La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, utilizó el balance de sus primeros 100 días de gobierno para presentar un paquete legislativo que busca intervenir varios de los cuellos de botella más persistentes de la administración pública. Las ocho iniciativas abarcan infraestructura en riesgo, Ciudad Gobierno, controles de la Contraloría General de la República, acceso al crédito, seguros agropecuarios, formación virtual y el manejo de los recursos destinados a cerrar la brecha digital.
El anuncio no ocurre en un vacío político. Según la propia mandataria, estos proyectos se suman a otros 12 enviados previamente al Congreso en materia de seguridad, lucha contra la impunidad y recuperación de la justicia, además de una propuesta para eliminar las pensiones de expresidentes. La estrategia revela una decisión de concentrar el inicio del mandato en reformas institucionales y económicas que requieren respaldo parlamentario, en un país donde la ejecución de políticas públicas suele quedar atrapada entre controles, procedimientos prolongados y una fragmentación política difícil de superar.
Un gobierno que convierte los primeros cien días en agenda legislativa
El balance de los primeros 100 días funciona habitualmente como una medición política, pero Fernández lo convirtió en una plataforma para acelerar proyectos que pretenden modificar reglas de funcionamiento del Estado. La dimensión del paquete es significativa porque no se limita a una sola área: conecta la respuesta ante desastres con la contratación pública, el costo de los alquileres estatales con la supervisión financiera, y la capacitación laboral con la transformación digital.
La amplitud puede ser una ventaja, porque permite presentar una visión coherente de modernización. También implica un riesgo: cada iniciativa enfrenta actores, procedimientos y debates distintos. Un proyecto sobre crédito usurario exige discutir inclusión financiera y seguridad; una reforma a la Contraloría afecta el equilibrio entre fiscalización y capacidad ejecutiva; y Ciudad Gobierno combina contratación, patrimonio público, urbanismo y finanzas. El éxito del paquete dependerá menos del número de propuestas que de la capacidad del Ejecutivo para priorizarlas y construir mayorías específicas para cada una.
El contexto de las lluvias recientes en Limón dio a la presidenta un argumento concreto para defender una reforma de infraestructura urgente. Las inundaciones expusieron daños en instalaciones educativas y pérdidas en actividades productivas, pero también reabrieron una discusión que Costa Rica arrastra desde hace años: cómo actuar con rapidez sin convertir la excepción en una puerta para la contratación opaca.
La urgencia de reparar antes del desastre
La propuesta para crear un procedimiento regulado aplicable a obras que representen un peligro inminente parte de una lógica razonable: esperar a que un puente colapse, una escuela quede inutilizada o una vía se vuelva intransitable puede multiplicar el costo humano y financiero de la respuesta. Una reparación preventiva suele ser más barata que la reconstrucción posterior y reduce la interrupción de servicios esenciales.
Sin embargo, la categoría de “riesgo inminente” deberá quedar definida con criterios técnicos verificables. Si basta una declaración administrativa para activar un mecanismo acelerado, el sistema podría ser utilizado para eludir la competencia entre oferentes, fragmentar contratos o justificar decisiones difíciles de auditar. La reforma tendrá que precisar quién certifica la amenaza, qué pruebas deben publicarse, cuánto dura la autorización excepcional y qué revisión posterior corresponde.
El debate no es simplemente entre rapidez y burocracia. Se trata de diseñar controles en momentos diferentes. La revisión previa puede ser más breve cuando existe un peligro acreditado, pero debe compensarse con transparencia inmediata, trazabilidad de los contratos y auditorías posteriores. En infraestructura, la velocidad sin supervisión puede producir obras deficientes; la supervisión sin capacidad de reacción puede dejar comunidades expuestas. La iniciativa será evaluada precisamente por la calidad de ese equilibrio.
Ciudad Gobierno y la disputa por el costo del Estado
Ciudad Gobierno vuelve al centro de la agenda porque representa una promesa de ahorro y, al mismo tiempo, una prueba para el modelo de gestión pública. La idea de concentrar instituciones pretende reducir el gasto en alquileres, aprovechar mejor los activos estatales y facilitar la coordinación entre oficinas. Fernández calcula ahorros conservadores cercanos a 26 millones de dólares anuales, recursos que podrían dirigirse a escuelas, puentes, infraestructura sanitaria y otros proyectos.
La cifra puede ser políticamente poderosa, pero sus beneficios dependerán de variables que deben hacerse públicas: costo total de construcción o adquisición, condiciones de financiamiento, mantenimiento, traslado de funcionarios, valor de los terrenos y evolución de los alquileres que se dejarían de pagar. Un ahorro anual estimado no equivale automáticamente a un beneficio fiscal si la inversión inicial compromete recursos durante décadas o si los contratos transfieren riesgos insuficientemente calculados al Estado.
La insistencia del Ejecutivo en impulsar una legislación especial, mientras mantiene su respaldo a una reforma integral de los artículos 66 y 67 de la Ley General de Contratación Pública, muestra que el proyecto enfrenta un problema normativo y no solo administrativo. Las intervenciones de la Contraloría han colocado el proceso bajo escrutinio. La discusión de fondo será si el Congreso diseña una vía específica para este proyecto o una regla general que permita desarrollar infraestructura pública compleja sin debilitar la competencia y la rendición de cuentas.
El límite entre fiscalizar y cogobernar
Las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría y a la Ley General de Control Interno son probablemente las iniciativas con mayor capacidad de alterar el equilibrio institucional. La presidenta sostiene que las normas vigentes no responden a nuevos modelos financieros ni a mecanismos contemporáneos de desarrollo de infraestructura, y cuestiona que la fiscalización haya evolucionado hacia una forma de coadministración previa de las decisiones del Ejecutivo.
El argumento merece atención porque los controles diseñados para un Estado más simple pueden generar demoras cuando se aplican a asociaciones público-privadas, fideicomisos, concesiones o esquemas de financiamiento mixto. Pero la modernización institucional no debe confundirse con una reducción de la independencia del órgano contralor. En países donde las grandes obras han sido vulnerables a sobrecostos y conflictos de interés, la revisión externa constituye una barrera esencial, incluso cuando resulte incómoda para el gobierno de turno.
El resultado dependerá del texto concreto. Una reforma sólida podría delimitar con mayor precisión las competencias, establecer plazos de respuesta, diferenciar la legalidad de la conveniencia política y fortalecer la evaluación basada en riesgos. Una reforma ambigua, en cambio, podría ser interpretada como un intento de disminuir la capacidad de la Contraloría para detener proyectos cuestionables. La Asamblea Legislativa tendrá que examinar no solo las dificultades que enfrenta el Ejecutivo, sino también los precedentes que dejará para futuras administraciones.
Crédito formal frente al avance del “gota a gota”
La reforma a la denominada ley de usura aborda una tensión social que va más allá de las tasas de interés. Fernández sostiene que ciertas restricciones han excluido a familias del sistema financiero formal y han empujado a parte de la población hacia préstamos informales conocidos como “gota a gota”. Estos créditos suelen atraer a personas sin historial bancario o con ingresos irregulares, pero pueden imponer cobros diarios, amenazas y mecanismos de presión vinculados con redes criminales.
La conexión entre exclusión financiera y seguridad tiene una lógica concreta: cuando una persona no puede demostrar ingresos o cumplir las condiciones de una entidad regulada, busca alternativas fuera del sistema supervisado. Si el prestamista informal opera con violencia o lavado de dinero, la deuda individual se convierte en un problema comunitario. Aun así, elevar los límites de las tasas por sí solo no resolverá la situación. Sin educación financiera, evaluación responsable del riesgo y productos adecuados para trabajadores independientes, el crédito más caro puede aumentar el sobreendeudamiento.
La reforma debería acompañarse de incentivos para que bancos, cooperativas y entidades de microfinanzas atiendan segmentos hoy excluidos, con información clara y mecanismos de denuncia. También será necesario medir si el cambio amplía realmente el acceso al crédito o simplemente encarece los préstamos para hogares vulnerables. El desafío consiste en abrir la puerta al financiamiento formal sin legitimar prácticas abusivas.
Productores, trabajadores y una administración más digital
El proyecto de seguros agropecuarios responde a un escenario climático que ya afecta de manera diferenciada a ganaderos, agricultores y pescadores. Las inundaciones en Limón pueden destruir animales, cultivos, caminos y equipos; las sequías reducen la producción y deterioran los ingresos antes de que exista una emergencia visible. En el Pacífico, la variación de las condiciones marinas puede obligar a los pescadores a desplazarse hacia aguas más profundas, con mayores costos y riesgos.
Un seguro útil requiere primas accesibles, evaluación rápida de daños y coberturas ajustadas a cada actividad. Si los trámites son demasiado complejos o las indemnizaciones llegan meses después, el instrumento tendrá poca utilidad para pequeños productores. El Estado podría desempeñar un papel clave mediante subsidios focalizados, información climática y esquemas paramétricos que activen pagos cuando se superen ciertos niveles de lluvia o sequía, aunque estos mecanismos también deben calibrarse para evitar disputas y coberturas insuficientes.
La reforma del Instituto Nacional de Aprendizaje apunta a otra transformación estructural: adaptar la formación técnica a personas que trabajan durante el día y no pueden trasladarse a un centro educativo. La ampliación de la educación virtual puede mejorar el acceso de habitantes rurales, cuidadores y trabajadores con horarios variables. No obstante, la digitalización no debe reducirse a trasladar cursos presenciales a una plataforma. Será necesario garantizar conectividad, tutores, evaluación práctica y apoyo para quienes carecen de equipos o competencias digitales.
FONATEL y la pregunta por la ejecución
Los cambios propuestos para el Fondo Nacional de Telecomunicaciones buscan modificar la forma en que se administran recursos aportados por los operadores para conectar comunidades, centros educativos y zonas con baja cobertura. La crítica presidencial apunta a una posible distorsión institucional: si SUTEL concentra funciones de supervisión y, al mismo tiempo, queda vinculada a la ejecución de inversiones, pueden surgir demoras o confusión sobre responsabilidades.
Separar con claridad la regulación, la fiscalización y la ejecución podría mejorar los resultados, pero solo si la nueva estructura conserva independencia técnica y publica metas verificables. La brecha digital no se mide únicamente por el número de proyectos aprobados, sino por hogares conectados, calidad del servicio, continuidad y capacidad de uso. Una comunidad puede aparecer en las estadísticas de cobertura y seguir excluida si la conexión es inestable o demasiado costosa.
Los ocho proyectos colocan al gobierno ante una prueba de credibilidad. Acelerar obras, reducir alquileres, ampliar el crédito, proteger al sector agropecuario y usar mejor los fondos digitales son objetivos con beneficios potenciales visibles. Pero cada promesa exige reglas precisas, datos abiertos y evaluación independiente. El Congreso deberá decidir si las iniciativas corrigen obstáculos reales con controles modernos o si abren espacios de discrecionalidad. La diferencia determinará si los primeros 100 días quedan como un anuncio ambicioso o como el comienzo de una reforma duradera del Estado costarricense.
