Guadalajara, Jal. La Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS) enfrenta un escenario de erosión financiera que va más allá de la desaceleración del tráfico vehicular. Resoluciones emitidas por tribunales estatales en entidades como Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato ordenan la liberación inmediata de vehículos retenidos sin que los dueños cubran los costos de arrastre y resguardo. Esta práctica, que se ha intensificado en los últimos meses, transfiere el costo del servicio directamente a las empresas concesionadas.
Cuatro entidades concentran el problema
El presidente de AGRUAS, Enrique Dueñas, identificó que el fenómeno no es aislado. En estas cuatro entidades los juzgados han emitido medidas cautelares que eximen al propietario del pago, sin establecer un mecanismo alternativo de compensación para el prestador del servicio. El sector calcula que cada liberación sin cobro representa entre 4,500 y 12,000 pesos por unidad, dependiendo del tipo de grúa y tiempo de depósito. Aunque el impacto aún se cuantifica, la frecuencia de estas resoluciones ha aumentado de manera sostenida desde principios de 2026.
La reforma que busca equilibrar responsabilidades
AGRUAS impulsa una modificación legislativa que obligue a la autoridad solicitante del servicio a cubrir el costo cuando una resolución judicial o administrativa exima al propietario. Esta propuesta busca evitar que el prestador privado absorba pérdidas derivadas de decisiones de terceros. Hasta ahora, las empresas de grúas carecen de instrumentos contractuales que les permitan reclamar a las instancias gubernamentales el pago por servicios ordenados de manera unilateral.
Consecuencias sobre el empleo y la operación
El sector genera 10,500 empleos directos y representa una actividad económica superior a 10,000 millones de pesos anuales. La combinación de menor demanda por reducción del tráfico y la imposibilidad de recuperar pagos por servicios ya prestados amenaza la liquidez de más de 1,600 empresas. Operadores medianos y pequeños, que dependen de flujos constantes de ingresos, enfrentan mayor riesgo de cierre o reducción de turnos, lo que podría derivar en concentración del mercado en manos de unos cuantos jugadores con mayor capacidad financiera.
Perspectivas contrapuestas entre autoridades y concesionarios
Desde el punto de vista judicial, las resoluciones buscan proteger derechos de los propietarios cuando se detectan irregularidades en la retención vehicular. Sin embargo, los empresarios argumentan que esta protección no puede construirse sobre la base de transferir costos a terceros ajenos al litigio. Las autoridades estatales, por su parte, sostienen que el servicio de grúas forma parte de sus facultades de control y que cualquier mecanismo de pago alternativo requeriría modificaciones presupuestarias complejas.
El riesgo de desinversión en equipamiento
Una de las consecuencias menos visibles es la posible postergación de inversiones en renovación de flota y capacitación técnica. Las empresas que no logran recuperar ingresos por servicios judicialmente liberados reducen márgenes destinados a mantenimiento preventivo y adquisición de unidades más seguras. Este efecto puede traducirse, en el mediano plazo, en una oferta de servicio menos profesional y mayor incidencia de incidentes durante maniobras de arrastre.
Tendencias regulatorias y posibles escenarios
La expectativa del sector es que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aplique con mayor rigor la normativa vigente a los concesionarios, elevando estándares de operación y respetando tarifas autorizadas. Al mismo tiempo, la falta de un marco nacional que regule la relación entre resoluciones judiciales y cobro de servicios de grúas podría generar un efecto dominó en otras entidades. Si no se establece un mecanismo de reembolso claro, el número de empresas dispuestas a atender llamados de autoridades estatales podría reducirse, complicando operativos de retiro de vehículos en vía pública.
El futuro inmediato del sector dependerá de la capacidad de AGRUAS para articular una propuesta legislativa viable y de la disposición de los poderes judiciales estatales para incorporar cláusulas de responsabilidad patrimonial cuando ordenen liberaciones sin pago. Mientras tanto, cada resolución que exime al propietario del costo del servicio consolida un precedente que erosiona la viabilidad económica de un servicio considerado esencial para la movilidad y el orden vial.
