La constitución de JDBL y Compañía, S.A. de C.V., en julio de 2020, vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre inversión privada, infraestructura logística y redes políticas en un momento de creciente vigilancia sobre el contrabando de combustibles en México. La empresa, integrada por Juan Domingo Beckmann Legorreta y Mauricio Garduño González Elizondo, tiene entre sus facultades participar en proyectos portuarios y en el suministro de combustibles y lubricantes, actividades especialmente sensibles por su vínculo con aduanas, terminales marítimas y comercio exterior.
La información registral revisada por EL UNIVERSAL indica que la sociedad fue creada en Ciudad de México con una vigencia de 99 años. Su objeto corporativo contempla inversiones directas e indirectas en administración, gestión y construcción de puertos, así como en infraestructura general. También prevé intervenir en el abastecimiento de combustibles en zonas portuarias, una operación conocida en el sector marítimo como bunkering o avituallamiento.
Una estructura orientada a invertir, no a operar directamente
El acta constitutiva, por sí sola, no acredita que JDBL y Compañía importe, transporte, almacene o comercialice hidrocarburos. Para realizar esas actividades de forma directa se requieren permisos vigentes de las autoridades energéticas competentes, entre ellas la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía, según el tipo de operación. La revisión citada señala que la compañía no figura con permisos operativos de comercialización de hidrocarburos ante la CRE.
Ese dato delimita el alcance actual de la empresa. Su diseño legal parece corresponder a un vehículo de capital para participar en proyectos de terceros que sí cuenten con autorizaciones regulatorias, más que a un operador de combustible con infraestructura propia. No obstante, sus estatutos le permiten solicitar permisos en el futuro, lo que mantiene abierta la posibilidad de ampliar su papel dentro del negocio energético y portuario.
La composición accionaria concentra el control
La propiedad de la sociedad está prácticamente concentrada en Juan Domingo Beckmann Legorreta, quien posee 99 mil 999 acciones. Mauricio Garduño González Elizondo cuenta con una sola acción, de acuerdo con los documentos corporativos. Esta distribución indica que Beckmann tiene el control económico y societario de JDBL y Compañía, mientras que Garduño participa como socio minoritario.
La empresa tiene como apoderados legales a Vianney Ramos Rosales, Alexander Gijs Van Tienhoven, José Alfredo García López Gala y Victoria Isabel Cortés Iturralde. La existencia de apoderados no determina por sí misma la operación concreta de la firma, pero refleja una estructura jurídica preparada para representar intereses corporativos, celebrar actos administrativos y participar en negocios que pueden requerir interlocución con actores públicos y privados.
La reunión que amplificó las preguntas
La atención sobre la sociedad aumentó tras conocerse una reunión privada en el restaurante Magazzino, en la colonia Condesa, en la que participaron Beckmann, Garduño y Andrés Manuel López Beltrán. Los videos del encuentro fueron difundidos por el columnista Héctor de Mauleón. Beckmann forma parte además del Consejo Asesor Empresarial del gobierno federal, mientras que Garduño es dueño de distintas empresas, algunas con contratos a nivel federal.
El encuentro no prueba una conducta ilícita ni establece un vínculo operativo entre JDBL y Compañía y una red de contrabando. Sin embargo, adquiere relevancia pública porque ocurre en un contexto en el que autoridades mexicanas y agencias estadounidenses investigan presuntas operaciones de huachicol fiscal relacionadas con puertos y aduanas fronterizas de Tamaulipas. La coincidencia entre perfiles empresariales interesados en infraestructura y combustibles, y áreas bajo investigación por vulnerabilidades aduaneras, eleva la necesidad de transparencia.
El combustible como punto crítico de la cadena logística
El bunkering es una actividad estratégica: abastecer combustible a embarcaciones requiere acceso a terminales, coordinación logística, cumplimiento fiscal y controles de seguridad. En los puertos, una diferencia entre el volumen declarado, la clasificación arancelaria y la carga efectivamente movilizada puede tener consecuencias tributarias y penales. Por ello, la participación en este sector exige más que una cláusula corporativa amplia; depende de permisos, trazabilidad documental y supervisión constante.
La investigación sobre huachicol fiscal ha puesto en evidencia que el riesgo no se limita al robo físico de combustible. El esquema puede incluir la subdeclaración de hidrocarburos importados, el uso de clasificaciones arancelarias incorrectas y la presentación de información falsa en pedimentos. Estas prácticas reducen el pago de impuestos y generan una ventaja indebida frente a empresas que cumplen con los costos regulatorios y fiscales del mercado formal.
El antecedente de Portacelis Gas and Oil
En esta trama, la empresa públicamente vinculada con López Beltrán ha sido Portacelis Gas and Oil, propiedad de Jorge Amílcar Olán, amigo del hijo del expresidente. De acuerdo con la información publicada, esa compañía es investigada por el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda por un presunto adeudo de 834 millones de pesos en impuestos, relacionado con 139 pedimentos fraudulentos de importación de combustibles mediante información falsa en ferrotanques.
La referencia a Portacelis no equivale a atribuir responsabilidades a JDBL y Compañía ni a sus socios. Son sociedades distintas y los señalamientos deben analizarse con base en expedientes, permisos, operaciones verificables y resoluciones de autoridad. Pero el caso ilustra la dimensión económica de las irregularidades aduaneras y explica por qué cualquier empresa con objeto social relacionado con combustibles, puertos o infraestructura logística puede quedar sujeta a un mayor escrutinio público.
Lo que deberá esclarecerse
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, sostuvo que desde 2018 comenzó a expandirse la importación y exportación de hidrocarburos con clasificaciones arancelarias incorrectas, un fenómeno que favoreció vínculos entre organizaciones criminales y empresas nacionales o extranjeras. Su señalamiento describe un problema estructural: cuando la fiscalización falla en puertos, ferrocarriles y aduanas, la opacidad puede convertirse en un factor de rentabilidad para redes ilícitas.
En ese escenario, la información más relevante no es únicamente que una empresa tenga facultades legales para invertir en combustibles, sino conocer si solicita permisos, en qué proyectos participa, quiénes son sus contrapartes y qué controles aplican las autoridades. La diferencia entre una inversión corporativa legítima y una operación con riesgos regulatorios depende de esa trazabilidad. Mientras no existan hallazgos oficiales que vinculen a JDBL y Compañía con actividades ilegales, el caso debe abordarse con precisión: como una empresa con un objeto social sensible, conexiones empresariales y políticas que ameritan transparencia, pero sin sustituir la evidencia por insinuaciones.
