El Gobierno federal estima que México podría reducir de 75% a 50.5% su dependencia de las importaciones de gas natural hacia 2030, aunque todavía no existe una decisión para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales mediante fractura hidráulica, conocida como fracking. La posibilidad forma parte de una evaluación científica y técnica cuyos avances serán publicados en el portal soberaníaenergetica.gob.mx.
La información difundida este miércoles establece que el país tiene un potencial estimado de 141.5 millones de millones de pies cúbicos de gas en formaciones no convencionales. Sin embargo, el Gobierno advierte que esa cifra corresponde a un recurso potencial y no a reservas probadas. Para determinar cuánto podría aprovecharse se requieren estudios geológicos, geofísicos, perforaciones exploratorias y una certificación de las condiciones ambientales y sociales de cada región.
Una evaluación que aún no autoriza proyectos
La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a informar sobre las discusiones del comité de científicos que analiza la eventual extracción de gas natural atrapado en formaciones que, por sus características, podrían requerir técnicas como el fracking. El portal oficial subraya expresamente que la pregunta sobre si ya se decidió extraer esos recursos tiene una respuesta negativa.
La precisión es relevante porque la existencia de gas técnicamente recuperable no implica, por sí misma, que un área vaya a ser perforada. El comité estudia también la disponibilidad y protección del agua, la densidad de población, la biodiversidad, las actividades económicas y los posibles impactos sobre los ecosistemas. En consecuencia, las zonas identificadas como aptas para continuar su análisis no equivalen a una autorización de explotación ni al uso generalizado del territorio estatal.
Tampico-Misantla queda fuera del escenario
Las primeras conclusiones mencionadas la semana pasada durante una conferencia en Palacio Nacional distinguen entre las principales provincias con potencial de gas no convencional. Para la cuenca Tampico-Misantla, el análisis recomienda prohibir la extracción debido a factores sociales, ambientales, de biodiversidad y densidad poblacional.
La recomendación supone una restricción específica para una de las regiones evaluadas, pero no constituye una prohibición general para todo el país. En contraste, en las provincias Burgos y Sabinas-Burro-Picachos se plantea continuar los estudios de viabilidad en áreas de Coahuila, Nuevo León y el noreste de Tamaulipas. La delimitación precisa de esas áreas dependerá de la evidencia que arrojen las investigaciones posteriores.
El Gobierno sostiene que cualquier eventual proyecto tendría que demostrar primero que existe agua salada en formaciones profundas y que esta se encuentra separada de los acuíferos utilizados para consumo. También sería necesario establecer la cantidad real de gas recuperable, evaluar los riesgos de la perforación y definir medidas de mitigación antes de considerar una fase de explotación.
Agua, comunidades y vigilancia ambiental
Entre las condiciones planteadas por el comité se encuentra la prohibición de utilizar agua superficial o subterránea para las operaciones. En su lugar, se propone emplear exclusivamente agua salada de formaciones profundas o agua residual. El planteamiento incluye reutilizar y reciclar al menos 75% del líquido empleado, además de mantener un monitoreo permanente de su calidad.
El esquema también contempla evitar productos químicos tóxicos, favorecer circuitos cerrados para el manejo del agua y hacer pública la lista de aditivos utilizados. Estas medidas buscan responder a uno de los principales cuestionamientos asociados con la fractura hidráulica: el riesgo de afectar fuentes de agua potable por filtraciones, manejo inadecuado de residuos o fallas en la integridad de los pozos.
En materia territorial, el comité plantea realizar consultas previas, libres e informadas con las comunidades antes de cualquier proyecto. También recomienda promover el empleo local, preservar las actividades económicas existentes y reducir la huella de la perforación. En el ámbito ambiental, propone proteger acuíferos y ecosistemas, prevenir riesgos operativos y garantizar el tratamiento, reciclaje y disposición adecuada del agua y de los materiales utilizados.
La prioridad inmediata sigue siendo el gas convencional
Las conclusiones divulgadas no se limitan a los yacimientos no convencionales. El comité recomienda acelerar la incorporación de fuentes renovables para la generación eléctrica, aplicar programas nacionales de eficiencia energética, aumentar la producción de gas convencional y detener la quema de gas asociado a la extracción de petróleo.
Esta combinación muestra que la reducción de importaciones prevista para 2030 no dependería exclusivamente del fracking. El objetivo también estaría vinculado con producir más gas convencional, aprovechar mejor el gas que actualmente se quema y moderar el consumo de energía. La participación de fuentes renovables podría disminuir la presión sobre el gas en el sector eléctrico, aunque el alcance de ese efecto dependerá del ritmo de instalación, la infraestructura disponible y la estabilidad del sistema.
La dependencia externa representa un elemento central del debate. México necesita importar una parte sustancial del gas que consume, principalmente para abastecer la generación eléctrica y diversas actividades industriales. Reducir esa exposición podría mejorar la seguridad energética y limitar la vulnerabilidad ante cambios en precios, disponibilidad o condiciones del suministro internacional. No obstante, convertir el potencial geológico en producción efectiva requiere inversiones, infraestructura, permisos, estudios ambientales y aceptación social.
Reservas por confirmar antes de decidir
El siguiente paso señalado por el Gobierno es realizar estudios de reservas para confirmar, mediante análisis científicos y geofísicos, cuánto gas existe realmente y qué volumen puede recuperarse bajo condiciones técnicas, ambientales y económicas aceptables. También se prevé perforar pozos para verificar la presencia de agua salada profunda sin conexión con acuíferos someros.
El comité propone aplicar las mejores tecnologías disponibles para manejar subproductos y reducir daños, establecer supervisión científica constante sobre los recursos hídricos, los ecosistemas y la actividad sísmica, así como mantener un monitoreo independiente de las operaciones. A ello se suma la creación de cadenas de proveeduría y empleos en las regiones de influencia.
Por ahora, la ruta oficial combina una prohibición tajante en Tampico-Misantla con una etapa de investigación en otras provincias y una apuesta paralela por las renovables, la eficiencia y el gas convencional. La eventual explotación de recursos no convencionales quedará condicionada a que los estudios confirmen reservas aprovechables y a que se acrediten salvaguardas verificables para el agua, las comunidades y el medio ambiente.
