Ciudad de México, 21 de agosto de 2026. Aunque el Gobierno federal no perfila, hasta ahora, una reforma tributaria con nuevos impuestos para 2027, empresas, especialistas y representantes del sector privado anticipan un endurecimiento de la fiscalización. La Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrían intensificar las acciones contra la evasión y la elusión fiscal, el contrabando, la facturación falsa y el llamado huachicol fiscal, además de acelerar la recuperación de adeudos de ejercicios anteriores.
La expectativa empresarial es que la presión recaudatoria aumente mediante auditorías, controles y revisiones más amplias sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El escenario se produciría después del reforzamiento de las medidas contra el lavado de dinero y en un contexto de exigencias para mejorar las finanzas públicas sin recurrir necesariamente a una modificación integral del sistema tributario.
Revisan cambios al Código Fiscal
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena y presidente del grupo de trabajo de la Comisión de Hacienda, informó que cinco mesas de trabajo analizan los temas que podrían derivar en ajustes al Código Fiscal. El legislador sostuvo que la prioridad será cerrar espacios a prácticas que reducen artificialmente la carga tributaria y mejorar el pago efectivo de impuestos.
“La elusión fiscal es enorme: el pago efectivo de ISR es hasta menos del 5 por ciento y muchas veces es negativo el pago”, afirmó en entrevista. También señaló como asuntos relevantes la emisión y utilización de facturas falsas, así como el huachicol fiscal, término con el que se identifica el uso de esquemas ilegales para evadir impuestos, particularmente en operaciones relacionadas con combustibles.
Las declaraciones no implican que exista ya una propuesta legislativa definitiva ni permiten anticipar el alcance concreto de los eventuales cambios. Sin embargo, muestran que la discusión se concentra en fortalecer los instrumentos de vigilancia y cobro, en lugar de anunciar de manera inmediata una nueva estructura de impuestos.
Más fiscalización, pero con límites
Federico Rubli, asesor del despacho MAAT SC, consideró muy poco probable que el Paquete Económico 2027 incluya nuevos impuestos, especialmente porque el próximo año será electoral. Desde su perspectiva, el “apretón fiscal” se manifestaría principalmente en una supervisión más estricta del pago de contribuciones y en una ofensiva redoblada contra la evasión y la elusión.
El especialista consideró positivo que las autoridades combatan prácticas ilegales, siempre que sus acciones se mantengan dentro del marco jurídico. Advirtió que una intensificación excesiva de auditorías y controles puede derivar en lo que describió como “terrorismo fiscal”, una percepción que, según dijo, se ha convertido en una realidad para algunos contribuyentes.
Rubli explicó que el riesgo no se limita a mayores costos administrativos para las empresas. Cuando las revisiones carecen de criterios claros o se aplican de manera desproporcionada, pueden producir transgresiones a la legalidad, actos de extorsión y espacios para la corrupción. Los empresarios medianos, añadió, son particularmente sensibles a esa posibilidad porque suelen contar con menos recursos para enfrentar litigios, auditorías prolongadas o requerimientos simultáneos.
Presión por una consolidación creíble
Judith Méndez y José Luis Clavellina, directora ejecutiva y economista en jefe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), respectivamente, señalaron que México mantiene la presión de las agencias calificadoras para avanzar hacia una consolidación fiscal creíble. Esa exigencia no se limita al mediano plazo: también demanda señales concretas de disciplina presupuestaria en el corto plazo.
La consolidación fiscal implica buscar un equilibrio más sostenible entre ingresos y gasto públicos. En ese proceso, elevar la recaudación mediante una mejor fiscalización puede ofrecer recursos adicionales sin modificar las tasas impositivas. No obstante, sus resultados dependen de la capacidad del SAT para detectar incumplimientos reales, cobrar adeudos y reducir la evasión sin afectar injustificadamente a contribuyentes que sí cumplen.
La presión de las calificadoras también está vinculada con la percepción sobre la trayectoria de la deuda, el déficit y la capacidad del Gobierno para sostener sus compromisos financieros. Por ello, una estrategia basada únicamente en aumentar auditorías tendría un alcance limitado si no se acompaña de un gasto público más eficiente y de reglas previsibles para los contribuyentes.
El reto de ampliar la base gravable
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó que el fortalecimiento de las finanzas públicas debe apoyarse en tres líneas: hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, incentivar la formalidad y ampliar la base gravable. El planteamiento desplaza el debate de la sola vigilancia hacia la necesidad de que más actividades económicas contribuyan y de que el gasto genere mejores resultados.
Ampliar la base gravable supone incorporar a más personas y empresas al cumplimiento regular, no sólo aumentar la carga sobre quienes ya están registrados. Para ello, el sector privado ha insistido en la importancia de reducir los incentivos a la informalidad, simplificar procesos y garantizar que las obligaciones puedan cumplirse con reglas claras. En paralelo, el combate al contrabando y a la facturación falsa busca evitar que empresas formales compitan en desventaja frente a operadores que reducen sus costos mediante prácticas ilegales.
La Secretaría de Hacienda fue consultada sobre las prioridades del Gobierno para el Paquete Económico 2027. En respuesta a Grupo REFORMA, la dependencia indicó que por el momento no puede compartir información sobre el tema. La falta de detalles oficiales mantiene abierta la definición de las medidas, pero las señales emitidas por legisladores, especialistas y organismos empresariales apuntan a un año de mayor escrutinio fiscal, en el que la eficacia recaudatoria deberá equilibrarse con certeza jurídica y controles contra posibles abusos.
