La publicación del nuevo borrador del decreto que modifica las reglas del Registro Nacional de Turismo ha abierto un frente de tensiones entre el Gobierno saliente y varios gremios del sector turístico colombiano. El documento, difundido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a pocos días del cambio de administración, introduce nuevas obligaciones para quienes ofrecen alojamientos a través de plataformas digitales y equipara algunos requisitos con los de la hotelería tradicional.
Contenido central del borrador
El proyecto busca actualizar el funcionamiento del RNT y establecer un sistema de interoperabilidad entre plataformas y cámaras de comercio. Entre los cambios propuestos figuran mayores requisitos documentales para las viviendas turísticas y la transferencia de ciertas funciones de control a actores privados. Las organizaciones que representan a este segmento consideran que estas medidas no reconocen las diferencias operativas entre los modelos de alojamiento y que podrían retrasar los trámites ya existentes.
Según datos del propio sector, el RNT registró un crecimiento superior al 109 % hasta 2025, lo que refleja el avance en formalización impulsado por las plataformas digitales. Las entidades temen que el nuevo esquema complique ese proceso sin contar con una estructura clara de financiamiento ni plazos definidos para su implementación.
Impacto económico documentado
Durante 2024, las plataformas de alojamiento generaron un impacto superior a 10,6 billones de pesos y sustentaron más de 215.000 empleos. El gasto de los viajeros benefició además a restaurantes con cerca de 2,8 billones, a actividades de entretenimiento con 2,1 billones y al comercio con alrededor de 2 billones de pesos. Estos encadenamientos productivos explican por qué gremios como Asohost y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico solicitan que cualquier regulación respete las particularidades del modelo digital.
Reacciones de los distintos actores
La Asociación Hotelera y Turística de Colombia respaldó la iniciativa y recordó que durante años había pedido medidas contra la informalidad. Su presidente ejecutivo señaló que algunos prestadores registran un RNT inexistente y que el decreto busca resolver ese tipo de irregularidades. En contraste, Asohost, la CCCE, AmCham Colombia, ALAI y la CCIT coincidieron en que el texto excede la potestad reglamentaria al asignar funciones de inspección a privados.
Las organizaciones que cuestionan el borrador también recordaron que, pese a meses de mesas técnicas, ninguna de las observaciones presentadas fue incorporada al texto final publicado para comentarios. Esta circunstancia, sumada a la proximidad del cambio de Gobierno, ha alimentado la percepción de que la medida podría quedar sin suficiente maduración técnica.
Contexto y posibles escenarios
La discusión ocurre en un momento en que el turismo digital ha consolidado su peso dentro de la economía colombiana. Las cifras de empleo e ingresos multiplican el efecto más allá del alojamiento y alcanzan a transporte, gastronomía y comercio local. Una regulación que no distinga modelos de operación podría elevar barreras de entrada para pequeños emprendedores que dependen de estas plataformas como fuente complementaria de ingresos.
El Ministerio de Comercio aún tiene margen para recibir observaciones antes de la expedición definitiva del decreto. La forma en que se resuelvan las observaciones técnicas determinará si el nuevo marco fortalece la formalización sin sacrificar la competitividad de un segmento que, según los datos disponibles, ha demostrado capacidad de generar valor distribuido en toda la cadena turística.
