La extorsión y la inseguridad que afectan a las zonas productoras de Michoacán volvieron a poner en riesgo la exportación de aguacate mexicano hacia Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses suspendieron temporalmente las inspecciones fitosanitarias necesarias para autorizar los envíos, luego de que personal encargado de supervisar el proceso reportara amenazas contra su seguridad. La interrupción frenó una actividad comercial que depende de la certificación estadounidense y expuso nuevamente la vulnerabilidad de productores, empacadores, transportistas y comerciantes.
Las inspecciones comenzaron a restablecerse de forma gradual después de que México desplegara elementos de seguridad en municipios considerados estratégicos para la producción y el traslado del fruto. Sin embargo, la reanudación operativa no eliminó el problema de fondo: los cobros de piso, los robos, los asaltos y las amenazas continúan condicionando la actividad económica en distintas regiones del estado.
Una suspensión con efecto inmediato en las exportaciones
Los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos verifican que el aguacate cumpla con las normas fitosanitarias, de inocuidad y de calidad exigidas para ingresar a ese mercado. De acuerdo con Juan Carlos Venegas Álvarez, productor y exportador entrevistado por La Razón, cuando uno de los inspectores considera que existe una amenaza, informa a sus autoridades y las actividades pueden suspenderse de inmediato.
La relación entre inspección y exportación es directa. Sin la certificación correspondiente, los empaques no pueden continuar normalmente con el proceso de envío hacia Estados Unidos, principal destino del aguacate mexicano. La medida, por tanto, no sólo afecta el trabajo de los supervisores, sino también la cadena de suministro, la programación de cortes en los huertos y la salida de mercancía almacenada.
Cuando comenzó a levantarse el bloqueo, alrededor de nueve mil toneladas permanecían almacenadas en 45 empaques. Según el productor, unas cinco mil 800 toneladas ya habían salido para el lunes posterior al restablecimiento parcial, mientras que el resto se enviaría durante los días siguientes. También se reactivaron cientos de cortes de aguacate en huertos destinados al mercado de exportación.
El cobro por kilo alcanza a toda la cadena
Venegas señaló que la actividad aguacatera genera recursos suficientes para atraer a grupos delincuenciales. La extorsión, explicó, no se concentra en un solo punto: alcanza a quienes producen, empacan, transportan y comercializan el fruto. Las cantidades exigidas pueden ir de 10 o 50 centavos hasta un peso por cada kilogramo de aguacate, un cobro que, aplicado a grandes volúmenes, representa un costo considerable para las empresas y puede trasladarse a toda la cadena.
En muchos casos, el contacto inicial ocurre mediante llamadas telefónicas en las que se formulan amenazas y se busca generar temor. Si la víctima se niega a pagar, puede enfrentar advertencias de ataques contra su negocio, asaltos o incluso asesinatos. El cobro también puede realizarse mediante la presencia de personas armadas o integrantes de grupos criminales en huertos y empaques, aunque el productor indicó que existen otros mecanismos cuyo funcionamiento varía según la región.
La dimensión del problema también está relacionada con el bajo nivel de denuncia. Productores y comerciantes temen represalias y, además, expresan desconfianza hacia las instituciones responsables de investigar y sancionar estos delitos. Venegas afirmó que algunos afectados sospechan de posibles vínculos entre la delincuencia organizada y autoridades, una percepción que, sin constituir por sí misma una prueba de colusión, dificulta la cooperación con las investigaciones y reduce la información disponible para perseguir a los responsables.
Seguridad en municipios estratégicos
Tras la suspensión, México comenzó a enviar elementos de seguridad para generar condiciones que permitieran el regreso de los inspectores estadounidenses. El avance se reportaba en Tancítaro, Uruapan, Tacámbaro, Pátzcuaro y parte del corredor hacia Morelia, aunque todavía quedaban municipios pendientes de incorporar plenamente al esquema de vigilancia.
El despliegue busca proteger a los inspectores y ofrecer garantías al Gobierno de Estados Unidos, pero el sector considera que la presencia de elementos en las calles resulta insuficiente si no está acompañada de investigaciones. Para el productor, una estrategia eficaz debería incluir atención inmediata a las denuncias, análisis de las llamadas de extorsión, seguimiento de los flujos de dinero y detenciones sustentadas en evidencia. Vigilar accesos y recorridos, sostuvo, no desarticula por sí solo las redes que controlan el cobro.
El antecedente no es nuevo. En 2024 ya se habían reportado amenazas contra inspectores estadounidenses y se habían establecido compromisos para reforzar su seguridad. La repetición de un episodio similar muestra que los acuerdos de protección deben convertirse en mecanismos permanentes de prevención y respuesta, especialmente en las zonas donde confluyen producción, almacenamiento y transporte.
El margen de la fruta no elimina las pérdidas
El aguacate puede soportar una interrupción limitada, pero no indefinida. Al inicio de la temporada, cuando todavía está completamente verde, puede conservarse aproximadamente 30 días bajo refrigeración antes de avanzar demasiado en su maduración. Después, parte del producto puede destinarse a la elaboración de guacamole u otros procesos, aunque con menores posibilidades de comercialización en las condiciones originalmente previstas.
Una suspensión prolongada elevaría las pérdidas económicas porque afectaría simultáneamente la fruta almacenada, los cortes programados, los contratos de exportación y los ingresos de trabajadores y empresas vinculados con el sector. La dependencia del mercado estadounidense amplifica ese riesgo: cualquier interrupción de las inspecciones repercute con rapidez en una cadena orientada a cumplir calendarios y condiciones específicas de entrega.
Venegas subrayó que el conflicto actual no está relacionado con la calidad sanitaria del aguacate. La industria, afirmó, cumple con los requisitos de inocuidad, sanidad y calidad establecidos por Estados Unidos. El obstáculo que amenaza las exportaciones es la inseguridad, una circunstancia que también puede deteriorar la confianza comercial y elevar los costos de operación, aun cuando el producto mantenga sus condiciones fitosanitarias.
Una exigencia que rebasa al aguacate
La extorsión afecta asimismo a productores de limón y a otras actividades económicas de Michoacán. En Uruapan y en distintas regiones del estado persisten denuncias sobre asesinatos, robos, asaltos y cobros de piso. El sector productivo reclama garantías para trabajar y sostiene que la seguridad debe entenderse como una responsabilidad institucional, no como una concesión.
El productor relató que entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum un oficio durante una visita a Michoacán para solicitar asistencia institucional por una denuncia de extorsión contra comerciantes de Uruapan. Posteriormente, personal representante del secretario de Seguridad recibió evidencias y el número de denuncia. El caso ilustra la búsqueda de respaldo político, aunque el desafío central sigue siendo que la atención institucional derive en investigaciones eficaces y resultados verificables.
Estados Unidos ha priorizado la protección de sus inspectores al suspender las actividades cuando percibe riesgos. El reclamo de los productores mexicanos es que el Estado adopte el mismo nivel de protección para quienes sostienen la producción y el comercio. La continuidad de las exportaciones depende de que las inspecciones puedan realizarse, pero la estabilidad del sector exige algo más amplio: reducir la extorsión, recuperar la confianza para denunciar y garantizar que trabajar en las zonas aguacateras no implique aceptar amenazas como parte de los costos cotidianos.
