La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua logró recuperar 10 millones 751 mil 487 pesos por concepto de reparación del daño durante los primeros cinco meses de 2026. Esta cifra representa un avance concreto en la restitución a víctimas de delitos que afectan directamente su integridad física y patrimonial.
Además de la recuperación económica, la unidad resolvió mil 850 carpetas de investigación en el mismo periodo, vinculó a proceso a 41 imputados y obtuvo seis sentencias condenatorias. Estos resultados fueron presentados por la coordinadora Adriana Eloísa Madrid Cedillo en conferencia de prensa el 7 de julio.
Reducción de la carga de trabajo
Uno de los indicadores más relevantes es la disminución del rezago procesal. La unidad inició el año con 4 mil 029 carpetas de investigación y al cierre de mayo la cifra bajó a 3 mil 693 expedientes, lo que equivale a una reducción del 8.3 por ciento tras desahogar 336 casos. Este dato cobra relevancia porque la coordinadora destacó que se concluyeron más asuntos de los que ingresaron, permitiendo avanzar en la descongestión del sistema.
En paralelo, se canalizaron 793 carpetas al Instituto de Justicia Alternativa, donde se promueven salidas no judiciales. Esta estrategia busca evitar la saturación de tribunales y ofrecer respuestas más ágiles a las víctimas cuando las circunstancias lo permiten.
Acuerdos de reparación y audiencias
La unidad acompañó 52 acuerdos preparatorios ante el Tribunal y 26 ante agentes del Ministerio Público. Estos mecanismos tienen como objetivo principal restituir el daño ocasionado sin necesidad de llegar a juicio, siempre que las partes lleguen a un entendimiento. La cifra de audiencias solicitadas para formulación de imputación alcanzó las 190, mientras que se pidieron 39 órdenes de aprehensión, todas ellas concedidas y cinco ya cumplimentadas.
El énfasis en la reparación del daño refleja un enfoque que prioriza la recuperación patrimonial de las víctimas por encima de sanciones exclusivamente punitivas. Esta orientación responde a la necesidad de que el sistema de justicia ofrezca resultados tangibles más allá de la mera tramitación de expedientes.
Contexto y retos pendientes
Los delitos investigados por esta unidad suelen involucrar agresiones que generan consecuencias económicas directas para las víctimas, como gastos médicos, pérdida de ingresos o daños materiales. La recuperación de más de 10 millones de pesos en cinco meses indica que existe capacidad institucional para hacer efectivas las obligaciones de reparación cuando se cuenta con los elementos probatorios suficientes.
Sin embargo, el volumen de carpetas que aún permanecen activas evidencia que persisten desafíos estructurales. La reducción del 8.3 por ciento en el rezago es un paso positivo, pero mantener este ritmo requerirá sostener tanto los mecanismos alternativos como la eficiencia en la judicialización de casos que así lo ameriten.
Los datos presentados corresponden exclusivamente al periodo enero-mayo de 2026 y reflejan el desempeño de una unidad especializada dentro de la Fiscalía General del Estado. Su publicación permite dimensionar el alcance de las acciones emprendidas en materia de procuración de justicia durante el primer semestre del año.
