Hidalgo se colocó en el primer lugar nacional en crecimiento de los recursos vinculados al Fondo General de Participaciones (FGP), con un aumento de 8 por ciento durante el periodo reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El dato aparece en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al segundo semestre de 2026, enviado al Congreso de la Unión el pasado 30 de julio.
La cifra tiene una relevancia que rebasa el reconocimiento estadístico. En México, las participaciones federales constituyen una de las principales fuentes de financiamiento para los gobiernos estatales y municipales. Su evolución determina, en buena medida, la capacidad de las entidades para sostener servicios públicos, cubrir obligaciones operativas y emprender obras sin recurrir excesivamente al endeudamiento. Por ello, un crecimiento del FGP puede traducirse en mayor margen presupuestario, aunque no implica por sí mismo una mejora automática en la calidad del gasto.
La ruta que conduce a un mejor reparto
El Fondo General de Participaciones forma parte del sistema de coordinación fiscal mediante el cual la Federación distribuye recursos a los estados y municipios. La fórmula considera variables relacionadas con la actividad económica, la población y los ingresos que las entidades y los municipios logran generar y reportar. En ese diseño, la recaudación local no solo representa dinero disponible para cada gobierno: también puede influir en la posición relativa que ocupa dentro de la distribución federal.
El desempeño de Hidalgo se explica, según la información difundida, por una combinación de factores. Durante la administración de Julio Menchaca Salazar, los recursos vinculados al FGP han acumulado un crecimiento de 40 por ciento, frente al 25 por ciento registrado en la administración anterior. La comparación debe leerse con cautela, porque cada periodo puede estar condicionado por distintos niveles de inflación, actividad económica, reglas de distribución y bases de cálculo. Aun así, la diferencia apunta a un cambio en la capacidad de captación y gestión financiera del estado.
También es necesario distinguir entre el resultado observado y la expectativa presupuestaria. El ejercicio 2026 corresponde al monto estimado en la Ley de Ingresos de ese año, de modo que el desempeño definitivo dependerá de la recaudación efectiva, la evolución de la economía nacional y los ajustes que realice la SHCP. La estimación ofrece una señal favorable, pero no equivale a recursos permanentemente garantizados.
El salto de los ingresos propios
El elemento más significativo del reporte es el crecimiento de los ingresos propios de Hidalgo, que pasaron de 4 mil 916 millones de pesos en 2021 a más de 9 mil 636 millones en 2025. El aumento, cercano al 96 por ciento en cuatro años, modifica la relación entre el estado y las transferencias federales. Una administración que recauda mejor puede enfrentar con mayor solvencia los ciclos de volatilidad nacional y financiar prioridades sin depender exclusivamente de decisiones tomadas en la capital del país.
El Impuesto sobre Nómina ilustra con claridad esa transformación. La recaudación pasó de mil 426 millones de pesos en 2021 a 2 mil 961 millones al cierre de 2025. El incremento puede reflejar una mayor actividad formal, una ampliación de la base gravable, controles más estrictos o una combinación de estos factores. No obstante, también plantea una pregunta relevante: cuánto del crecimiento proviene de una economía que genera más empleos y cuánto de una fiscalización más intensa sobre los contribuyentes ya registrados.
La diferencia no es menor. Si el aumento se sostiene principalmente por la expansión de la actividad productiva y del empleo formal, el estado estaría fortaleciendo una base fiscal más saludable. Si depende sobre todo de medidas administrativas o de una mayor carga sobre las empresas existentes, podría enfrentar límites en el mediano plazo. La recaudación debe crecer sin desalentar la inversión, especialmente en una entidad que busca aprovechar su cercanía con el centro del país, sus corredores industriales y las oportunidades asociadas al reordenamiento de las cadenas de suministro.
Municipios: el eslabón que puede cambiar la fórmula
La coordinación con los municipios es otro componente decisivo. El gobierno estatal reporta convenios de colaboración, capacitación y acciones de fiscalización que han contribuido a elevar la recaudación del impuesto predial y de los derechos por suministro de agua. Ambos conceptos tienen una importancia doble: mejoran los ingresos locales y, al ser considerados dentro de la fórmula de distribución de participaciones federales, pueden reforzar la posición financiera de todo el sistema estatal.
El caso del predial muestra por qué la política fiscal no puede concentrarse únicamente en la administración central. En muchos municipios mexicanos, los padrones catastrales están desactualizados, existen predios sin registro o persisten diferencias entre el uso real de un inmueble y la información administrativa. Una actualización ordenada, acompañada de facilidades de pago y transparencia sobre el destino de los recursos, puede elevar la recaudación sin recurrir necesariamente a aumentos abruptos de tasas.
Con el agua ocurre algo similar. Mejorar la medición, reducir fugas y cobrar de manera más consistente puede fortalecer a los organismos operadores, pero también puede generar tensión social si el servicio no mejora. La legitimidad de la recaudación municipal depende de que los ciudadanos perciban una relación visible entre el pago y resultados concretos: abasto regular, reparación de calles, seguridad, alumbrado o mantenimiento de infraestructura. Sin esa conexión, la fiscalización puede aumentar en el corto plazo y perder eficacia por el rechazo ciudadano en el largo.
Más margen presupuestario, mayores obligaciones
El crecimiento de las participaciones y de los ingresos propios puede ampliar el espacio de decisión del gobierno estatal. En términos prácticos, Hidalgo podría contar con mejores condiciones para planear infraestructura, reforzar programas sociales o atender necesidades de salud, educación y movilidad. También podría mejorar su capacidad para responder ante emergencias sin suspender otros servicios esenciales.
Pero una mayor disponibilidad de recursos no elimina los riesgos de gestión. Los ingresos extraordinarios o los aumentos derivados de una coyuntura favorable no deberían convertirse en compromisos permanentes de gasto. Contratar personal, crear subsidios difíciles de retirar o iniciar proyectos sin costos de operación claramente calculados puede transformar una mejora fiscal en una presión futura. La regla central para las finanzas públicas estatales tendría que ser que el gasto recurrente se sostenga con ingresos recurrentes y que la inversión tenga evaluaciones técnicas verificables.
El reconocimiento de Fitch Ratings, Moody’s Local, HR Ratings y S&P Global agrega una dimensión financiera al avance. Las calificadoras observan variables como liquidez, deuda, disciplina presupuestaria y capacidad de pago. Una posición fiscal más sólida puede reducir el costo del financiamiento y facilitar inversiones de largo plazo. Sin embargo, una mejor evaluación crediticia no debe interpretarse como autorización para endeudarse más. El beneficio real aparece cuando la confianza financiera se utiliza para financiar proyectos productivos y no para cubrir desequilibrios ordinarios.
La señal para empresas y contribuyentes
El reconocimiento del Servicio de Administración Tributaria, que ubicó a Hidalgo en el primer lugar nacional del Tablero Global de Eficiencia Recaudatoria, refuerza la imagen de una administración con mayor capacidad de control. Para las empresas, esa eficiencia puede ser positiva si se traduce en trámites más rápidos, reglas claras y menor discrecionalidad. La digitalización y el intercambio de información entre autoridades también pueden reducir espacios de evasión y hacer más equitativa la competencia.
El riesgo aparece cuando eficiencia se confunde con presión recaudatoria. El Impuesto sobre Nómina grava a los empleadores y puede impactar las decisiones de contratación, formalización o expansión. Por ello, el crecimiento de la recaudación debería acompañarse de mecanismos de diálogo con el sector productivo, evaluaciones sobre el costo laboral y políticas que devuelvan parte del esfuerzo fiscal en forma de infraestructura, capacitación y seguridad. Un entorno donde se cobra mejor, pero no se ofrecen mejores condiciones, puede perder competitividad pese a sus buenos indicadores contables.
El desafío de convertir el dato en desarrollo
La posición de Hidalgo dentro del FGP ofrece una oportunidad para cambiar la calidad de la planeación pública. El estado puede utilizar este momento para fortalecer proyectos regionales, conectar zonas industriales con proveedores locales y reducir brechas entre municipios con capacidades administrativas muy distintas. La recaudación adicional tendría un impacto mayor si se dirige a infraestructura que genere actividad económica y a servicios que eleven la productividad, en lugar de dispersarse en obras pequeñas sin continuidad.
La experiencia municipal será determinante. Si los convenios de colaboración logran profesionalizar catastros, transparentar padrones y mejorar los organismos de agua, el resultado podría ser una hacienda pública más estable desde las localidades. Si, por el contrario, la coordinación se limita a operativos de cobro, el avance puede agotarse una vez que se normalice la base de contribuyentes. La sostenibilidad depende de construir instituciones, no únicamente de alcanzar una cifra anual.
El crecimiento reportado coloca a Hidalgo ante una exigencia adicional: demostrar que una mejor posición fiscal se traduce en bienestar medible. El indicador más importante ya no será solo cuánto aumentaron las participaciones o la recaudación, sino qué ocurrió con la cobertura de los servicios, la calidad de las obras, la generación de empleo formal y la reducción de desigualdades territoriales. El primer lugar nacional es una ventaja política y financiera; convertirlo en desarrollo duradero requerirá prudencia, transparencia y una estrategia que vincule cada peso recaudado con resultados verificables.
