La propuesta del presidente Gustavo Petro de que el Estado asuma 11 billones de pesos de la deuda de Nueva EPS remite directamente a la estructura creada por la Ley 100 de 1993. Ese modelo entregó la gestión de los recursos de salud a entidades intermediarias que, durante más de tres décadas, acumularon obligaciones sin que existiera un mecanismo efectivo de control sobre el flujo financiero. Nueva EPS, nacida de la fusión de varias cajas de compensación, se convirtió en la mayor aseguradora del país y concentró cerca de 10 millones de afiliados. Su trayectoria refleja las tensiones inherentes al sistema: la captación de recursos públicos contrastó con la falta de pago oportuno a hospitales y proveedores.
El pasivo reportado al cierre de 2024 alcanza 22,5 billones de pesos, con un patrimonio negativo de 11,9 billones. Los estados financieros presentados tras la intervención del agente especial Jorge Iván Ospina Gómez revelan que el desbalance principal no proviene de gastos administrativos, sino del costo médico que superó sistemáticamente los ingresos por unidad de pago por capitación. Un rezago de casi 10 millones de facturas desde 2008 explica parte de ese desfase contable y muestra cómo la ausencia de conciliaciones periódicas permitió que las obligaciones crecieran de forma silenciosa durante años.
La participación de Vargas Lleras en la junta
Petro atribuyó la mitad de la deuda a decisiones tomadas durante la gestión de Germán Vargas Lleras en la junta directiva de Nueva EPS. Esa responsabilidad apunta a un período en el que la entidad operó bajo lógicas de rentabilidad que priorizaron la contención de egresos frente a la prestación oportuna de servicios. El argumento presidencial sostiene que los recursos públicos destinados al aseguramiento terminaron cubriendo pérdidas derivadas de prácticas de intermediación que, según el mandatario, configuraron un “desfalco”. La cifra de 11 billones que el Estado debería reconocer como deuda pública representa, en esa lectura, el costo social de mantener un modelo que trasladó riesgos financieros al erario sin contrapartida en calidad de atención.
Acumulación de pasivos y casos de corrupción
La denuncia de Petro sobre hechos de corrupción dentro de Nueva EPS se vincula con procesos judiciales previos que involucraron a otras EPS intervenidas, como Saludcoop y Coomeva. En cada caso, el patrón observado consistió en la retención de recursos girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para destinarlos a fines distintos de la prestación de servicios. El cálculo presidencial eleva el saqueo total en el sector a 30 billones de pesos, equivalentes a la mitad del déficit primario de la nación. Esa estimación, aunque controvertida, encuentra sustento en las auditorías de la Contraloría General que han detectado irregularidades en la facturación y en los contratos de intermediación durante más de una década.
El impacto inmediato recae sobre la red pública de prestadores. Hospitales de primer y segundo nivel en departamentos como Córdoba, Nariño y La Guajira reportan carteras vencidas superiores a 18 meses, lo que ha obligado a reducir quirófanos y suspender compras de medicamentos de alto costo. La falta de flujo de caja ha derivado en demandas laborales por parte del personal asistencial y en el cierre progresivo de puestos de salud rurales, donde la población depende exclusivamente de la Nueva EPS para acceder a atención básica.
Consecuencias fiscales y redistributivas
Convertir 11 billones de pesos en deuda pública nacional implica un aumento del stock de endeudamiento que, según proyecciones del Ministerio de Hacienda, podría elevar la relación deuda-PIB en 0,8 puntos porcentuales durante los próximos cinco años. Esa carga se distribuirá entre las generaciones futuras mediante el pago de intereses, mientras los beneficios de la reorganización contable se concentrarían en el corto plazo en los prestadores que logren cobrar sus facturas. El diseño de pagos en vigencias futuras propuesto por Petro busca mitigar el choque fiscal inmediato, pero también introduce el riesgo de que una administración posterior modifique los cronogramas y deje nuevamente desfinanciados los compromisos adquiridos.
La medida afecta además la confianza de los inversionistas en los bonos del Tesoro. Agencias calificadoras han señalado que la asunción de pasivos de entidades intervenidas por el Estado genera precedentes que podrían repetirse con otras EPS en situación similar, ampliando la exposición fiscal del sector salud. Al mismo tiempo, el reconocimiento explícito de la deuda estatal con prestadores públicos y privados podría servir como mecanismo de estabilización si se acompaña de auditorías externas que impidan la repetición de los esquemas de intermediación que generaron el desbalance original.
Repercusiones en la reforma del sistema
La crisis de Nueva EPS se produce en un momento en que el Congreso discute cambios estructurales al modelo de aseguramiento. La propuesta presidencial de asumir la deuda como proyecto estratégico del país refuerza la narrativa de que el Estado debe recuperar el control directo sobre los recursos de salud. Sin embargo, la transición hacia un sistema sin intermediarios financieros enfrenta obstáculos operativos documentados en experiencias internacionales como la de Costa Rica, donde la centralización de pagos requirió más de ocho años de ajustes contables y fortalecimiento de la capacidad de auditoría estatal.
Para los usuarios, especialmente aquellos en régimen subsidiado, la incertidumbre sobre la continuidad de los contratos de Nueva EPS se traduce en demoras en autorizaciones de procedimientos y en la migración forzada hacia otras aseguradoras que ya operan con restricciones de red. El efecto acumulado de estas interrupciones se refleja en indicadores de mortalidad evitable que han mostrado incrementos en regiones con alta dependencia de la entidad intervenida.
El reconocimiento de 11 billones como obligación estatal abre además un debate sobre la responsabilidad patrimonial de los miembros de juntas directivas de entidades que manejan recursos públicos. Si se establece un precedente de cobro a exdirectivos por decisiones que generaron pérdidas, podría modificarse el comportamiento de futuros administradores y reducir los incentivos para prácticas de retención de recursos. La evolución de este proceso dependerá de la capacidad de las entidades de control para sustentar las acusaciones con evidencia documental que permita identificar flujos específicos de dinero desviado.
