La advertencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California llega en un punto delicado: la violencia política contra las mujeres por razón de género se ha convertido en una herramienta indispensable para proteger derechos, pero también en un terreno vulnerable al abuso. Vera Juárez Figueroa, consejera del IEEBC, planteó el problema con una claridad que rara vez se escucha en discusiones públicas: denunciar debe seguir siendo una vía de defensa real, no un mecanismo para blindar a una funcionaria o desactivar una crítica legítima. La línea divisoria importa más de lo que parece, porque de ella depende tanto la credibilidad de la norma como la confianza de quienes sí enfrentan agresiones sistemáticas.
El dato central del caso es concreto: durante 2026 el instituto ha recibido 12 denuncias por violencia política en razón de género. Seis continúan en etapa de instrucción, tres ya fueron turnadas al Tribunal para su análisis y ninguna ha obtenido todavía resolución. Esa fotografía dice dos cosas al mismo tiempo. Primero, que el uso de la figura no es marginal y ya forma parte del mapa cotidiano de conflicto político local. Segundo, que el sistema institucional todavía opera con tiempos largos y resultados abiertos, lo que deja a denunciantes y señalados en una zona de incertidumbre donde cada caso pesa no solo por su fondo jurídico, sino por el efecto público que produce.
El núcleo de la discusión no está en negar la violencia, sino en depurar su uso. Juárez Figueroa insistió en que cualquier persona puede cuestionar a quienes ocupan cargos públicos, pero las críticas deben referirse al desempeño, a la gestión, a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas, no al cuerpo, la vida sentimental o los estereotipos sobre cómo “debe” comportarse una mujer en política. Ahí se encuentra la primera idea de fondo: la categoría jurídica fue diseñada para corregir desigualdades estructurales, no para convertir en ilícito todo señalamiento incómodo. Cuando ese matiz se pierde, la norma corre el riesgo de percibirse como un escudo de privilegio y no como un instrumento de justicia.
Esa tensión ya ha empezado a afectar a medios, partidos y candidaturas. El propio IEEBC ha impartido capacitaciones para promover un lenguaje que permita ejercer la libertad de expresión sin reproducir estereotipos de género. La decisión es relevante porque el problema no se agota en los tribunales. En la práctica política local, donde la visibilidad de las mujeres ha crecido y la competencia por posiciones de poder es más intensa, un comentario sexista, una campaña de deslegitimación o una alusión a la vida privada puede escalar con rapidez. El costo reputacional, aun sin resolución condenatoria, puede ser alto para cualquier actor. Por eso la prevención no es un adorno pedagógico: es una medida de gobernabilidad democrática.
La segunda lectura, menos visible pero más importante, es que el instituto está tratando de administrar un aumento de litigiosidad en un contexto de alta sensibilidad. Que ya existan 12 denuncias en agosto de 2026, cuando el proceso electoral local apenas comenzará el 6 de diciembre, sugiere que la disputa por esta figura no se concentrará solo en campaña, sino en la fase previa de posicionamiento, redes, precandidaturas y control narrativo. En otras palabras, la violencia política de género no aparece únicamente cuando se compite por el voto; también opera antes, como mecanismo para condicionar reputaciones, anticipar apoyos o contener aspiraciones. Esa anticipación agrava el problema porque obliga a las autoridades a decidir con información incompleta y bajo presión pública.
Desde la perspectiva de las mujeres en política, el dilema es real. La expansión de esta protección ha permitido nombrar conductas que antes quedaban normalizadas: burlas por la apariencia, campañas de difamación sexualizada, exclusión de espacios de decisión o ataques que buscan expulsarlas de la esfera pública. Sin embargo, cuando una categoría de protección se vuelve demasiado fácil de invocar, también aumenta el riesgo de que se diluya la credibilidad de quienes sí están en situación de vulnerabilidad. La consecuencia no es menor: si la opinión pública empieza a sospechar de cada denuncia, el daño recae sobre las víctimas auténticas, no sobre quienes abusan del recurso. Ese es el costo institucional más alto y el más difícil de revertir.
Los partidos políticos también tienen responsabilidad directa. En un entorno polarizado, algunos incentivan la lógica de la denuncia defensiva: si una crítica incomoda, se judicializa; si una candidata queda expuesta por errores propios, se traslada el debate al terreno de género; si un adversario gana terreno, se busca frenar su avance por la vía normativa. Esa práctica degrada el debate público y convierte un instrumento protector en arma táctica. Pero el extremo contrario tampoco es aceptable: minimizar denuncias con el argumento de que “todo se exagera” es una forma de regresar a la desprotección histórica. El equilibrio exige una cultura política más sofisticada que la simple defensa corporativa o la negación automática.
Hay también una dimensión institucional que merece atención. El hecho de que varias denuncias permanezcan en instrucción y otras estén en el Tribunal sin resolución visible revela una arquitectura de respuesta que aún depende demasiado del trámite y demasiado poco de criterios uniformes y rápidos. Cuando no hay resoluciones oportunas, se deja espacio para narrativas contradictorias: para unos, la autoridad protege a las denunciantes; para otros, criminaliza la crítica. La falta de definición oportunamente alimenta ambas sospechas. De ahí que la calidad de la evidencia, la motivación de las denuncias y la consistencia de los criterios probatorios deban ser más exigentes que nunca.
El escenario que se abre hacia fin de año es claro. Con el arranque formal del proceso electoral local en diciembre, aumentarán la exposición, los conflictos intrapartidarios y la tentación de convertir disputas políticas en controversias de género. El IEEBC ya cuenta con una red de mujeres candidatas y herramientas de orientación, pero la eficacia de esa red dependerá de algo más que la capacitación: necesitará confianza, tiempos de respuesta breves y una comunicación pública que distinga con precisión entre crítica legítima y agresión discriminatoria. Si esa distinción se mantiene nítida, la figura conservará fuerza; si se vuelve ambigua, el sistema entero perderá legitimidad.
El riesgo mayor no es solo que se presenten más denuncias, sino que crezca la percepción de que cualquiera puede usar el lenguaje de la violencia política para resolver disputas de poder. Cuando eso ocurre, se erosiona la función preventiva de la norma y se premia la litigación estratégica. La salida no pasa por restringir derechos, sino por elevar el estándar de prueba, profesionalizar la recepción de quejas y exigir a todos los actores un lenguaje público menos sexista y más preciso. En una democracia local que todavía aprende a convivir con la paridad, esa es la diferencia entre una herramienta que corrige desigualdades y otra que termina sirviendo a la manipulación.
