La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación que descalifica las investigaciones previas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y equipara la “Verdad Histórica” con la “AntiVerdad Histórica”. Según el documento, ambas narrativas terminan criminalizando a los normalistas y desvían la responsabilidad del Estado. La CNDH, bajo Rosario Piedra Ibarra, señala que atribuir infiltrados militares entre los estudiantes, como planteó el GIEI, resulta tan perjudicial como la versión oficial anterior.
Este posicionamiento coincide con la estrategia del actual gobierno de proteger a las fuerzas armadas en un caso que, a doce años de los hechos, sigue sin resolverse. Al invalidar aportes del GIEI, la Covaj y el subsecretario Alejandro Encinas, la CNDH contribuye a diluir responsabilidades institucionales y refuerza la impunidad estructural. La recomendación, publicada solo vía comunicado, evita el escrutinio público y prioriza una lectura que exime al Ejército de acciones de Estado.
El resultado consolida una narrativa oficialista que obstaculiza el acceso a la verdad y la justicia, manteniendo el caso en un limbo político sin avances sustantivos.
