México avanza con una cartera de 55 proyectos de generación renovable para responder al aumento de la demanda eléctrica. De ese total, 17 son completamente privados y aportarían cerca de 3.000 megavatios, mientras que otros 38 se desarrollan bajo esquemas mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Inversión con reglas estables
La secretaria de Energía, Luz Elena González, defendió ante empresarios e inversionistas el nuevo modelo energético, basado en planeación vinculante, un órgano regulador y reglas que, según el Gobierno, ofrecen mayor certidumbre. El Estado conservará la conducción del sector y las empresas públicas mantendrán un papel estratégico.
La capacidad proyectada llega en un momento de presión sobre la infraestructura: 34 centrales renovables ya fueron concluidas y se trabaja en la renovación de 23 subestaciones. Sin embargo, el empresariado advirtió que aprobar proyectos no basta si la ejecución continúa siendo lenta. El Consejo Coordinador Empresarial pidió reducir plazos y asegurar electricidad suficiente, confiable y competitiva, tanto para la industria como para los hogares.
El reclamo central apunta a la previsibilidad jurídica. Fausto Gurrea, del Consejo Mexicano de Negocios, señaló que las empresas solo comprometerán capital de largo plazo si las reglas son claras, estables y previsibles. Esa condición será decisiva para que la expansión renovable se traduzca en nueva oferta y no quede limitada a una cartera de anuncios.
En el mismo foro, Pemex propuso ampliar la colaboración privada hacia producción, refinación, petroquímica y logística, más allá de los contratos mixtos de exploración y extracción. La petrolera reportó un aumento del 17 % en sus ventas nacionales durante el primer semestre de 2026 y una deuda en su nivel más bajo en 11 años. El Gobierno busca así combinar inversión privada y control público, compartiendo riesgos y costos sin ceder la conducción estratégica del sector energético.
