A pesar de las declaraciones reiteradas de la presidenta de México y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el sentido de que la decisión estadounidense de no prolongar la vigencia del T-MEC por otros 16 años no habría generado incertidumbre, las reacciones observadas en los tres países del bloque indican lo contrario. La postura adoptada por el representante comercial de Estados Unidos tras la reunión sostenida el miércoles pasado ha reavivado dudas sobre la estabilidad de las reglas que rigen el comercio regional.
Contexto de la dependencia mexicana
México, como la economía más pequeña de América del Norte, mantiene una integración profunda con el mercado estadounidense. Según datos del Banco de México correspondientes al primer cuatrimestre del año, 83 por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigieron a Estados Unidos, mientras que 34 por ciento de las importaciones totales provinieron de ese país y representaron 59 por ciento del comercio exterior mexicano. Esta estructura hace que cualquier modificación en las condiciones de acceso al mercado estadounidense tenga efectos inmediatos en las decisiones de inversión y producción.
Las políticas internas que han reforzado el papel del Estado en sectores estratégicos desde el sexenio anterior han coincidido con una etapa de estancamiento en la llegada de nuevas inversiones privadas. En este escenario, la claridad y la predictibilidad de las normas comerciales adquieren mayor relevancia para los agentes económicos.
Reacciones del sector privado y legislativo
Tras conocerse el resultado de la reunión entre Ebrard, el ministro canadiense Dominic LeBlanc y el representante Jamieson Greer, varias organizaciones empresariales de Canadá y Estados Unidos emitieron comunicados que subrayaron el impacto de la decisión. El Business Council of Canada, el Council of the Great Lakes Region, el Business Roundtable y la Cámara de Comercio de Estados Unidos coincidieron en que la falta de una extensión automática del tratado pospondrá decisiones de inversión y reconfiguración de cadenas de suministro en toda la región.
Estudios independientes refuerzan esta lectura. El Peterson Institute for International Economics de Washington y el informe Beyond Renewal elaborado en Ottawa por Perrin Beatty, Drew Fagan y Fen Hampson llegaron a conclusiones similares sobre el efecto paralizante que genera la ausencia de reglas de largo plazo.
En el plano legislativo, un grupo de 20 congresistas estadounidenses, encabezados por los demócratas Angie Craig, Shontel Brown, Jim Costa y Alma Adams, remitieron una carta a la negociadora agrícola del USTR y al subsecretario de Agricultura en la que destacaron la importancia de México y Canadá para el sector agroindustrial de Estados Unidos y la necesidad de reducir la incertidumbre derivada de la postergación de la revisión del tratado. Legisladores del Comité de Medios y Arbitrios, tanto republicanos como demócratas, solicitaron mayor claridad sobre los procedimientos que regirán las revisiones anuales.
Factores que alimentan la inestabilidad
Tres elementos principales explican el aumento de la incertidumbre. En primer lugar, la política comercial estadounidense ha quedado fuertemente centralizada en las decisiones del presidente Trump, quien suele actuar con base en percepciones personales y con menor peso de las recomendaciones del sector privado, el gabinete o el Congreso. En segundo lugar, la intención de restablecer aranceles recíprocos surge después de que la Corte Suprema declarara ilegales algunos gravámenes aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia. En tercer lugar, la mayoría republicana en ambas cámaras ha permitido que el Ejecutivo mantenga al margen al Poder Legislativo en las negociaciones comerciales con Brasil, India y la Unión Europea, lo que ha facilitado cambios unilaterales en acuerdos previamente alcanzados.
La aplicación de estos instrumentos de manera discrecional afecta especialmente a sectores que requieren planeación de mediano y largo plazo, como la agroindustria y la manufactura avanzada.
Próximas medidas arancelarias
Mañana el USTR celebrará una audiencia pública para escuchar a representantes de más de 40 países, entre ellos México, sobre la posible imposición de un arancel adicional de entre 10 y 12.5 por ciento a productos manufacturados con presunto trabajo forzoso. El artículo 6 del capítulo 23 del T-MEC obliga a las partes a impedir la importación de bienes elaborados bajo esas condiciones. Estados Unidos planea aplicar este gravamen, junto con otro vinculado al exceso de capacidad productiva, a partir del 24 de julio, al día siguiente del vencimiento de los aranceles de la sección 122.
Adicionalmente, la Corte de Comercio Internacional confirmó el martes la cuota antidumping sobre el tomate mexicano. Existen peticiones pendientes para revisar las cuotas al azúcar, aplicar medidas sobre la carne e iniciar investigaciones sobre importaciones estacionales de pescado y mariscos. Cada una de estas acciones añade capas de complejidad a las decisiones de los exportadores mexicanos.
La combinación de revisiones anuales sin reglas claras, la posibilidad de nuevos aranceles y la influencia personal del presidente estadounidense sobre la política comercial configura un entorno en el que las empresas deben evaluar constantemente escenarios de riesgo. Para una economía como la mexicana, cuya integración productiva depende en gran medida de la previsibilidad del acceso al mercado estadounidense, la ausencia de certidumbre prolongada puede traducirse en menores flujos de inversión y en una reconfiguración más lenta de las cadenas de valor regionales.
