San Victorino llega a la temporada de fin de año con una combinación especialmente delicada: los comerciantes reportan una disminución de entre 40% y 50% en las ventas mayoristas, mientras 23.800 empleos directos e indirectos estarían vinculados a una cadena económica que reúne a unos 25.000 empresarios. La alerta fue presentada por la concejal de Bogotá Cristina Calderón Restrepo, del Nuevo Liberalismo, en septiembre de 2026, justo antes del periodo en el que el sector concentra buena parte de sus ingresos.
La dimensión del problema no se limita a los locales ubicados en el centro de la capital. San Victorino funciona como un nodo de distribución para comerciantes de distintas regiones, talleres de confección, empresas satélite, pequeños productores y proveedores de insumos. Por eso, una reducción de pedidos puede transmitirse rápidamente desde los establecimientos mayoristas hacia unidades productivas que no tienen una relación visible con el sector, pero dependen de sus encargos para sostener nóminas, comprar materiales y mantener activos sus talleres.
La cifra que define la urgencia: cuatro meses para recuperar el año
El calendario comercial explica por qué la denuncia adquiere un tono de emergencia. Amor y Amistad, las compras mayoristas de octubre, Black Friday, Cyberlunes y diciembre concentran una parte sustancial de la demanda anual de ropa, accesorios y mercancías. Para numerosos negocios, esas fechas no solo representan crecimiento, sino la oportunidad de compensar meses débiles, cubrir obligaciones acumuladas y renovar inventarios.
El sector reúne 54 centros comerciales, 17 manzanas y cerca de 90.000 visitantes diarios, según la información divulgada por el despacho de la concejal. Sin embargo, el flujo de personas no equivale automáticamente a ventas. La diferencia entre tránsito y conversión comercial es uno de los indicios de que el modelo tradicional está perdiendo capacidad para transformar su escala física en ingresos. Un comprador puede visitar la zona, comparar precios y terminar adquiriendo el producto en una plataforma digital, en un canal informal o directamente en una aplicación internacional.
La primera conclusión es que la crisis no debe medirse únicamente por el número de locales cerrados. El indicador más sensible puede estar en la frecuencia y el volumen de los pedidos. Cuando un comerciante reduce inventario, un taller recibe menos encargos; cuando el taller produce menos, disminuyen las horas de trabajo; y cuando las empresas satélite pierden regularidad, los proveedores pequeños dejan de contar con una demanda previsible. El deterioro puede avanzar durante meses antes de reflejarse plenamente en las estadísticas de empleo.
El cambio no es solo competencia extranjera
Calderón atribuyó parte de la caída a plataformas asiáticas como Shein y Temu, que ofrecen mercancías adquiridas directamente desde Asia y han ganado espacio en el comercio electrónico. La información presentada por su despacho señala que las transacciones en línea crecieron 19,9% y superaron los 684 millones de operaciones. Esa expansión modifica la relación entre productor, distribuidor y consumidor: reduce intermediarios, amplía la comparación de precios y permite que un comprador acceda a catálogos internacionales sin desplazarse hasta un centro mayorista.
Pero explicar la contracción únicamente por la presencia de plataformas extranjeras sería insuficiente. El cambio también revela limitaciones internas del comercio tradicional. Buena parte de los negocios de San Victorino compite con estructuras digitales que tienen mayor variedad visible, sistemas de recomendación, promociones permanentes y capacidad para recoger datos sobre el comportamiento del cliente. En contraste, muchos establecimientos físicos todavía dependen de relaciones comerciales presenciales, inventarios poco integrados y ventas que no siempre cuentan con canales de atención, pago y despacho adaptados a la demanda actual.
La diferencia competitiva no consiste solo en vender más barato. También está relacionada con la velocidad para lanzar referencias, probar productos, ajustar cantidades y llegar a compradores de otras ciudades. Si el comerciante mayorista no puede mostrar su inventario en línea, despachar con rapidez o garantizar condiciones claras de cambio, enfrenta una desventaja incluso cuando ofrece mercancía de calidad similar. La transición digital, por tanto, no es un complemento de mercadeo: se está convirtiendo en una condición de supervivencia.
Formalidad, informalidad y una competencia con reglas desiguales
Los comerciantes formales sostienen que deben asumir arriendos, nómina legal, IVA, aranceles y otros costos que, de acuerdo con la denuncia, pueden representar cerca de 35% de sus cargas operativas. La afirmación requiere una revisión detallada por parte de las autoridades económicas, porque no todos los negocios tienen la misma estructura tributaria ni enfrentan idénticos costos. Aun así, el planteamiento apunta a una tensión real: una empresa que cumple obligaciones laborales y fiscales no puede competir indefinidamente con mercancías o actividades que operan por fuera de esas exigencias.
El problema aparece cuando la discusión mezcla fenómenos distintos. La importación directa mediante plataformas internacionales, el contrabando, la venta ambulante y la evasión tributaria no son equivalentes, aunque puedan afectar simultáneamente al comercio establecido. Cada uno exige respuestas diferentes. Una política que trate todos los casos como una sola amenaza corre el riesgo de castigar al comerciante formal sin corregir las condiciones que originan la competencia irregular.
La denuncia también menciona la ocupación de zonas peatonales y cobros irregulares por pequeños segmentos de andén. Comerciantes señalaron exigencias de hasta 2 millones de pesos mensuales en algunos puntos, mientras en otros sectores de Bogotá se han mencionado cobros entre 40.000 y 5 millones de pesos. Estas cifras deben ser investigadas y probadas por las autoridades, pero si se confirman revelarían una forma de privatización informal del espacio público que afecta tanto a los negocios legalmente establecidos como a los vendedores que dependen de esos lugares.
La recuperación del espacio público tampoco puede reducirse a operativos de incautación. Durante 2026 se realizaron 29 acciones en el área señalada, con decomiso de 14 toneladas de estructuras y mercancía y recuperación de 2.500 metros cuadrados. Esas cifras muestran capacidad de intervención, pero no demuestran por sí solas una solución sostenible. Si después del operativo persisten la demanda, la falta de alternativas de ingreso y la ausencia de control permanente, los vendedores regresarán o serán reemplazados por otros.
El costo laboral aparece antes que el cierre definitivo
Los testimonios de los comerciantes permiten observar una segunda capa de la crisis. Iván Lozano afirmó que pasó de operar tres locales de ropa a mantener uno, después de varios años de ventas insuficientes. Angélica Daza, dedicada al sector químico, relató que su empresa redujo la plantilla de 15 a 11 trabajadores. Son ajustes aparentemente pequeños, pero multiplicados por miles de unidades económicas pueden representar una contracción relevante de empleo, ingresos familiares y consumo en la ciudad.
La reducción de personal suele ser la primera respuesta porque permite disminuir costos sin abandonar inmediatamente el negocio. Después pueden llegar la reducción de horarios, la sustitución de trabajadores formales por familiares no remunerados, el cierre de puntos de venta y el traslado de operaciones hacia bodegas más pequeñas o canales informales. El riesgo para los 23.800 empleos señalados no implica necesariamente una pérdida simultánea de todos esos puestos, pero sí una presión creciente sobre su estabilidad y calidad.
El efecto se extiende especialmente a los talleres familiares. Estas unidades suelen tener menor acceso al crédito, escasa capacidad de almacenamiento y pocos clientes alternativos. Si los pedidos de San Victorino caen, no siempre pueden buscar rápidamente compradores en otras regiones o competir por contratos con grandes cadenas. La vulnerabilidad es mayor en confección, donde una orden cancelada puede dejar telas, mano de obra y capacidad instalada sin uso.
La disputa central: proteger el empleo sin congelar el mercado
La concejal plantea la necesidad de reglas de juego equilibradas para defender el empleo nacional. El reclamo tiene respaldo en la preocupación por la tributación, el control aduanero y la regulación de plataformas. Sin embargo, cualquier respuesta pública debe evitar convertirse en una defensa automática de modelos comerciales que no se han adaptado. Proteger a los negocios locales no significa garantizarles una cuota permanente de mercado, sino asegurar que todos los competidores cumplan obligaciones comparables y que la transición tecnológica no expulse a quienes carecen de recursos para transformarse.
Las plataformas internacionales, por su parte, ofrecen precios y variedad que el consumidor valora, sobre todo en un contexto de menor capacidad adquisitiva. Una restricción indiscriminada podría elevar costos para los hogares y trasladar la demanda hacia otros canales digitales. La discusión debería concentrarse en trazabilidad, protección al consumidor, impuestos aplicables, condiciones laborales y control de mercancías, en lugar de presentar la compra digital como una conducta ilegítima en sí misma.
También existe una responsabilidad empresarial. Aso San Victorino sostiene que las plataformas asiáticas y la competencia desleal están afectando gravemente al sector, mientras comerciantes como Juan Carlos Mariño esperan que la temporada de diciembre permita equilibrar las cuentas. Esa expectativa puede ser razonable como estrategia de corto plazo, pero resulta peligrosa si se convierte en el único plan. El consumo de fin de año puede aliviar el flujo de caja sin revertir los cambios estructurales en los hábitos de compra.
Qué puede ocurrir después de diciembre
El escenario más favorable sería una recuperación parcial durante las temporadas de octubre, Black Friday y diciembre. En ese caso, los comercios ganarían tiempo para reorganizar inventarios y sostener empleos. No obstante, una mejora estacional no demostraría que la crisis haya terminado. Si el volumen anual de pedidos continúa descendiendo, el repunte podría limitarse a una compensación temporal de pérdidas acumuladas.
Un segundo escenario contempla una recuperación desigual. Los negocios con marcas reconocibles, especialización, capacidad de importar legalmente o presencia digital podrían captar la demanda, mientras los locales pequeños y los talleres dependientes de pocos compradores continuarían reduciéndose. El resultado sería una mayor concentración comercial dentro de San Victorino y una red productiva más estrecha, con menos proveedores y menor diversidad de oferta.
El tercer escenario es de deterioro acelerado: ventas débiles, endeudamiento, reducción de nóminas y expansión de la informalidad. En esa situación, los operativos pueden aumentar sin resolver el origen del problema. La presión sobre el espacio público podría intensificarse, al igual que los cobros irregulares y los conflictos entre comerciantes establecidos, vendedores informales y autoridades.
La prioridad debería ser construir una respuesta con información verificable. Bogotá necesita medir por separado ventas mayoristas, empleo, pedidos a talleres, importaciones de bajo valor, comercio electrónico y ocupación del espacio público. También se requieren programas concretos de digitalización para pequeños negocios, compras agrupadas, logística compartida, capacitación en comercio electrónico y mecanismos de financiación que no dependan exclusivamente de la temporada navideña.
San Victorino sigue siendo un activo económico de la capital por su escala, ubicación y capacidad de distribución. Pero precisamente por su importancia, la caída reportada no puede tratarse como una disputa coyuntural entre vendedores locales y plataformas extranjeras. Lo que está en juego es la permanencia de una cadena productiva que conecta comercio, confección y empleo popular. Diciembre podrá ofrecer un respiro, pero la solución dependerá de que el sector y las autoridades conviertan ese respiro en una estrategia de adaptación, competencia transparente y protección efectiva del trabajo formal.
