La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó un anteproyecto de presupuesto por 6 mil 104.5 millones de pesos para 2027, con el objetivo de sostener la operación del máximo tribunal en un contexto de ajustes acumulados, presión financiera y exigencias crecientes sobre el sistema judicial federal. La propuesta ya fue remitida al Órgano de Administración Judicial y fue aprobada por el Pleno de la Corte el 6 de agosto, antes de su eventual discusión en la Cámara de Diputados dentro del proceso presupuestario federal.
El planteamiento prevé un incremento real de 12.7 por ciento respecto del ejercicio anterior, una variación que la Corte vincula con el impacto inflacionario y con la necesidad de evitar que la reducción de capacidades operativas afecte la impartición de justicia. Según el propio anteproyecto, ocho de cada diez pesos del aumento se destinarán a cubrir sueldos y prestaciones del personal, lo que revela que la mayor presión del gasto sigue concentrándose en la nómina, no en expansiones discrecionales del aparato administrativo.
La Corte insiste en que esas remuneraciones se mantienen dentro de los límites constitucionales y sin rebasar el salario de la Presidencia de la República, además de ajustarse a la Ley Federal de Austeridad Republicana. Ese punto es clave porque coloca al debate en un terreno jurídico e institucional, no solo financiero: la SCJN busca defender que austeridad no equivale a debilitamiento operativo, sino a una administración contenida de los recursos públicos con márgenes suficientes para sostener funciones esenciales.
El nuevo anteproyecto también refleja el costo de los recortes previos. Durante 2025 y 2026, el presupuesto del tribunal registró reducciones de 714.4 millones y 661 millones de pesos, respectivamente, una secuencia que obligó a aplicar medidas de ajuste desde este año. Entre ellas destacan la cancelación de gastos de telefonía y gasolina para ministras, ministros y mandos superiores, la eliminación del incremento salarial para todo el personal, la reducción de 83 plazas administrativas y la suspensión de becas. Esas decisiones muestran que la institución ya agotó parte de su margen interno antes de pedir recursos adicionales.
El componente más relevante del gasto proyectado para 2027 no está en la expansión de nuevas áreas, sino en la conservación de la infraestructura y en la continuidad operativa. La Corte prevé reforzar el mantenimiento preventivo de sus instalaciones para contener costos futuros y dar seguimiento a proyectos de innovación tecnológica, entre ellos la renovación del equipo de Plural TV, cuya tecnología tiene más de dos décadas de antigüedad. En términos de gestión pública, esa partida sugiere una apuesta por evitar que el deterioro acumulado termine generando desembolsos mayores más adelante.
Otro punto sensible del anteproyecto es la previsión de un Seguro de Gastos Médicos Mayores para todo el personal, con excepción de ministras y ministros, una medida que quedará sujeta al aval de la Cámara de Diputados. El detalle no es menor: en un entorno de austeridad, la Corte intenta equilibrar contención del gasto con protección laboral, mientras el debate político seguirá girando sobre hasta dónde pueden justificarse prestaciones complementarias en órganos constitucionales autónomos o de alta relevancia institucional.
Con esta propuesta, el Poder Judicial de la Federación busca fijar una postura de continuidad institucional después de dos años de recortes severos. El desafío será doble. Por un lado, deberá defender que el presupuesto solicitado no contradice la política de austeridad, sino que la vuelve compatible con la operación judicial. Por otro, tendrá que convencer al Congreso de que los recursos pedidos responden a necesidades verificables y no a una expansión administrativa. En un país donde la demanda de justicia suele rebasar la capacidad de respuesta del sistema, el debate no solo será contable: también medirá qué nivel de fortaleza presupuestaria se considera indispensable para que la Corte cumpla su función constitucional.
