La reconstrucción posterior al terremoto de magnitud 7,4 empieza a plantear una pregunta que va más allá de la emergencia inmediata: ¿cómo convertir una obligación tributaria en viviendas, hospitales, escuelas y vías terminadas en territorios que necesitan respuestas rápidas, pero también controles rigurosos? El Gobierno colombiano estudia ampliar de manera excepcional el mecanismo de Obras por Impuestos para que empresas puedan destinar parte de su impuesto de renta a ejecutar directamente proyectos en los municipios afectados.
La propuesta aparece frente a una destrucción de escala nacional. Según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el sismo deja 288 fallecidos, 4.018 heridos, 202 desaparecidos y daños en 80.744 viviendas. De ese total, 12.504 quedaron completamente destruidas. También resultaron afectados 260 centros de salud, 2.595 instituciones educativas, 267 vías, 87 acueductos y 55 puentes vehiculares, en 15 departamentos y 448 municipios. El programa oficial calcula que deberá atender a más de 44.000 familias.
Mientras comienzan los subsidios de arrendamiento, los alivios en servicios públicos, el retiro de escombros y la distribución de materiales, equipos técnicos realizarán desde la próxima semana un diagnóstico vivienda por vivienda. Esa clasificación será decisiva: no requiere la misma solución una estructura que puede reforzarse que otra que debe demolerse y reconstruirse por completo. También determinará cuánto recaerá sobre el Estado, las alcaldías, las gobernaciones, las empresas y el sistema financiero.
La urgencia no elimina la arquitectura institucional
Obras por Impuestos permite que personas naturales o jurídicas contribuyentes cumplan una parte de su obligación de renta mediante la ejecución directa de proyectos de inversión con impacto económico y social. La empresa no entrega simplemente una donación: presenta o escoge un proyecto aprobado por el Estado, lo ejecuta bajo las reglas del mecanismo y utiliza esa inversión para cubrir parte del impuesto correspondiente.
Actualmente, la herramienta está concentrada principalmente en municipios incluidos en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, conocidas como Zomac, y en territorios vinculados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet. La modificación que se discute consistiría en extenderla temporalmente a los municipios afectados por el terremoto, sin limitar la participación a esas categorías territoriales.
El sistema tiene fundamento en los decretos 1650 y 893 de 2017 y está reglamentado por el Decreto 1625 de 2016. La Agencia de Renovación del Territorio coordina el proceso junto con el Departamento Nacional de Planeación y las entidades sectoriales. Para que una obra pueda ejecutarse, debe estar inscrita en el Banco de Proyectos de Inversión de Obras por Impuestos y contar con el concepto de viabilidad de la entidad nacional competente.
La operación contempla dos modalidades: Opción Fiducia y Opción Convenio. En ambas pueden participar contribuyentes individuales o varios contribuyentes asociados. La primera publica anualmente el banco de proyectos entre el 15 de febrero y el 31 de marzo. La segunda abre ventanas de postulación del 2 al 31 de marzo y del 2 al 31 de agosto. En una catástrofe, esos calendarios pueden convertirse en un obstáculo si no se habilitan procedimientos extraordinarios, pero eliminarlos sin reemplazarlos por controles equivalentes aumentaría el riesgo de errores y litigios.
Primera tesis: el mecanismo puede acelerar, pero no reemplazar al Estado
La principal virtud de Obras por Impuestos es que puede movilizar capacidades que el presupuesto público tarda más tiempo en activar. Una empresa con experiencia en ingeniería, compras, logística y administración de contratistas puede ejecutar una vía o un conjunto habitacional con una velocidad distinta a la de una entidad territorial debilitada por la emergencia. Juan Esteban Calle, presidente del Grupo Argos, sostuvo que las compañías podrían convertir parte de su tributación en obras concretas y señaló que su ecosistema técnico está en capacidad de levantar módulos habitacionales en 45 días y estructuras de dos pisos para diez familias en 90 días.
El ejemplo citado por Calle es una intervención vial en Dabeiba, cuya primera fase tenía un presupuesto de 18.000 millones de pesos. Según su relato, la compañía entregó cuatro kilómetros antes del plazo previsto y devolvió el 50% de los recursos. Ese caso puede mostrar una ventaja operativa, pero no constituye por sí solo una prueba de que el modelo sea replicable en 448 municipios. Una carretera con diseños disponibles no enfrenta las mismas dificultades que miles de viviendas dispersas, terrenos inestables, redes de servicios destruidas o comunidades rurales sin acceso permanente.
La primera conclusión es, por tanto, doble. El mecanismo puede ser un acelerador de la reconstrucción, especialmente para proyectos estandarizables y técnicamente maduros; no puede convertirse en una sustitución de la planeación pública. El Estado seguirá siendo responsable de definir prioridades, verificar la calidad, ordenar el territorio, garantizar la seguridad sísmica y evitar que la inversión se concentre únicamente donde las empresas tienen mayor presencia comercial.
El verdadero cuello de botella será seleccionar proyectos
La discusión pública se ha concentrado en cuánto impuesto podría destinarse. La Federación Colombiana de Municipios propuso permitir que las empresas asignen hasta el 50% de su impuesto a cargo a proyectos de reconstrucción. Sin embargo, el límite financiero no es el único problema. La capacidad para convertir recursos en obras dependerá de la calidad de los diagnósticos, la disponibilidad de suelo, los diseños, las licencias, la conexión a redes de agua y energía y la capacidad de interventoría.
Si una empresa puede elegir libremente entre proyectos, tenderá a preferir intervenciones visibles, cercanas a sus operaciones o compatibles con su experiencia. Esa lógica es comprensible desde el punto de vista empresarial, pero puede dejar rezagadas a comunidades pequeñas, zonas rurales o municipios sin capacidad para formular proyectos atractivos. El desastre, en cambio, no se distribuye según la rentabilidad o la reputación corporativa de cada territorio.
El diagnóstico anunciado para las viviendas debería funcionar como una plataforma pública única, con información georreferenciada sobre daños, propiedad del suelo, riesgo futuro y servicios disponibles. Sin esa base, la reconstrucción puede producir viviendas nuevas en lugares inseguros, duplicar ayudas o generar obras que no puedan ser mantenidas por los municipios. La rapidez tendrá valor únicamente si evita reconstruir la misma vulnerabilidad que amplificó los daños del terremoto.
Empresas, alcaldías y comunidades no tienen el mismo poder
Para el sector privado, la ampliación representa una oportunidad de participar directamente en una causa nacional y de obtener mayor trazabilidad sobre el uso de los recursos tributarios. El argumento empresarial es que una obra ejecutada bajo supervisión puede ser más visible, rápida y eficiente que una transferencia al fisco, sobre todo cuando las entidades públicas locales enfrentan restricciones de personal y contratación.
Las alcaldías, por su parte, necesitan recursos y capacidad técnica, pero también podrían perder margen de decisión si los grandes contribuyentes imponen prioridades. El alcalde de Soacha y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Julián Sánchez, pidió flexibilizar el uso de recursos territoriales, otorgar alivios tributarios y facilitar la inversión pública y privada. Sus solicitudes reflejan una tensión real: los municipios deben responder ante sus habitantes, aunque buena parte de las decisiones financieras y técnicas se tome en el nivel nacional o corporativo.
Las familias damnificadas ocupan el lugar más vulnerable en esa relación. No solo necesitan un techo, sino una solución situada cerca de sus empleos, escuelas, redes familiares y servicios de salud. Una reconstrucción diseñada desde los balances empresariales puede entregar unidades habitacionales rápidamente, pero fracasar si desplaza a las personas, no reconoce formas de vida rurales o no incorpora mecanismos de participación. La vivienda no debería medirse únicamente por el número de módulos instalados, sino por su habitabilidad y permanencia.
También existe una controversia fiscal. Destinar hasta la mitad del impuesto de renta a proyectos específicos puede reducir la caja de la Nación en el corto plazo y fragmentar la capacidad del Gobierno para asignar recursos según una visión general. Quienes apoyan la propuesta responden que el dinero no desaparece: se transforma en activos públicos y puede llegar con mayor rapidez a las zonas afectadas. La diferencia está en quién decide, quién ejecuta y quién responde cuando la obra presenta fallas.
Una emergencia que puede reordenar el mercado de la construcción
La reconstrucción tendría efectos importantes sobre constructoras, fabricantes de materiales, empresas de ingeniería, operadores logísticos, aseguradoras y entidades financieras. La demanda de cemento, acero, prefabricados, maquinaria y transporte crecerá de manera abrupta. Esto puede reactivar economías regionales y crear empleo, pero también presionar precios y favorecer a proveedores con capacidad de producción a gran escala.
La estandarización propuesta para levantar viviendas en 45 días puede resultar útil cuando se aplica a soluciones compatibles con el terreno y con las normas de construcción sismorresistente. No obstante, la producción masiva de unidades iguales puede ignorar diferencias climáticas, culturales y topográficas. En zonas rurales, una vivienda prefabricada requiere caminos, cimentación, agua, saneamiento y energía; sin esas condiciones, el plazo de montaje no equivale al plazo de recuperación de una familia.
El sector asegurador enfrentará además una revisión de sus exposiciones y de sus modelos de riesgo. La magnitud de los daños puede acelerar la demanda de pólizas para vivienda, infraestructura y actividad productiva, pero también elevar primas o excluir territorios considerados de alta vulnerabilidad. Las entidades financieras tendrán que decidir si refinancian créditos, amplían periodos de gracia y financian reconstrucción sin sobreendeudar a hogares que perdieron ingresos y patrimonio.
El paquete fiscal muestra que el problema excede a Obras por Impuestos
La Federación Colombiana de Municipios planteó otras cinco medidas: utilizar de manera extraordinaria el 7% de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a deporte y cultura; retirar excedentes del Fonpet; flexibilizar el Sistema General de Regalías; establecer exoneraciones temporales del predial y del impuesto de industria y comercio con compensación nacional; y exceptuar en 2026 y 2027 los límites de gasto de funcionamiento para entidades cuyos ingresos hayan caído por el terremoto.
Estas propuestas evidencian que la emergencia no es solamente una crisis de infraestructura. Es también una crisis de ingresos locales. Si los comercios permanecen cerrados, las viviendas quedan inhabitables y la actividad productiva se detiene, los municipios recaudarán menos justamente cuando tendrán que gastar más. Autorizar nuevas obligaciones sin compensar la pérdida de ingresos podría deteriorar sus finanzas durante años.
Los senadores Julia Correa Nuttin y Esteban Quintero solicitaron extender de inmediato la cobertura de Obras por Impuestos a todos los territorios afectados y permitir que los recursos se utilicen en construcción, reconstrucción y mejoramiento de vivienda de interés social, tanto urbana como rural. La incorporación de esa alternativa al paquete que estudia el Ejecutivo indica que existe presión política transversal, pero todavía no resuelve los criterios de priorización ni la duración de la excepción.
El riesgo de la velocidad: obras visibles, controles débiles
Una reforma de emergencia puede acelerar contrataciones y aprobaciones, pero también abrir espacio a sobrecostos, conflictos de interés, concentración de proveedores y baja calidad. El mecanismo debe publicar los proyectos, sus presupuestos, contratistas, avances físicos, interventorías y modificaciones. La trazabilidad no puede quedar limitada a la empresa ejecutora ni a la entidad que emitió la viabilidad técnica.
Otro riesgo es la doble contabilidad de la ayuda. Una empresa podría anunciar como aporte social una obra que, en realidad, se financia con el impuesto que debía pagar. Eso no invalida el instrumento, pero obliga a diferenciar con precisión entre inversión tributaria, donación adicional y gasto ordinario de responsabilidad corporativa. La ciudadanía tiene derecho a saber qué parte proviene del erario y qué parte representa un esfuerzo adicional del sector privado.
La concentración geográfica también merece vigilancia. Las compañías más grandes pueden escoger municipios donde ya tienen operaciones, mientras los territorios más pobres quedan dependientes de transferencias públicas. Para corregir ese sesgo, el Gobierno podría establecer una bolsa competitiva con cupos mínimos para zonas rurales, criterios de vulnerabilidad y mecanismos de asociación entre empresas y municipios sin capacidad de estructuración.
La calidad sísmica debe ser una condición no negociable. La presión por entregar viviendas rápidamente no puede justificar diseños que incumplan normas técnicas o materiales de menor resistencia. Cada proyecto debería incorporar una certificación independiente, un plan de mantenimiento y una garantía extendida. De lo contrario, el país podría pagar dos veces: primero para reconstruir y después para reparar las obras levantadas con urgencia.
El escenario más probable: una expansión temporal y selectiva
La salida más viable parece ser una ampliación excepcional, con plazo definido y sectores priorizados, en lugar de convertir la emergencia en una liberalización permanente del instrumento. Vivienda, agua potable, saneamiento, salud, educación, transporte y gestión del riesgo deberían recibir prioridad, pero no todos los proyectos tendrían que ejecutarse mediante empresas. Las obras pequeñas, comunitarias o de alto contenido social podrían requerir fondos públicos directos y acompañamiento técnico.
En los próximos meses, el éxito dependerá de tres decisiones. La primera será fijar el porcentaje máximo del impuesto y definir si se calcula sobre el impuesto causado o sobre obligaciones ya descontadas. La segunda consistirá en establecer quién asume los sobrecostos y retrasos. La tercera será crear un sistema de seguimiento público que permita comparar cronogramas, costos, beneficiarios y resultados entre municipios.
Si esas reglas se resuelven con claridad, Obras por Impuestos puede convertirse en una pieza valiosa de una reconstrucción mixta: el Estado conserva la dirección y la equidad territorial, mientras las empresas aportan capacidad de ejecución y conocimiento técnico. Si se adopta únicamente como atajo presupuestal, el mecanismo corre el riesgo de trasladar decisiones públicas a intereses privados sin resolver las debilidades estructurales de los municipios.
El terremoto ha abierto una ventana para revisar la relación entre tributación, inversión social y respuesta ante desastres. La urgencia justifica buscar nuevas fuentes de capacidad, pero no reduce la obligación de planear ni de rendir cuentas. La medida será realmente exitosa cuando las familias no solo reciban una vivienda o una vía reconstruida, sino cuando recuperen seguridad, servicios, ingresos y posibilidades de permanecer dignamente en sus territorios.
