En la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), la entrega de documentos académicos aparece atrapada entre dos tiempos: el administrativo, que puede prolongarse durante meses, y el acelerado mediante pagos extraordinarios que, según testimonios recogidos, alcanzan miles de pesos. La denuncia no describe únicamente una irregularidad aislada en una ventanilla. Expone un sistema informal de incentivos en el que la urgencia de los estudiantes se convierte en una oportunidad de cobro y la lentitud institucional funciona como mecanismo de presión.
Certificados, constancias, cartas de pasante, títulos y documentos relacionados con la liberación del servicio social son requisitos indispensables para continuar una trayectoria educativa o incorporarse al mercado laboral. No son trámites accesorios. Un certificado puede ser necesario para inscribirse en otra institución, acreditar estudios ante un empleador o participar en una convocatoria pública. Cuando su entrega se retrasa sin una explicación verificable, el daño deja de ser meramente burocrático: puede traducirse en la pérdida de un empleo, una beca o una oportunidad de movilidad social.
La burocracia como puerta de entrada
Los testimonios señalan que estudiantes de distintas unidades académicas enfrentan una disyuntiva recurrente: esperar una respuesta indefinida o pagar para obtenerla con rapidez. El monto dependería del tipo de documento y del nivel de urgencia, desde 300 o 500 pesos por una constancia hasta más de 20 mil pesos en ciertos procesos. La denuncia más significativa es la de “Jesús”, quien habría pagado 10 mil pesos por la entrega inmediata de un certificado de licenciatura cuyo costo formal era de 400 pesos, después de esperar casi un año.
La diferencia entre ambos montos permite dimensionar el problema. No se trataría solamente de una “propina” ocasional, sino de un sobreprecio que multiplica varias veces la tarifa oficial. Cuando la cantidad es elevada, el pago deja de ser una salida individual y se convierte en una barrera económica. Quien tiene recursos puede acortar el tiempo; quien no los tiene queda expuesto a una espera que puede afectar su vida profesional. De esa manera, el procedimiento administrativo termina reproduciendo las desigualdades que la educación pública debería contribuir a reducir.
El caso de “Lucero” muestra la otra cara de esta práctica. Desde comienzos de 2026, afirma haber solicitado un certificado de preparatoria y haber entregado la documentación requerida, pero continúa sin recibirlo. Sus visitas reiteradas a las ventanillas de servicios escolares habrían producido explicaciones cambiantes: primero faltaban documentos, después no aparecía el expediente y finalmente se le pedía regresar otro día. El patrón descrito es relevante porque la incertidumbre impide al estudiante identificar qué requisito debe cumplir y, al mismo tiempo, vuelve difícil demostrar que la demora es deliberada.
En cualquier institución compleja pueden existir retrasos por expedientes incompletos, errores de captura, cambios de personal o saturación de las oficinas. La diferencia está en la trazabilidad. Un sistema confiable informa qué documento falta, quién tiene el expediente, cuál es el plazo de respuesta y qué recurso puede presentar el solicitante. Cuando cada visita produce una explicación distinta y no existe un folio que permita seguir el proceso, la opacidad deja de ser una falla accidental y se convierte en una condición que facilita los abusos.
Una práctica que rebasa las ventanillas
Los relatos también apuntan a una posible participación coordinada de secretarias, coordinadores e incluso directores en distintas unidades académicas. Esa acusación requiere investigaciones formales y pruebas documentales antes de establecer responsabilidades, pero su alcance institucional no puede ignorarse. Si los cobros se repiten en facultades grandes como Derecho, Medicina y Contaduría, como afirman los denunciantes, el problema tendría una dimensión organizacional y no únicamente individual.
La referencia de un trabajador universitario que habría pagado a una secretaria para obtener con rapidez una constancia de su hijo añade un elemento importante: la práctica, de existir, no necesariamente afectaría solo a estudiantes externos o recién egresados. También podría estar normalizada entre integrantes de la propia comunidad universitaria. La frase “ni porque somos del mismo sindicato” revela una percepción de indefensión: ni la pertenencia laboral ni el conocimiento interno del funcionamiento institucional garantizarían un trato preferente sin pago.
La normalización es uno de los mayores riesgos. Cuando una comunidad asume que pagar es la única forma de evitar meses de espera, el acto deja de percibirse como una anomalía y comienza a operar como una tarifa paralela. Los estudiantes calculan el costo de denunciar, los trabajadores evitan confrontaciones y los responsables pueden presentar cada caso como un acuerdo privado difícil de rastrear. El resultado es un circuito de silencio que protege la práctica incluso cuando muchas personas conocen su existencia.
El miedo a represalias explica parte de la reserva de los denunciantes, quienes prefieren utilizar nombres modificados. En una relación desigual, la oficina que emite el documento también puede controlar expedientes, firmas, fechas y validaciones posteriores. Esa concentración de poder hace que la denuncia parezca riesgosa para quien todavía depende de la institución. Para que una investigación sea efectiva, la UABJO tendría que ofrecer canales confidenciales, protección contra represalias y mecanismos que permitan continuar el trámite mientras se revisa la queja.
El costo social de esperar
Las consecuencias recaen con mayor intensidad sobre estudiantes de bajos ingresos. Oaxaca mantiene profundas brechas territoriales y económicas, y la UABJO recibe jóvenes que llegan desde comunidades alejadas para estudiar en la capital. En muchos casos, sus familias deben cubrir transporte, alojamiento, alimentación, materiales y cuotas escolares. Un pago extraordinario de varios miles de pesos puede equivaler a semanas o meses de ingresos familiares, mientras que trasladarse repetidamente a Ciudad Universitaria también implica gastos acumulados.
La demora produce un efecto regresivo. Quien cuenta con dinero puede resolver una urgencia documental pagando; quien carece de él debe regresar varias veces, faltar al trabajo, gastar en transporte y asumir el riesgo de perder una oportunidad. El cobro informal, por tanto, no solo encarece el trámite: transforma el tiempo en un privilegio. Dos estudiantes con los mismos requisitos y el mismo derecho formal pueden recibir respuestas distintas según su capacidad de pago.
El impacto laboral puede ser inmediato. Un egresado que no obtiene a tiempo su certificado o título puede quedar fuera de una contratación que exige acreditar estudios, de una convocatoria pública con fecha límite o de un proceso de colegiación profesional. En carreras como Medicina o Derecho, donde la documentación puede vincularse con licencias, servicio social o requisitos para ejercer, la demora puede retrasar durante meses la incorporación al trabajo. La institución no tendría que demostrar una intención directa de perjudicar para generar un daño previsible: basta con que no garantice plazos y controles adecuados.
La presión financiera sobre las familias
Las denuncias sobre documentos se producen además en un contexto de presión económica más amplio. En redes sociales se exhibieron recibos de la Facultad de Odontología con montos superiores a 20 mil pesos para cubrir el semestre, de acuerdo con la información publicada. Esos pagos deben distinguirse de los cobros presuntamente irregulares por agilizar trámites: una cuota académica puede estar autorizada y documentada, mientras que una cantidad entregada a un funcionario para acelerar un certificado tendría otra naturaleza. Confundir ambos fenómenos impediría identificar responsabilidades, pero ignorar su relación económica también sería un error.
Cuando las familias ya enfrentan cuotas, transporte y manutención, cualquier pago informal agrava la exclusión. La presión puede empujar a los estudiantes a abandonar temporalmente sus estudios, aceptar empleos precarios o endeudarse. En una universidad pública, la percepción de que el acceso y la conclusión de una carrera dependen de pagos adicionales erosiona la legitimidad del servicio educativo. El problema no se limita a la imagen institucional: afecta la capacidad de la universidad para cumplir su función de movilidad social en una entidad con comunidades históricamente marginadas.
Qué debería revelar una investigación
La respuesta institucional no debería reducirse a negar las acusaciones o sancionar a una persona si aparece un responsable directo. La primera tarea es comparar las tarifas oficiales con los pagos exigidos, revisar los tiempos reales de cada trámite y reconstruir la ruta de los expedientes señalados. También sería necesario identificar si existen diferencias injustificadas entre facultades, quién autoriza las firmas, cómo se registran los ingresos y qué controles impiden que una oficina condicione la entrega de documentos a una cantidad no prevista.
Los casos de “Jesús” y “Lucero” ofrecen dos puntos de partida verificables. En el primero, pueden revisarse la tarifa oficial, la fecha de solicitud, los comprobantes de pago y la intervención de quienes participaron en la entrega. En el segundo, deben reconstruirse las visitas, los documentos entregados y las respuestas recibidas, además de emitir una resolución sobre el certificado pendiente. Una auditoría creíble tendría que publicar resultados agregados, sin exponer datos personales, y establecer plazos obligatorios para los trámites.
La digitalización puede ayudar, pero no resolverá por sí sola el problema. Un portal con folios, fechas límite, notificaciones y comprobantes electrónicos reduce el margen para ocultar expedientes, aunque solo funciona si la información se actualiza y existen sanciones por incumplimiento. También se requieren ventanillas únicas, tarifas visibles, recibos obligatorios, rotación de funciones sensibles y una instancia independiente para recibir quejas. La transparencia debe llegar al punto donde el estudiante toma la decisión de pagar o esperar.
La UABJO enfrenta así una prueba que va más allá de varios documentos retrasados. Si las acusaciones se confirman y la institución no corrige las condiciones que las permiten, crecerá la idea de que la universidad opera con reglas informales distintas para quienes pueden pagar. Si, por el contrario, abre una investigación con garantías, publica sus hallazgos y transforma los trámites en procesos trazables, podrá recuperar parte de la confianza perdida. La solución no consiste únicamente en entregar certificados pendientes, sino en asegurar que ningún estudiante tenga que comprar el derecho a recibirlos.
