La mayoría de los sectores productivos reclama una reducción tributaria que mejore la competitividad, especialmente tras años de apertura comercial que afectaron a la industria. El Gobierno ha registrado avances parciales, pero el IERAL advierte que una rebaja profunda sin desequilibrios fiscales demandará más de una década.
El peso de los tributos distorsivos en la recaudación
El centro de estudios vinculado a la Fundación Mediterránea calcula que los impuestos más distorsivos —derechos de exportación, impuesto a los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales— representan más del 7 % del PBI. Esa masa de recursos financia funciones esenciales de los tres niveles de gobierno y cualquier eliminación inmediata pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado tras años de desorden macroeconómico.
El informe elaborado por Osvaldo Giordano sostiene que la reducción del gasto público debe preceder a cualquier alivio tributario. Sin esa compensación previa, la pérdida de ingresos fiscales podría revertir los logros en materia de superávit primario.
El gradualismo como única vía realista
El escenario optimista del IERAL supone un crecimiento sostenido del 3,3 % anual. Aun bajo esa hipótesis, el Estado nacional necesitaría once años para compensar la caída de recursos derivada de la supresión simultánea de retenciones y del impuesto al cheque. Si la prioridad se concentra primero en los derechos de exportación, el campo podría esperar casi cuatro años para su eliminación total, mientras que el impuesto a las transferencias bancarias recién desaparecería siete años después.
Las provincias enfrentan plazos aún más extensos
A nivel subnacional los tiempos se alargan. Santa Fe y Mendoza requerirían unos catorce años; Córdoba, dieciséis; y la provincia de Buenos Aires, cerca de veinte. Estas estimaciones parten de un supuesto de gasto público congelado en términos reales y de la aplicación íntegra del mayor flujo de coparticipación al reemplazo de Ingresos Brutos y Sellos.
La reforma previsional como condicionante estructural
El gasto en jubilaciones y pensiones muestra una dinámica expansiva que complica cualquier ajuste. Mientras no se concrete una reforma del sistema previsional, las provincias y la Nación deberán sostener un esfuerzo de contención presupuestaria para que el gasto total no supere la inflación. El IERAL considera que las futuras reducciones del gasto serán, en el mejor de los casos, modestas.
Propuesta de un Super IVA para ordenar el sistema
El diagnóstico del instituto apunta a la superposición de gravámenes sobre un mismo hecho imponible. Las ventas quedan alcanzadas simultáneamente por el IVA nacional, Ingresos Brutos provincial y tasas municipales. La alternativa planteada consiste en avanzar hacia un “Super IVA” que concentre la recaudación en un solo tributo al consumo, manteniendo el nivel de ingresos con un diseño más simple y neutral.
Según el análisis, un esquema de esta naturaleza permitiría eliminar derechos de exportación sin resignar recursos, siempre que se fortalezca la recaudación de Ganancias y Bienes Personales. La experiencia del Consenso Fiscal de 2017 demostró que apostar exclusivamente al crecimiento para financiar bajas impositivas resulta insuficiente cuando no se acompaña de reformas estructurales de gasto.
