El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego presentó una demanda civil contra el economista Marco Vinelli, actual jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori, y le reclama una indemnización de 340.547 soles por presuntos daños ocasionados durante su gestión en Agro Rural entre 2015 y 2016. La acción judicial también alcanza a otros siete exfuncionarios y se basa en un informe de la Contraloría que detectó irregularidades en la aprobación de ampliaciones de plazo para una obra de riego en Apurímac.
La secuencia de hechos que originó el reclamo
Según el expediente, Vinelli ocupaba el cargo de director ejecutivo de Agro Rural cuando se autorizaron seis ampliaciones de plazo para la ejecución de la obra. Seis de ellas carecían de sustento técnico y fueron concedidas por la falta de respuesta oportuna de la entidad. Un informe de la Contraloría señala que Vinelli notificó 35 días después del vencimiento del plazo una resolución que declaraba improcedente una prestación adicional. Esa demora permitió al contratista solicitar y obtener una tercera ampliación de manera automática.
El mismo documento atribuye a Vinelli responsabilidad en la aprobación automática de otras tres ampliaciones por no resolver consultas técnicas del contratista con la diligencia requerida. Solo uno de esos retrasos generó un perjuicio estimado en 82.936 soles para el Estado.
El camino judicial recorrido hasta ahora
Agro Rural interpuso la demanda en 2023. En noviembre de 2025, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima la declaró improcedente. El juez consideró que no procedía exigir responsabilidad solidaria a todos los demandados porque cada uno participó en hechos distintos. La resolución señaló que resultaba jurídicamente imposible aplicar normas de responsabilidad civil sobre supuestos de hecho independientes.
Agro Rural apeló. La Primera Sala Laboral Permanente, de oficio, anuló todo lo actuado y determinó que la justicia laboral carece de competencia. El tribunal estableció que el origen de la controversia son presuntas irregularidades funcionales detectadas por la Contraloría, por lo que corresponde a un juez civil. La decisión fue notificada el 22 de junio y el expediente será remitido al Centro de Distribución General de los Juzgados Civiles de Lima para que un juez de esa especialidad asuma el caso.
Responsabilidad individual frente a responsabilidad solidaria
El fallo de primera instancia destaca un punto central: no todos los exfuncionarios intervinieron en las mismas decisiones. La Contraloría identificó omisiones específicas de Vinelli, pero otras ampliaciones involucraron a distintos responsables. Esta distinción impide que la demanda exija un pago conjunto sin diferenciar los aportes de cada uno al daño.
El traslado al fuero civil obliga ahora a evaluar con mayor precisión el nexo causal entre cada omisión y el perjuicio económico. Un juez civil podrá solicitar peritajes técnicos adicionales y precisar qué parte del monto reclamado corresponde realmente a las actuaciones imputadas a Vinelli.
El contexto más amplio de control de obras públicas
El caso ilustra las consecuencias que puede generar la demora en la tramitación de documentos dentro de programas de inversión pública. Cuando una entidad no responde en los plazos establecidos, el contratista puede obtener ampliaciones automáticas que incrementan el costo final de la obra. La Contraloría ha documentado situaciones similares en otras regiones, lo que sugiere que el problema no se limita a un solo proyecto.
La demanda también pone de relieve el mecanismo mediante el cual los informes de control posterior se convierten en acciones de recuperación de recursos. Agro Rural decidió actuar tres años después de recibido el informe, lo que muestra que estos procesos pueden extenderse durante años antes de llegar a una resolución definitiva.
Lo que define el siguiente paso del proceso
Una vez que el expediente llegue a un juzgado civil, el juez deberá decidir si existen elementos suficientes para continuar con el trámite. Podrá admitir la demanda tal como está, solicitar precisiones sobre la distribución de responsabilidades o incluso rechazarla si considera que los hechos ya prescribieron o que la prueba aportada resulta insuficiente. Cualquiera de esas decisiones marcará el ritmo con el que el Estado podrá, eventualmente, recuperar parte de los recursos comprometidos en la obra de Apurímac.
