El dato que define la actuación del Servicio de Administración Tributaria durante la primera mitad de 2026 no es únicamente que la autoridad haya obtenido más resoluciones favorables. La señal relevante está en la combinación de dos movimientos aparentemente contradictorios: el fisco ganó una proporción menor de juicios, pero recuperó una cantidad de dinero considerablemente mayor. En los litigios de última instancia, el SAT obtuvo 80.4% del monto disputado y logró recuperar 115,658 millones de pesos, el nivel más alto para un primer semestre desde que existen registros comparables, al menos desde 2018.
La diferencia entre el número de expedientes y el valor económico de las resoluciones cambia la lectura habitual sobre la eficacia fiscal. Una autoridad puede perder más casos en términos porcentuales y, al mismo tiempo, imponerse en los litigios que concentran los créditos más cuantiosos. Eso parece haber ocurrido en 2026: cada juicio ganado representó, en promedio, una recuperación de 26.2 millones de pesos, frente a 12.3 millones en 2018. El SAT no necesariamente está ganando más batallas; está ganando, o cerrando favorablemente, batallas de mayor tamaño.
El valor de los litigios pesa más que su cantidad
Los 115,658 millones de pesos recuperados superan en 13% lo reportado durante el primer semestre de 2025 y en 48% la cifra correspondiente a 2024. Frente a 2018, el aumento llega a 98.2%. La comparación es significativa porque 2018 funciona como referencia previa al reforzamiento de las revisiones sobre ejercicios fiscales anteriores y a la determinación de créditos fiscales contra empresas.
El crecimiento no puede interpretarse como una simple mejora administrativa. También refleja que los casos que llegan a las instancias decisivas tienen una composición distinta. Cuando la autoridad concentra auditorías en grandes contribuyentes y en operaciones complejas, una sola resolución puede modificar de manera importante el monto anual recuperado. El promedio de 26.2 millones por juicio ganado confirma que el resultado depende cada vez más de la dimensión económica de los expedientes y menos del número bruto de sentencias.
Esta transformación tiene una consecuencia institucional: las estadísticas de “juicios ganados” son insuficientes para medir el desempeño del SAT. El indicador decisivo pasa a ser la proporción del valor en disputa que la autoridad consigue sostener ante los tribunales. Desde la perspectiva recaudatoria, la estrategia parece racional. La defensa de un crédito fiscal de gran tamaño consume recursos jurídicos, pero puede generar un retorno muy superior al de cientos de casos pequeños.
Sin embargo, esa misma concentración eleva la volatilidad de los resultados. Una resolución favorable en un litigio extraordinario puede impulsar el monto de un semestre, mientras que una sentencia adversa en otro caso de gran escala puede deteriorar rápidamente la estadística. El desempeño debe analizarse, por tanto, junto con el número de expedientes, el tipo de contribuyente, la antigüedad de los créditos y el porcentaje efectivamente cobrado, no solo reconocido judicialmente.
La estrategia comenzó antes de los tribunales
El aumento de las recuperaciones tiene su origen en una política que se consolidó desde 2019: elevar la recaudación sin una reforma fiscal amplia, eliminar la condonación de impuestos a grandes empresas, revisar ejercicios fiscales anteriores y litigar los créditos que los contribuyentes no aceptaran. El Plan Maestro del SAT incorporó auditorías más focalizadas y herramientas de inteligencia artificial para identificar operaciones, inconsistencias y sectores con mayor potencial recaudatorio.
La tecnología, por sí sola, no explica el resultado. La inteligencia artificial puede seleccionar con mayor precisión los expedientes que conviene revisar, pero la autoridad todavía debe documentar la operación, fundamentar el crédito y sostenerlo ante abogados especializados y jueces. La cadena completa importa: una auditoría mal integrada no se convierte en una recuperación por el hecho de haber sido detectada mediante un modelo analítico.
El segundo componente es la profesionalización del litigio. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos sostiene que el cuerpo de defensa del SAT cuenta con mayor conocimiento y experiencia para enfrentar controversias complejas. Las cifras de capacitación respaldan parcialmente esa interpretación. Durante el primer semestre de 2026, la meta de cobertura para los trabajadores era de 60%, pero se alcanzó 92.77%; en 2018, la cobertura reportada fue de 73.3%.
El cambio de productividad también resulta notable. Entre el primer semestre de 2018 y el mismo periodo de 2026, el monto promedio de recaudación por trabajador del SAT pasó de 43.3 millones a 118 millones de pesos. Ese incremento sugiere una administración con mejores sistemas de selección, más información y capacidades jurídicas fortalecidas. Pero también debe manejarse con cautela: el promedio puede estar influido por recuperaciones extraordinarias y no equivale automáticamente a una mejora uniforme en todas las áreas del organismo.
La recaudación se apoya en expedientes heredados
Una de las características más importantes de esta política es su horizonte temporal. Las revisiones de ejercicios fiscales anteriores producen conflictos que pueden tardar años en resolverse. El SAT puede iniciar una auditoría en un periodo y obtener el ingreso correspondiente mucho después, tras pasar por tribunales administrativos, instancias federales y, en algunos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El caso de empresas vinculadas con Ricardo Salinas Pliego ilustra esa dimensión. Después de una disputa de 16 años, la Corte falló a favor del SAT a principios de 2026 para que se pagaran adeudos fiscales de, al menos, 32,000 millones de pesos. Más allá de la identidad del contribuyente, el expediente muestra que la recaudación actual puede depender de decisiones tomadas por administraciones anteriores y de litigios que atraviesan distintas composiciones políticas del país.
También existen casos de acuerdos. Walmart, América Móvil, FEMSA, Toyota e IBM de México llegaron a arreglos con el SAT para cubrir adeudos determinados durante revisiones de ejercicios pasados. Esto revela que el resultado fiscal no siempre se produce mediante una sentencia. La presión de una auditoría sólida, el riesgo de un litigio prolongado y la necesidad de cerrar contingencias pueden llevar a las empresas a negociar antes de que el conflicto llegue a su última instancia.
La primera conclusión analítica es clara: el SAT ha convertido la fiscalización en una cartera de activos jurídicos. Primero identifica créditos potencialmente cobrables, después prioriza los de mayor valor y finalmente decide entre negociación y litigio. La eficacia no se mide solo por la capacidad de descubrir incumplimientos, sino por la posibilidad de transformar esos hallazgos en ingresos reales. El éxito del modelo dependerá de que la selección inicial sea suficientemente rigurosa para evitar créditos inflados o vulnerables.
Empresas ante una autoridad con mayor capacidad de presión
Para los grandes contribuyentes, el nuevo entorno modifica el cálculo de riesgo. Una empresa que antes podía considerar el litigio como una forma razonable de retrasar el pago ahora enfrenta una autoridad con más datos, abogados mejor preparados y experiencia acumulada en controversias similares. La probabilidad de que un crédito sobreviva hasta la última instancia se vuelve un elemento financiero que debe reflejarse en reservas, reportes a inversionistas y decisiones de inversión.
Esto puede tener un efecto positivo en el cumplimiento voluntario. Si las compañías anticipan que las revisiones serán más precisas y que los créditos tendrán mejores posibilidades de ser confirmados, aumentan los incentivos para corregir declaraciones, documentar operaciones y negociar diferencias antes de recibir una resolución definitiva. La fiscalización deja de ser únicamente un evento posterior y se incorpora a la gestión cotidiana de riesgos corporativos.
Pero el efecto también puede ser restrictivo. Las empresas pueden percibir que la autoridad está utilizando auditorías y créditos fiscales como instrumentos de presión, especialmente cuando se trata de operaciones interpretables o de periodos muy antiguos. La incertidumbre tributaria puede elevar costos legales, retrasar proyectos y dificultar la planeación financiera. En sectores regulados o con cadenas internacionales, una controversia mexicana puede afectar decisiones de asignación de capital más allá del pago inmediato.
Desde la óptica del SAT, la respuesta es que la obligación de contribuir no puede quedar subordinada a la capacidad de las empresas para prolongar litigios. Desde la perspectiva empresarial, el punto de discusión es distinto: el Estado debe cobrar lo que corresponde, pero con criterios previsibles, consistentes y verificables. El conflicto central no está entre recaudar y no recaudar, sino en determinar si la eficiencia recaudatoria se apoya en una mejor aplicación de la ley o en una asimetría de poder difícil de controvertir.
La Corte y la percepción de imparcialidad
La composición de la Suprema Corte es otro factor que aparece en el debate. Pablo Puga Vértiz, integrante de la Comisión Fiscal Nacional del IMCP, considera que el máximo tribunal es más afín a la administración federal actual y que esa circunstancia inclina la balanza a favor del SAT. Juan Manuel Franco, asesor independiente en materia fiscal, interpreta las resoluciones favorables como parte de la continuidad de una política iniciada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mantenida por Claudia Sheinbaum.
Estas posiciones no prueban por sí mismas que las sentencias carezcan de fundamento jurídico. Sí muestran, en cambio, un problema de confianza pública. La legitimidad de la recaudación depende tanto del dinero recuperado como de la percepción de que los casos se resuelven con criterios técnicos y no por cercanía política. En litigios de miles de millones de pesos, cualquier duda sobre la independencia judicial puede convertirse en un costo institucional, incluso cuando el fallo sea formalmente válido.
La discusión cobra fuerza porque los ingresos petroleros y tributarios perdieron ritmo durante la primera mitad de 2026. Cuando otras fuentes de recursos se debilitan, los litigios fiscales adquieren una importancia presupuestaria mayor. Esa presión puede empujar a la autoridad a acelerar cobros y priorizar expedientes de alto valor, pero también aumenta el riesgo de que los tribunales sean vistos como una extensión de la política recaudatoria.
La segunda conclusión es que la fortaleza litigiosa del SAT necesita ir acompañada de transparencia. Publicar más información sobre los criterios de selección, la antigüedad de los créditos, los montos efectivamente cobrados y los casos perdidos permitiría distinguir una estrategia profesional de una política basada en objetivos recaudatorios de corto plazo. Sin esa desagregación, el aumento de 98.2% frente a 2018 puede alimentar tanto confianza como sospecha.
El siguiente desafío: cobrar sin deteriorar la certeza jurídica
El escenario más probable es que la autoridad mantenga las auditorías selectivas y el uso de herramientas analíticas. La presión presupuestaria ofrece un incentivo para continuar con los expedientes grandes, mientras que la experiencia acumulada hace menos probable un retorno a una fiscalización dispersa y de bajo rendimiento. También es razonable esperar más acuerdos con empresas que prefieran cerrar contingencias antes que sostener juicios durante años.
La tendencia, no obstante, enfrenta tres riesgos. El primero es la concentración: si una parte excesiva de la recaudación depende de pocos litigios, el resultado anual quedará expuesto a decisiones judiciales impredecibles. El segundo es la calidad de los créditos: una política que premia el monto determinado puede estimular auditorías agresivas, pero no necesariamente créditos sólidos. El tercero es la saturación institucional. Más controversias de alto valor requieren tribunales, peritos y abogados capaces de resolverlas con rapidez, o de lo contrario la recuperación seguirá llegando con retrasos prolongados.
Existe además un riesgo macroeconómico. Si las empresas incorporan una mayor carga de contingencias fiscales sin contar con reglas claras para resolverlas, pueden reducir inversión o trasladar costos a precios y proveedores. El cumplimiento tributario debe fortalecerse, pero la incertidumbre permanente tiene efectos similares a un impuesto adicional: encarece las decisiones y reduce la capacidad de anticipar retornos.
El tercer punto de fondo es que el éxito del SAT no debería depender indefinidamente de una reserva de litigios iniciados en años anteriores. Las recuperaciones extraordinarias pueden mejorar las cuentas públicas, pero no sustituyen una base tributaria más amplia ni una reforma que reduzca la informalidad y distribuya mejor las cargas. Si el gobierno convierte los juicios favorables en su principal fuente de crecimiento recaudatorio, el sistema corre el riesgo de premiar la disputa después del incumplimiento en lugar de construir reglas que favorezcan el pago correcto desde el inicio.
El balance de 2026 muestra una autoridad fiscal más selectiva, más capacitada y con mayor capacidad para convertir créditos controvertidos en ingresos. También muestra los límites de esa estrategia: el número de victorias disminuye, los montos se concentran y la percepción de imparcialidad judicial se vuelve parte del resultado económico. El SAT puede recuperar más dinero ganando menos juicios, pero la sostenibilidad de ese modelo dependerá de que cada crédito resista no solo la presión recaudatoria, sino también el examen técnico, judicial y público que exige un Estado de derecho.
