La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una nueva investigación sobre el incendio ocurrido en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que fallecieron 49 niños en junio de 2009. La mandataria precisó que la decisión surge tras una indicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró que el caso no debe darse por concluido a pesar de los plazos de prescripción alegados previamente.
Sheinbaum detalló que la fiscal Ernestina Godoy comunicó formalmente el reinicio de las pesquisas durante una reunión de trabajo. La funcionaria señaló que, aunque existía un argumento de prescripción temporal, la Corte determinó que deben agotarse todas las líneas de investigación posibles. Como parte de este proceso, el director del IMSS, Zoé Robledo, deberá entregar toda la documentación que la institución posee sobre el esquema de guarderías subrogadas vigente en esa época.
Antecedentes del caso y esquema de subrogación
El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en una instalación operada bajo el modelo de subrogación del IMSS. Este esquema permitía que empresas privadas administraran guarderías con recursos públicos. La investigación inicial reveló que varios de los propietarios tenían vínculos con funcionarios estatales y federales, lo que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y falta de supervisión adecuada en materia de seguridad.
Durante más de una década, familiares de las víctimas impulsaron recursos legales para que el caso no quedara cerrado. La Suprema Corte ha emitido resoluciones que enfatizan la obligación del Estado de esclarecer las responsabilidades, independientemente de los tiempos transcurridos. La nueva etapa de investigación busca determinar si existieron omisiones en la supervisión de las condiciones de seguridad del inmueble y en la asignación de contratos.
Declaraciones de la presidenta y contexto institucional
Sheinbaum subrayó que la FGR debe llevar el caso “hasta las últimas consecuencias”. Al mismo tiempo, recordó que el modelo de guarderías subrogadas formaba parte de una visión más amplia durante el periodo neoliberal, en la que se consideraba que la participación privada era la única vía eficiente para prestar servicios públicos. La mandataria aclaró que esta postura no implica rechazar toda inversión privada, sino reconocer que existen áreas, como el cuidado infantil, donde el interés público debe prevalecer para evitar riesgos de corrupción y negligencia.
El anuncio se produce en un momento en que el gobierno federal ha insistido en revisar contratos y esquemas heredados de administraciones anteriores. La entrega de información por parte del IMSS se presenta como un paso necesario para reconstruir la cadena de decisiones que permitió la operación de la guardería en condiciones que resultaron fatales.
Perspectivas sobre el avance de las pesquisas
La reapertura de la investigación plantea desafíos tanto jurídicos como operativos. Por un lado, los plazos de prescripción han sido objeto de debate en tribunales; por otro, la recopilación de evidencia después de más de quince años requiere revisar archivos, testimonios y documentos que podrían haber perdido vigencia o accesibilidad. La participación activa de la FGR, combinada con la orden de la Corte, indica que las autoridades buscan agotar las vías legales disponibles sin anticipar resultados concretos en plazos breves.
Familiares de las víctimas han expresado en diversas ocasiones su expectativa de que se identifiquen responsabilidades más allá de los niveles operativos. La nueva etapa podría arrojar luz sobre los mecanismos de fiscalización que existían en 2009 y sobre si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad exigidos a las guarderías subrogadas. Mientras tanto, el gobierno federal mantiene que el esclarecimiento del caso forma parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer la rendición de cuentas en la prestación de servicios públicos esenciales.
