La reducción de más de 5 mil a alrededor de 600 estudiantes aún no ubicados en preparatorias de Baja California sugiere una respuesta administrativa más ágil de lo que parecía al inicio del proceso. En términos inmediatos, el dato es relevante porque evita que el problema de asignación se convierta en una exclusión masiva del nivel medio superior, justo en una etapa en la que el abandono escolar suele dispararse cuando la inscripción se atasca. Que la autoridad educativa afirme contar con espacios suficientes también apunta a una ventaja política y operativa: el sistema, al menos por ahora, todavía tiene margen para absorber la demanda sin empujar a las familias hacia opciones privadas.
Sin embargo, la fotografía no debe leerse solo como una corrección exitosa. La cifra de 600 pendientes sigue siendo alta si se considera que cada caso representa una familia con tiempos, costos de traslado y expectativas educativas distintas. Además, una parte de los jóvenes ubicados no está conforme con la opción asignada, lo que abre un segundo problema: no basta con colocar al estudiante en una escuela, también importa que la asignación sea percibida como razonable. Cuando el mecanismo de ingreso genera inconformidad, el riesgo no es únicamente administrativo; puede transformarse en desgaste social, retrasos en la matrícula y presión adicional sobre las oficinas escolares.
La decisión de abrir turnos vespertinos en secundarias de Tijuana y Playas de Rosarito introduce una solución pragmática para ampliar capacidad sin esperar infraestructura nueva. En el corto plazo, esa medida puede aliviar la saturación y convertir planteles subutilizados por la tarde en una válvula de escape para la demanda de preparatoria. También puede ser útil para reorganizar la oferta educativa en zonas urbanas donde el crecimiento poblacional ha rebasado la planeación tradicional. Si funciona, el modelo podría mostrar que existen márgenes internos de reacomodo antes de recurrir a inversiones mayores o a medidas más costosas.
La contraparte es evidente: los turnos vespertinos suelen exigir ajustes finos de seguridad, transporte, limpieza, personal docente y supervisión. No todos los planteles están preparados para operar dos jornadas con la misma calidad, y una expansión apresurada podría trasladar el problema de acceso hacia un problema de calidad. A ello se suma que estudiantes y docentes tendrán rutinas más extensas, con efectos posibles en asistencia, cansancio y aprovechamiento. Si el esquema se implementa sin una logística clara, la solución temporal puede volverse una fuente de tensiones nuevas dentro de las comunidades escolares.
El uso de un algoritmo dentro de la estrategia “Mi Derecho, Mi Lugar” añade otra capa de debate. En teoría, este mecanismo reduce discrecionalidad y limita sesgos en la asignación, algo valioso en un sistema con alta demanda. Pero la automatización también vuelve más visible cualquier desajuste en los criterios de prioridad, capacidad o cercanía. Cuando una familia no entiende por qué su hijo fue enviado a cierta escuela, la percepción de arbitrariedad crece incluso si el proceso fue técnicamente correcto. En educación pública, la legitimidad del procedimiento es casi tan importante como el resultado, porque condiciona la confianza en futuras convocatorias.
Por eso, la revisión anunciada por la Secretaría de Educación puede ser tan importante como la reasignación misma. Si el gobierno estatal logra identificar dónde falló la comunicación, la planeación o la distribución territorial de espacios, podría corregir un cuello de botella que se repite cada ciclo escolar. También tendría la oportunidad de medir si la nueva estrategia realmente mejora el acceso o solo desplaza las inconformidades a otra etapa del proceso. El reto no es menor: una política de ingreso no se evalúa solo por cuántos estudiantes coloca, sino por cuántos evita dejar fuera y por cuántos convence de que el resultado fue justo.
A mediano plazo, el caso de Baja California puede convertirse en un indicador de si el sistema educativo estatal está migrando hacia una gestión más flexible o simplemente está reaccionando con parches a una demanda creciente. Si la apertura de turnos vespertinos, la reasignación digital y la revisión de criterios terminan consolidándose con reglas claras, el estado podría ganar capacidad de respuesta para próximos ciclos. Si no, persistirá la tensión entre cobertura, calidad y percepción de equidad, una combinación que suele erosionar tanto la confianza ciudadana como la permanencia escolar de los jóvenes que más necesitan una transición ordenada hacia la preparatoria.
