciones de habitabilidad, especialmente en viviendas ocupadas por personas mayores, familias con menos recursos o residentes con problemas respiratorios.
La inversión inicial es uno de los principales motivos de resistencia entre los propietarios, pero el ahorro acumulado puede compensarla con el tiempo mediante una reducción del consumo. A ello se suma el incremento del valor de la vivienda. El CSCAE estima que, de media, una rehabilitación puede elevarlo alrededor de un 20 %, aunque el resultado depende del tipo de intervención, la ubicación y el estado previo del inmueble.
Ese aumento de valor tiene una doble lectura. Puede mejorar el patrimonio de los propietarios y facilitar futuras operaciones, pero también puede encarecer determinadas zonas si no se acompaña de políticas que protejan a los hogares con menor capacidad económica. Por ello, la rehabilitación energética no puede separarse de las medidas de acceso a la vivienda y de lucha contra la vulnerabilidad residencial.
Más viviendas disponibles, con límites y condiciones
La rehabilitación podría ampliar el parque total sin necesidad de construir todos los nuevos hogares desde cero. Molina señala que existe un número de viviendas que podría salir al mercado después de ser reformado. Vall-llossera coincide en que algunos inmuebles no pueden ofrecerse actualmente porque no reúnen las condiciones necesarias de uso, seguridad o eficiencia.
La recuperación de esas viviendas permitiría aprovechar un recurso ya construido y reducir parte de la presión sobre el suelo, los materiales y las infraestructuras. No obstante, convertir esa posibilidad en oferta real requiere que los inmuebles estén situados en áreas con servicios, que las obras sean financieramente viables y que los propietarios tengan incentivos suficientes para acometerlas.
La rehabilitación tampoco garantiza por sí sola que una vivienda llegue al alquiler o a la venta. Las decisiones de los propietarios dependen de la rentabilidad esperada, de la regulación, de los costes de financiación y de la demanda local. El efecto sobre la oferta será mayor cuando las actuaciones se integren en estrategias urbanas que incluyan transporte, servicios públicos y regeneración de barrios.
Ayudas, fiscalidad y mantenimiento
Desde la CEAV se reclama una mayor implicación de las administraciones públicas. Molina sostiene que hasta ahora no se ha favorecido suficientemente la rehabilitación y reclama no solo subvenciones, sino también incentivos fiscales. En su opinión, algunos procedimientos y situaciones administrativas han actuado como freno en lugar de facilitar las obras.
El problema es especialmente complejo en los barrios vulnerables, donde las comunidades pueden carecer de recursos, capacidad de gestión o acuerdos internos para iniciar proyectos. En esos casos, la ayuda pública debe incluir acompañamiento técnico y administrativo, además de financiación. De lo contrario, los programas pueden concentrarse en edificios con propietarios capaces de adelantar dinero y tramitar expedientes, dejando atrás a quienes más necesitan la intervención.
Los representantes de arquitectos y vecinos coinciden también en que la rehabilitación no termina con la finalización de las obras. El mantenimiento resulta imprescindible para conservar el rendimiento energético, evitar nuevas patologías y garantizar que la inversión produzca beneficios durante décadas. El cumplimiento de los objetivos europeos dependerá así no solo del volumen de ayudas o del número de edificios reformados, sino de la capacidad de convertir esas actuaciones en una política continuada de conservación, eficiencia y acceso a la vivienda.
