La convocatoria de Claudia Sheinbaum a un grupo plural de economistas para diseñar propuestas de crecimiento llega en un punto delicado para la economía mexicana: el país ha demostrado capacidad para resistir choques externos, atraer exportaciones y reducir pobreza en ciertos segmentos, pero no ha conseguido transformar esas fortalezas en una expansión sostenida de la productividad. El diagnóstico presentado en el Foro para el crecimiento sostenible y equitativo es directo: México no puede resolver un problema estructural de bajo crecimiento mediante ajustes presupuestarios de corto plazo ni confiando exclusivamente en el ciclo económico estadounidense. La discusión ya no es sólo cuánto gastar, sino qué condiciones institucionales, fiscales, tecnológicas y sociales permiten que el gasto público y la inversión privada generen capacidades duraderas.
El calendario otorga relevancia política inmediata al ejercicio. Las propuestas serán entregadas el 17 de agosto a la Secretaría de Hacienda y a comisiones del Congreso, apenas semanas antes de que el Ejecutivo presente el Paquete Económico 2027, cuya fecha límite legal es el 8 de septiembre. Esa cercanía abre una oportunidad, pero también impone una restricción: las recomendaciones de largo plazo deberán traducirse con rapidez en decisiones presupuestarias concretas. La experiencia mexicana muestra que las estrategias nacionales suelen ser ambiciosas en el discurso, pero débiles cuando deben competir por recursos con pensiones, transferencias, servicio de deuda, seguridad, obras en curso y presiones coyunturales.
El costo de crecer por debajo del potencial
Durante buena parte de las últimas décadas, el crecimiento promedio de México ha sido insuficiente para cerrar brechas regionales, elevar de forma generalizada los salarios reales y financiar servicios públicos de mayor calidad. El problema no es menor: cuando el producto crece lentamente, la recaudación también avanza con lentitud, lo que limita la capacidad del Estado para invertir sin aumentar deuda o recortar otros rubros. Héctor Villarreal acierta al colocar la discusión fiscal dentro de una ecuación más amplia. No habrá una hacienda pública robusta únicamente mediante eficiencia administrativa si la economía mantiene una base productiva estrecha, informal y de baja productividad.
La primera conclusión del grupo de especialistas es que México debe dejar de administrar la escasez como si fuera una condición permanente e inevitable. Ello no equivale a defender un gasto público indiscriminado. Significa reconocer que una política fiscal orientada casi exclusivamente a preservar equilibrios de corto plazo puede terminar debilitando los activos que sostienen la recaudación futura: infraestructura, capital humano, investigación, salud, conectividad y capacidades empresariales. La austeridad puede corregir despilfarros, pero no sustituye una estrategia de desarrollo. Un país que posterga sistemáticamente la inversión en conocimiento o mantenimiento de infraestructura puede mejorar una cifra anual de balance, pero deteriorar su potencial de crecimiento durante años.
Esta distinción es particularmente importante porque México enfrenta presiones presupuestarias crecientes. El peso de las pensiones, el costo financiero de la deuda y los compromisos sociales reducen el margen para expandir la inversión física y social. Por eso, el debate sobre una eventual reforma hacendaria no debería limitarse a encontrar recursos para reorganizar partidas existentes. Debe responder una pregunta más compleja: qué estructura tributaria permite financiar bienes públicos de calidad sin castigar la formalidad, desincentivar la innovación o aumentar las desigualdades territoriales. La recaudación no es un fin aislado; es la capacidad material para construir productividad.
La inversión privada no se decreta
La advertencia de Juan Carlos Moreno Brid resume uno de los límites centrales de la política económica: el gobierno puede recaudar impuestos, orientar crédito público y ejecutar obras, pero no puede obligar a los inversionistas a comprometer capital de largo plazo. La inversión privada responde a expectativas de demanda, acceso a energía, disponibilidad de talento, seguridad, costos logísticos y, sobre todo, previsibilidad de las reglas. Cuando las empresas no pueden estimar con claridad el costo regulatorio, fiscal o jurídico de un proyecto, posponen decisiones incluso si la oportunidad comercial parece atractiva.
Este punto tiene una dimensión más profunda que la discusión inmediata sobre la reforma judicial. Los economistas no plantean revertirla, pero sí insisten en que México necesita seguridad fiscal, jurídica y personal. Esa formulación reconoce que la certidumbre no depende de una sola ley ni de un solo tribunal. Depende de la capacidad de las instituciones para resolver conflictos con criterios consistentes, de la estabilidad de permisos, de la claridad tributaria, de la protección de contratos y de la seguridad cotidiana en los territorios donde operan fábricas, centros logísticos y pequeños negocios.
Para el sector privado, la señal decisiva no será la existencia de una mesa de diálogo, sino la coherencia entre mensajes y ejecución. Una empresa que considera ampliar una planta no evalúa únicamente incentivos fiscales; calcula si habrá electricidad suficiente, agua disponible, vías de transporte, personal técnico y procedimientos regulatorios predecibles durante la vida útil del proyecto. Las grandes corporaciones pueden absorber parte de esos costos mediante asesoría especializada o infraestructura propia. Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, suelen quedar fuera cuando el entorno es complejo. Por ello, la integración de pymes a cadenas de valor no puede depender sólo de programas de capacitación: requiere pagos oportunos, financiamiento, certificaciones accesibles, digitalización y reglas de proveeduría que no concentren los beneficios en un grupo reducido de intermediarios.
Nearshoring: oportunidad real, pero no automática
La reconfiguración entre Estados Unidos y China ofrece a México una ventaja geográfica evidente. La cercanía con el mayor mercado del mundo, la red manufacturera construida bajo el T-MEC y la experiencia exportadora de sectores como automotriz, dispositivos médicos, aeroespacial y electrónicos crean una plataforma difícil de replicar. Sin embargo, convertir esa posición en desarrollo nacional exige más que recibir inversión extranjera. La historia industrial mexicana muestra que una planta exportadora puede elevar ventas externas sin generar suficientes encadenamientos locales, transferencia tecnológica o empleos de alta calificación fuera de determinadas regiones.
La revisión anual del T-MEC y la presión política estadounidense para redefinir reglas comerciales introducen una variable adicional. Mariana Rangel señala correctamente que México debe replantear su estrategia de integración para el mediano plazo. El país no puede basar toda su política industrial en la expectativa de que la relocalización continuará sin fricciones. Washington puede endurecer requisitos de origen, controles sobre inversión china, reglas laborales, criterios ambientales o disposiciones sectoriales. En ese escenario, México tendrá que demostrar que es un socio confiable y que sus exportaciones cumplen normas cada vez más exigentes.
La oportunidad más subestimada está en pasar de una economía de ensamblaje eficiente a una economía capaz de diseñar, certificar, desarrollar software, producir componentes especializados y ofrecer servicios avanzados. Esa transición no se consigue por decreto ni mediante la simple llegada de empresas extranjeras. Requiere coordinación entre universidades, centros de investigación, gobiernos estatales, empresas ancla y proveedores nacionales. Si la inversión se concentra en unos cuantos corredores industriales del norte y del Bajío, mientras el sur-sureste queda desconectado de las nuevas cadenas, el nearshoring puede ampliar las desigualdades regionales en vez de corregirlas.
Salud y educación como infraestructura productiva
El planteamiento de Fausto Hernández acerca de salud y educación debe leerse como una propuesta económica, no sólo social. Un sistema de salud insuficiente reduce horas trabajadas, incrementa gastos de bolsillo, deteriora trayectorias laborales y afecta a las empresas mediante ausentismo y rotación. Del mismo modo, una educación que no forma habilidades técnicas, digitales y analíticas limita la capacidad de adoptar nuevas tecnologías. Los países con mayor productividad no llegaron a esa posición únicamente por tener más fábricas; construyeron poblaciones más sanas, instituciones educativas con mejor conexión productiva y redes de innovación que reducen el tiempo entre investigación y aplicación comercial.
México enfrenta además un reto demográfico y laboral: la formalización no avanzará de manera sostenible si los hogares perciben que incorporarse al sistema implica costos inmediatos sin acceso confiable a salud, cuidados, capacitación o crédito. Fortalecer estos servicios puede ampliar la productividad y la base tributaria al mismo tiempo. Éste es uno de los vínculos más relevantes de la discusión: el gasto social bien diseñado no compite necesariamente con la política de crecimiento; puede ser parte de ella. La diferencia está en la calidad de ejecución, la evaluación de resultados y la capacidad de evitar que los recursos se diluyan en estructuras administrativas poco efectivas.
También es necesario evitar una visión uniforme del sistema educativo. Las necesidades de una empresa de semiconductores, un proveedor automotriz, un productor agroindustrial y una microempresa de servicios no son idénticas. La formación técnica debe responder a vocaciones regionales sin encerrar a las personas en ocupaciones de baja movilidad. Las universidades y tecnológicos requieren financiamiento estable, pero también mecanismos que premien colaboración con empresas, inserción laboral, investigación aplicada y actualización de programas. La educación superior no puede convertirse en un apéndice desconectado de la transformación tecnológica que el país dice buscar.
Innovación: el rezago que no se corrige en un sexenio
La propuesta de Gabriela Dutrénit de establecer objetivos anuales dentro de una estrategia de largo plazo responde a una debilidad recurrente de México: la planeación pública suele organizarse por ciclos políticos, mientras la investigación y el desarrollo requieren continuidad de una década o más. Formar científicos, construir laboratorios, desarrollar patentes, consolidar empresas tecnológicas y crear mercados para soluciones innovadoras toma tiempo. Por eso, la inversión en conocimiento rara vez produce rendimientos electorales inmediatos, aunque sus efectos económicos pueden ser decisivos.
La creación de un fondo de inteligencia artificial aplicada puede ser útil si evita dos errores frecuentes. El primero sería convertirlo en una etiqueta tecnológica para financiar proyectos sin criterios de impacto. El segundo sería concentrarlo exclusivamente en grandes empresas o universidades metropolitanas. La inteligencia artificial puede mejorar diagnósticos médicos, logística, agricultura de precisión, administración tributaria, prevención de fraudes y manufactura, pero requiere datos confiables, conectividad, capacidades técnicas y reglas de protección de información. Sin esa infraestructura institucional, el fondo corre el riesgo de financiar demostraciones aisladas en lugar de resolver problemas productivos y públicos concretos.
El reto fiscal también es relevante. Los incentivos tributarios para investigación y desarrollo pueden movilizar recursos privados, pero deben diseñarse con controles. En distintos países, este tipo de beneficios ha impulsado innovación cuando se vincula a inversión adicional comprobable; también ha generado abusos cuando las compañías reclasifican gastos ordinarios como investigación. México necesitaría criterios transparentes, auditorías técnicas y mediciones públicas de resultados. Un incentivo que sólo reduzca impuestos sin elevar la capacidad tecnológica nacional sería un subsidio poco defendible en un contexto de restricciones presupuestarias.
El conflicto entre velocidad política y reformas persistentes
El Congreso y Hacienda enfrentan una disyuntiva compleja. Incorporar medidas en el Paquete Económico 2027 puede enviar una señal de compromiso, pero el riesgo es presentar una colección de programas sin arquitectura común. La inversión pública, la política industrial, el sistema fiscal, la salud, la educación y la certidumbre regulatoria no operan como compartimentos estancos. Un parque industrial carece de impacto si no tiene energía; una beca técnica pierde eficacia si no existen empleos formales; un incentivo para pymes se vuelve irrelevante si los plazos de pago de grandes compradores las asfixian.
La mejor prueba para las propuestas no será su amplitud temática, sino su capacidad de fijar prioridades verificables. México necesita saber qué sectores y regiones tendrán atención primero, cuánto financiamiento recibirán, qué institución coordinará los proyectos y qué indicadores permitirán corregir fallas. Un consejo de inversión o de innovación puede ayudar a ordenar prioridades, siempre que no se convierta en otra instancia consultiva sin facultades, presupuesto ni rendición de cuentas. La coordinación debe sobrevivir a cambios administrativos y evitar que cada dependencia persiga metas incompatibles.
Los gobiernos estatales tendrán un papel determinante. Muchas de las condiciones que definen la inversión se resuelven localmente: permisos, uso de suelo, seguridad, agua, formación laboral, transporte urbano y relación con comunidades. La competencia entre entidades para atraer capital puede generar resultados positivos, pero también una carrera hacia incentivos fiscales excesivos o estándares ambientales débiles. La federación necesita ofrecer reglas nacionales claras y, al mismo tiempo, construir capacidades regionales para que la inversión no se concentre únicamente donde ya existe infraestructura.
Las señales que definirán 2027
En los próximos meses habrá tres señales especialmente relevantes. La primera será la composición del gasto en el Paquete Económico: un aumento nominal de recursos no bastará si la inversión productiva y el mantenimiento de infraestructura continúan perdiendo prioridad frente a obligaciones rígidas. La segunda será el tratamiento de la certidumbre regulatoria, particularmente en energía, justicia, comercio y permisos. La tercera será la forma en que el gobierno articule su política frente a la revisión del T-MEC y a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
El escenario favorable consiste en que las propuestas de los economistas se conviertan en un programa plurianual con metas limitadas pero exigibles: elevar la inversión pública de calidad, movilizar inversión privada adicional, ampliar proveedores nacionales, fortalecer salud y educación, y mejorar la capacidad tecnológica. El escenario menos favorable sería una respuesta fragmentada, basada en anuncios de fondos e incentivos sin reformas administrativas ni garantías institucionales. En ese caso, México conservaría su atractivo geográfico, pero seguiría capturando una porción menor del valor generado por las cadenas que cruzan su territorio.
El riesgo mayor no es que México deje de recibir inversión por completo, sino que reciba inversión sin desarrollar las capacidades que le permitan sostenerla y multiplicarla. La ventana abierta por la reorganización global puede cerrarse o desplazarse hacia otros países si persisten cuellos de botella en energía, agua, seguridad, talento y certeza jurídica. La discusión convocada por Sheinbaum adquiere relevancia precisamente porque plantea una corrección de rumbo: crecer más no dependerá de administrar mejor la escasez, sino de decidir dónde invertir, cómo coordinar al Estado y al sector privado, y qué instituciones deben garantizar que los beneficios del crecimiento alcancen a más regiones y hogares.
