Mexicali, B.C. El proceso judicial por la muerte de Amparito, la adulta mayor atacada por perros en Villas del Rey, alcanzó el lunes 29 de junio de 2026 su etapa más avanzada con el inicio de la audiencia de juicio oral en el Centro de Justicia de Río Nuevo. La Fiscalía y la defensa de Bella “N”, la imputada más joven, expusieron sus alegatos iniciales y comenzaron el desahogo de pruebas y testimonios ante el Tribunal.
La división del procedimiento en dos causas separadas obedece a recursos legales interpuestos por la defensa. Esto ha derivado en que el caso contra Bella “N” avance primero, mientras que la audiencia intermedia contra Leticia “N”, su madre, quedó programada para el 27 de julio. La fragmentación del expediente refleja las garantías procesales vigentes en el sistema acusatorio mexicano, donde cada imputado tiene derecho a una defensa individualizada, aunque genera duplicidad de esfuerzos y dilaciones adicionales para las víctimas.
Antecedentes del ataque y cronología del caso
Amparito falleció tras ser agredida por varios perros en la colonia Villas del Rey. El suceso ocurrió hace aproximadamente 22 meses y generó una investigación que incluyó la recolección de pruebas periciales, testimonios vecinales y análisis de responsabilidad de los dueños de los animales. Desde el principio, la Fiscalía General del Estado de Baja California sostuvo que existían elementos para imputar a dos personas por omisión de cuidado y lesiones calificadas que derivaron en homicidio.
El caso ha transitado por las etapas de investigación inicial, vinculación a proceso y audiencia intermedia. La separación de los juicios responde a estrategias defensivas que han prolongado los tiempos procesales, una práctica frecuente en expedientes donde participan varios imputados y que obliga a las familias de las víctimas a enfrentar audiencias repetidas.
Testimonios y postura de la familia
Ana Lidia Soto Romero, hija de la víctima, asistió a la audiencia y expresó que el proceso representa el mínimo que el Estado debe ofrecer tras casi dos años de espera. Destacó la perseverancia de su madre y afirmó que el cansancio acumulado no impedirá continuar hasta obtener una resolución firme. Sus declaraciones ponen de relieve el desgaste emocional que enfrentan los familiares cuando los procedimientos se extienden por recursos sucesivos.
La activista también señaló que, para la causa de Leticia “N”, el juicio prácticamente reiniciará, mientras que contra Bella “N” ya se desahogan pruebas en la etapa oral. Esta diferencia de ritmo ilustra cómo las decisiones procesales afectan de manera desigual a cada parte y plantean preguntas sobre la eficiencia del sistema para resolver casos de alta sensibilidad social.
Aspectos procesales y contexto legal
En el sistema de justicia penal acusatorio de Baja California, el juicio oral constituye la fase donde se presentan y contradicen las pruebas de manera pública y contradictoria. El Tribunal debe valorar la totalidad de los elementos aportados por ambas partes antes de dictar sentencia. La celebración de alegatos de apertura marca el inicio formal de esta etapa y permite a los jueces formarse una primera impresión sobre la teoría del caso de cada lado.
La división de los procedimientos, aunque protege derechos individuales, también pone a prueba la capacidad de las fiscalías para mantener coherencia en la narración de los hechos cuando los casos se fragmentan. Expertos en derecho procesal señalan que estas separaciones suelen responder a diferencias de edad o grado de participación, pero generan costos adicionales tanto para el erario como para las víctimas.
Perspectivas sobre la resolución del caso
El próximo 27 de julio definirá si el expediente contra Leticia “N” avanza hacia juicio oral o si se presentan nuevos recursos. Mientras tanto, la causa contra Bella “N” continúa su curso con la expectativa de que las audiencias subsiguientes permitan concluir el desahogo probatorio en tiempos razonables. La familia ha insistido en que cualquier resolución, sea cual sea, debe llegar sin más demoras injustificadas.
El caso de Amparito evidencia tensiones habituales entre el derecho a la defensa y el derecho de las víctimas a una justicia pronta. Las declaraciones de Ana Lidia Soto Romero reflejan la determinación de no abandonar el proceso, aun cuando las estrategias procesales de la defensa extiendan los plazos. La evolución de ambas causas permitirá observar cómo el Tribunal equilibra estas consideraciones en la emisión de una sentencia que, en su momento, deberá sustentarse en las pruebas desahogadas durante el juicio oral.
