La discusión sobre la dolarización en Argentina suele activarse como si se tratara de una disputa doctrinaria entre ortodoxos y heterodoxos. Pero el problema de fondo no pasa por la pureza del modelo, sino por la persistencia de un patrón histórico: la moneda propia existió formalmente, aunque rara vez funcionó como un instrumento creíble de estabilidad. En ese desfasaje entre diseño e ինտención, la Argentina acumuló décadas de inflación alta, devaluaciones recurrentes y una pérdida sostenida de confianza que terminó vaciando de contenido a la política monetaria.
En un país con inflación de dos dígitos durante largos períodos, el valor de la moneda deja de ser una referencia confiable para contratos, salarios, ahorro e inversión. El daño no es abstracto. Se ve en la imposibilidad de ofrecer hipotecas largas, en el acortamiento de los plazos comerciales y en el traslado de la incertidumbre al precio de cada decisión económica. Cuando el dinero local no conserva poder de compra de manera previsible, el crédito a 20 o 30 años deja de ser una herramienta de desarrollo y pasa a ser una apuesta imposible de evaluar.
Ese es el trasfondo que vuelve más compleja la comparación con otros países de la región. Chile, Uruguay y Perú no resolvieron todos sus problemas por la sola vía monetaria, pero sí consolidaron un entorno donde la inflación de un dígito permitió que el sistema financiero pensara en horizontes largos. Ecuador, en cambio, muestra el reverso de esa historia: dolarizado desde hace 25 años, logró estabilidad de precios, aunque sin una expansión equivalente del crédito privado como proporción del PBI. La lección es precisa: la dolarización no crea por sí misma un mercado financiero profundo, pero sí elimina una fuente central de inestabilidad que en Argentina lleva décadas condicionando cualquier intento de largo plazo.
La cuestión fiscal es igual de decisiva. En teoría, un país puede sostener moneda propia, disciplina presupuestaria y una autoridad monetaria confiable. En la práctica argentina, esa tríada casi nunca convivió por suficiente tiempo. Cuando el financiamiento externo se cerró, la salida recurrente fue emitir, licuar pasivos y trasladar el costo a la inflación. Eso ocurrió en episodios muy distintos entre sí, desde la crisis de 2001 hasta el ciclo 2018-2019 y buena parte de la pospandemia. El resultado fue siempre parecido: alivio de corto plazo y deterioro adicional de la credibilidad. La moneda dejó de ser refugio para convertirse en un canal más de erosión.
Por eso la dolarización no debería leerse como una celebración ideológica de la moneda extranjera. Es, más bien, una respuesta institucional al uso reiterado y costoso de una herramienta que el país no logró administrar con consistencia. El argumento del “segundo mejor” tiene peso porque parte de una constatación incómoda: la Argentina no exhibe antecedentes prolongados de estabilidad macroeconómica que permitan confiar en que, esta vez, la emisión discrecional quedará realmente contenida. El problema no es solo el próximo gobierno; es la memoria acumulada por empresas, ahorristas y trabajadores que ya aprendieron, por experiencia, que cada promesa de normalización puede durar menos que el ciclo político que la anuncia.
Las consecuencias de adoptar un esquema dolarizado serían amplias y no todas positivas. Se reduciría la capacidad de absorber shocks mediante política monetaria, lo que obligaría a un ajuste fiscal más transparente y temprano. Eso puede ordenar incentivos, pero también endurecer la transición en una economía con elevada informalidad y baja productividad. A la vez, la previsibilidad cambiaria podría reactivar sectores sensibles al crédito, como vivienda, bienes durables e inversión de mediano plazo, siempre que existan garantías jurídicas, ahorro interno y un sistema bancario capaz de canalizar depósitos de manera eficiente. Sin esas condiciones, la dolarización estabiliza precios, pero no garantiza por sí sola crecimiento sostenido.
El impacto social sería todavía más visible en el día a día. La estabilización monetaria suele sentirse primero en los precios relativos, en la recuperación del salario real medido contra una unidad estable y en la posibilidad de planificar consumos e inversiones familiares. También expone, con mayor nitidez, las restricciones de una economía que ya no puede esconder desequilibrios detrás de la inflación. La política pierde una válvula de escape, pero la sociedad gana algo que en Argentina se volvió escaso: la posibilidad de calcular. Esa diferencia, para una economía que lleva años viviendo al ritmo de la incertidumbre, no es menor.
El verdadero dilema no está entre pureza doctrinaria y herejía monetaria, sino entre persistir en un sistema que ya mostró sus límites y aceptar una reforma que renuncia a herramientas conocidas para recuperar credibilidad. Ninguna dolarización resuelve por sí sola el déficit de productividad, la debilidad institucional ni la falta de ahorro interno. Pero puede modificar el punto de partida desde el cual esos problemas se discuten. En un país donde la moneda local dejó de cumplir su función básica, el debate ya no es si la dolarización es perfecta. Es si la Argentina puede seguir confiando en un instrumento que, cada vez que fue usado como promesa de estabilidad, terminó cobrando intereses muy altos sobre el futuro.
