Un total de 55.789 herederos renunció en 2025 a recibir una herencia que les correspondía, una cifra que mantiene este fenómeno en torno a las 55.000 renuncias anuales desde 2021. Las principales razones son el temor a que las deudas del fallecido superen los bienes, el coste fiscal de la sucesión y el deseo de evitar trámites o conflictos familiares por patrimonios de escaso valor o difícil gestión.
Las deudas, el principal motivo
Los datos del Consejo General del Notariado muestran un aumento progresivo desde las 37.625 renuncias registradas en 2015. La portavoz de la institución, María Teresa Barea, atribuye parte del repunte a la pandemia, que elevó el número de fallecimientos y provocó un incremento tanto de las aceptaciones como de las renuncias. Ese efecto todavía aparece en las estadísticas, ya que la decisión sobre una herencia puede tomarse años después del fallecimiento, aunque el plazo habitual para pagar los impuestos sucesorios sea de seis meses.
La llamada “herencia negra” se produce cuando las deudas del fallecido son superiores al valor de los bienes. Para conocer esa situación, los posibles herederos pueden consultar a las entidades financieras y solicitar información al notario. En lugar de repudiar la herencia, existe también la posibilidad de aceptarla a beneficio de inventario: en 2025 se registraron 1.811 casos y esta fórmula limita el pago de las deudas al patrimonio heredado, sin comprometer los bienes previos del heredero. La abogada especializada en planificación sucesoria Carmen Pérez-Pozo recomienda optar siempre por esta vía cuando exista incertidumbre sobre las obligaciones pendientes.
Patrimonios pequeños y una fiscalidad desigual
No todas las renuncias responden a un problema financiero. Barea cita como ejemplo las herencias compartidas entre numerosos primos, como un terreno de poco valor, que pueden generar trámites y decisiones difíciles entre familiares con escasa relación. También puede ocurrir que el heredero desconozca el contenido de los bienes y considere que no compensa iniciar el procedimiento.
El coste tributario constituye un tercer motivo, aunque el Consejo General del Notariado lo considera minoritario. Suele aparecer en herencias sin liquidez, formadas por propiedades difíciles de vender pero sujetas al pago de impuestos, especialmente cuando proceden de tíos, amigos u otros allegados que no disfrutan de las principales bonificaciones. Pérez-Pozo, sin embargo, observa una relación directa entre la fiscalidad y las renuncias en determinadas comunidades, así como en sucesiones complejas que incluyen sociedades familiares. Según la abogada, una herencia mal organizada desde el punto de vista fiscal puede hacer inviable su aceptación.
Las cifras regionales no miden la incidencia
Andalucía concentró 10.692 renuncias en 2025, seguida de Cataluña, con 9.719; Madrid, con 5.886, y la Comunidad Valenciana, con 5.604. El mayor número coincide con las regiones más pobladas, pero los datos no permiten determinar dónde se registra una mayor proporción de renuncias ni establecer una relación directa con la fiscalidad.
Las comunidades autónomas tienen amplias competencias para fijar reducciones, tarifas y bonificaciones del impuesto de sucesiones. El Consejo General de Economistas señala que ascendientes, descendientes y cónyuges prácticamente no pagan este tributo en comunidades como Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y Valencia. En Cataluña, los primeros 100.000 euros quedan exentos y después se aplican bonificaciones decrecientes; para hermanos, tíos, sobrinos y otros parientes, las ventajas fiscales son generalmente menores y varían según el territorio.
A pesar del volumen de renuncias, solo una pequeña parte de las herencias termina en manos del Estado. Cuando no hay herederos o todos repudian la sucesión, la Administración busca posibles beneficiarios y, si no los encuentra, se declara heredera abintestato a beneficio de inventario. El Estado recibió 39 herencias por esta vía en 2022, 32 en 2023, 14 en 2024 y 13 en 2025. El último año ingresó algo menos de siete millones de euros: dos tercios se destinaron a fines sociales y el resto pasó al Tesoro.
