México tiene gas no convencional, pero convertirlo en producción útil no será rápido ni barato. El salto desde los estudios al desarrollo industrial exigiría hasta una década, con inversiones de miles de millones, certidumbre regulatoria e infraestructura que hoy no existen a la escala necesaria.
El comité científico convocado por el gobierno de Claudia Sheinbaum dejó abierta la puerta al fracking en Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, pero pidió más evaluaciones sobre agua y viabilidad real del recurso. En Tampico-Misantla, en cambio, recomendó no avanzar. El mensaje de fondo es claro: el país ya no discute solo reservas, sino el costo político, financiero y técnico de ponerlas en marcha.
Ramsés Pech calcula que una fase piloto en Burgos requeriría entre 2 mil y 3 mil millones de dólares, y una explotación a escala, hasta 25 mil millones en diez años. Pemex difícilmente podría cargar sola con esa factura. El verdadero cuello de botella está en el diseño contractual y la seguridad jurídica; sin eso, el recurso seguirá siendo prospectivo y no energía disponible.
