Un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a Marco Antonio “N.”, expolicía municipal de Mineral de la Reforma, por el feminicidio de su expareja Rosaura y el homicidio de dos integrantes de su familia, además del intento de homicidio contra otros dos sobrevivientes. La resolución llegó un año y cinco meses después del ataque en Azoyatla, donde tres personas perdieron la vida.
Responsabilidad penal acreditada en el juicio
El Tribunal del Distrito Judicial de Pachuca estableció que el acusado actuó con dolo en cada uno de los ataques. La sentencia abarca feminicidio por la muerte de Rosaura, homicidio doloso calificado por la muerte de su madre y un hermano, y homicidio doloso calificado en grado de tentativa por las lesiones al padre y otro hermano. Este fallo marca el cierre de la etapa de juicio oral y deja al exagente en calidad de culpable, pendiente solo de la determinación de la pena.
El ataque del 5 de febrero de 2025
Los hechos ocurrieron dentro de una vivienda en Azoyatla. Marco Antonio “N.” ingresó al domicilio y utilizó un arma punzocortante contra cinco miembros de la misma familia. Rosaura, su madre y un hermano fallecieron en el lugar; el padre y otro hermano lograron sobrevivir con lesiones graves. La detención del agresor se realizó el mismo día, lo que permitió iniciar de inmediato el proceso penal que ahora concluye con condena.
Antecedentes de violencia y medidas cautelares incumplidas
El caso revela una secuencia previa de agresiones que las autoridades ya conocían. En 2024 Marco Antonio “N.” enfrentó un proceso por violencia familiar y permaneció menos de un mes en prisión. Una jueza suspendió el procedimiento y lo liberó bajo la prohibición de acercarse a Rosaura. La víctima se opuso a esa decisión y expresó temor por su seguridad. El Ministerio Público respaldó en ese momento la postura de mantenerlo privado de la libertad, sin que esa recomendación prevaleciera.
Nueva denuncia días antes del crimen
El 26 de enero de 2025 el acusado volvió a privar de la libertad a Rosaura. Ella presentó otra denuncia por violencia familiar. La audiencia correspondiente fue aplazada a solicitud de la defensa. El 5 de febrero, antes de que se celebrara esa diligencia, ocurrió el ataque en Azoyatla. Esta cronología ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas de protección otorgadas a la víctima.
Condenas previas y acumulación de penas
Antes del fallo del 7 de julio de 2026, Marco Antonio “N.” ya había recibido dos sentencias por delitos distintos: diez años y seis meses de prisión por violencia familiar, y nueve años, cuatro meses y nueve días por privación ilegal de la libertad. Estas condenas corresponden a hechos anteriores y se sumarán a la pena que se determine el 9 de julio durante la audiencia de individualización de sanciones en Pachuca.
El siguiente paso procesal
La audiencia del 9 de julio definirá tanto la duración de la pena de prisión como las medidas de reparación del daño a favor de los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Aunque la culpabilidad ya está establecida, la magnitud de la sanción y las obligaciones económicas o de otra índole que el sentenciado deberá cumplir aún están por resolverse. Este momento permitirá evaluar cómo el sistema judicial traduce la responsabilidad penal en consecuencias concretas para el agresor y en reparación efectiva para quienes resultaron afectados.
