La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno comunicó el 7 de julio la inhabilitación de dos proveedoras para contratar con la Administración Pública Federal. Las resoluciones aparecieron ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación y las compañías quedaron registradas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios recibió una multa de 643 mil 188 pesos y un año de inhabilitación tras presentar información falsa en la licitación LA-50-GYR-050GYR022-N-19-2024, destinada al suministro de víveres para unidades médicas del IMSS. La notificación ocurrió el 18 de junio a través del Órgano Interno de Control de esa institución.
Atv de Sahuayo, por su parte, fue multada con 171 mil 972 pesos e inhabilitada por tres meses. La sanción derivó de la licitación LA-55-J9E-055J9E001-I-26-2025 para adquirir cascos de protección para motociclistas en el Servicio Postal Mexicano. La empresa adjuntó documentos sin verificar su autenticidad, actuando con mala fe según el órgano de control interno. La notificación se emitió el 29 de junio.
Consecuencias inmediatas para las contrataciones públicas
Ambas empresas pierden la posibilidad de participar en cualquier proceso de adjudicación federal mientras dure la inhabilitación. Este mecanismo busca evitar que quienes alteran información o omiten controles accedan a recursos públicos. La Secretaría enfatizó que las resoluciones respetan el debido proceso y que las afectadas pueden impugnarlas ante instancias competentes.
Ampliación del operativo a otras dependencias
El mismo comunicado reveló sanciones adicionales contra 35 servidores públicos y tres empresas por faltas en Pemex, IMSS, ISSSTE, AliBien y Sepomex. Las inhabilitaciones alcanzan hasta 15 años y las multas superan los 67 millones de pesos. Los casos más graves fueron resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras los de menor entidad quedaron a cargo de la propia Secretaría.
En Seguridad Alimentaria Mexicana, tres expedientes concentraron 53.7 millones de pesos en multas por pagos sin comprobante de entrega y por desviar contratos de distribución de leche. En el IMSS, un funcionario del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente fue inhabilitado 15 años por omitir información sobre riesgos quirúrgicos a un paciente en 2017.
Patrones detectados en Pemex y AliBien
Cuatro funcionarios de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex acumularon inhabilitaciones de 10 años por no formalizar contratos de resguardo de aeronaves y por autorizar pagos de servicios no prestados entre 2017 y 2018. Dos de ellos enfrentan una responsabilidad solidaria de 12.1 millones de pesos. En AliBien, tres exfuncionarios recibieron la misma sanción temporal, mientras una empresa quedó inhabilitada seis años y debe pagar 6.9 millones de pesos por 13 mil cajas de fruta deshidratada sin evidencia de recepción en 2019.
Implicaciones para la integridad del sistema de compras
Estas resoluciones evidencian que la presentación de datos falsos o la falta de verificación documental ya no queda sin consecuencia. Al inhabilitar a las empresas y sancionar a funcionarios con sumas elevadas, la autoridad envía una señal clara sobre los costos de manipular procesos licitatorios. El efecto esperado es un mayor escrutinio interno en las dependencias antes de autorizar pagos o adjudicaciones, aunque su alcance real dependerá de la consistencia con que se apliquen futuras resoluciones.
