El Gobierno de Argentina autorizó este viernes a la minera Vicuña, controlada conjuntamente por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, a construir una línea de transporte de electricidad destinada a abastecer su proyecto de cobre en la provincia de San Juan, en el oeste del país. La medida constituye uno de los primeros pasos de infraestructura necesarios para un emprendimiento que prevé una inversión inicial de 9.700 millones de dólares y que podría comenzar a producir en 2030.
Una conexión de 93 kilómetros
La autorización fue formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Economía. El permiso habilita a Vicuña a construir, mantener y operar durante 25 años una línea eléctrica de uso particular, con una capacidad de 220 kilovatios y una extensión de 93 kilómetros.
El tendido tendrá como objetivo llevar energía hasta las instalaciones del proyecto minero Vicuña. La empresa deberá asumir íntegramente los costos de construcción, mantenimiento y operación, ya que la autorización establece que la infraestructura será desarrollada “a su exclusivo costo y para su propia necesidad”. El permiso no supone, por tanto, la incorporación de la línea al sistema público de transporte eléctrico ni una obligación de financiamiento directo para el Estado nacional.
Un distrito minero de escala internacional
Vicuña integra los proyectos Josemaría y Filo del Sol, ambos situados principalmente en San Juan. Filo del Sol se extiende además parcialmente hacia la región chilena de Atacama, por lo que el desarrollo posee una dimensión transfronteriza, aunque la infraestructura eléctrica autorizada corresponde al componente argentino.
La compañía sostiene que el conjunto se encuentra entre los diez principales distritos del mundo por sus recursos minerales de cobre. Además de cobre, los yacimientos contienen oro y plata, una combinación que amplía el potencial de ingresos del proyecto y puede mejorar su capacidad para atraer capital en un contexto internacional de creciente demanda de minerales considerados estratégicos para la electrificación y la transición energética.
La escala del emprendimiento explica la relevancia de la línea eléctrica. En proyectos mineros de gran tamaño, el suministro energético estable es una condición previa para las etapas de construcción y operación, especialmente en zonas cordilleranas alejadas de los principales centros urbanos. La infraestructura permitirá reducir una de las restricciones logísticas que suelen afectar a los desarrollos ubicados en áreas de difícil acceso.
El respaldo del régimen para grandes inversiones
En junio, el proyecto fue incorporado al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, conocido como RIGI, creado por Argentina en 2024. El programa ofrece un marco de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para emprendimientos que cumplan determinados requisitos de inversión y exportación. La inclusión de Vicuña busca aportar previsibilidad a una operación de largo plazo, cuya construcción y puesta en marcha requieren desembolsos elevados antes de generar ingresos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este viernes que el proyecto aprobado bajo el RIGI está destinado a la extracción de cobre, oro y plata, y que podría generar exportaciones superiores a 2.600 millones de dólares anuales. También estimó en 31.700 los empleos directos e indirectos vinculados con la iniciativa.
Las cifras corresponden a las proyecciones comunicadas por el Gobierno y la empresa, y su concreción dependerá del calendario de construcción, de la evolución de los precios internacionales de los metales, de la disponibilidad de financiamiento y de la obtención de las autorizaciones sectoriales que todavía sean necesarias. La eventual producción en 2030 representa una meta de desarrollo, no una fecha garantizada de inicio comercial.
Acuerdos económicos con San Juan
Caputo informó que Vicuña realizará antes de finalizar el año un aporte de 250 millones de dólares para que el Gobierno de San Juan lo destine a obras de infraestructura pública. El anuncio agrega un componente regional a la inversión minera, al vincular parte de los recursos del proyecto con obras que pueden beneficiar a la provincia más allá del área inmediata de explotación.
El ministro también indicó que la empresa aportará a San Juan el 1,5 % de su facturación bruta a partir del sexto año de producción, una vez que la mina se encuentre operativa. Ese pago se sumará al 3 % correspondiente a las regalías provinciales.
La empresa y la administración sanjuanina acordaron mantener estable la tasa de regalías del 3 % durante toda la vida útil de la mina, calculada en aproximadamente 70 años. El esquema combina una obligación provincial fija con una contribución adicional vinculada a la facturación. Para la compañía, la estabilidad del porcentaje puede facilitar la planificación financiera; para la provincia, el desafío será garantizar que los ingresos previstos se traduzcan en infraestructura, servicios y capacidades productivas duraderas.
La próxima etapa: construcción y controles
La autorización de la línea eléctrica habilita una obra concreta, pero no completa por sí sola el proceso de desarrollo del complejo minero. Vicuña deberá avanzar en la ingeniería, la contratación y la ejecución del tendido, además de cumplir con las normas ambientales, laborales, de seguridad y de operación aplicables en Argentina y en San Juan.
El tamaño y la duración prevista del proyecto harán especialmente relevantes el seguimiento del uso del agua, la gestión de residuos, la protección de ecosistemas cordilleranos y la relación con las comunidades cercanas. También será necesario coordinar las obras eléctricas y mineras con la red vial y con otros servicios públicos para evitar que el crecimiento de la actividad genere cuellos de botella regionales.
La decisión anunciada este viernes consolida el respaldo institucional a uno de los mayores proyectos mineros de Argentina y refuerza la estrategia oficial de atraer inversiones de gran escala mediante el RIGI. Su impacto final dependerá de que la promesa de producción, exportaciones y empleo avance junto con una ejecución verificable de las obras, controles regulatorios efectivos y una distribución sostenible de los beneficios en San Juan.
