La Fiscalía General de la República detuvo este jueves a Gilda “N”, hermana de Emilio Lozoya, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La captura se realizó en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, según informó la propia dependencia federal.
De acuerdo con el comunicado de la FGR, Gilda “N” habría actuado como prestanombres de una empresa vinculada al caso Agronitrogenados, con el objetivo de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita. La investigación estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial.
Antecedentes del caso Agronitrogenados
La planta de fertilizantes ubicada en el complejo petroquímico de Pajaritos, Veracruz, formó parte de un proyecto que Pemex presentó en 2013 como estratégico para reducir importaciones de urea. El 17 de diciembre de ese año, el Consejo de Administración de la petrolera autorizó una inversión de hasta 475 millones de dólares para adquirir los activos de Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México.
La operación se concretó en enero de 2014 mediante filiales de Pemex. Sin embargo, auditorías posteriores revelaron que la instalación llevaba 14 años sin operar y que aproximadamente el 60 % de su maquinaria se encontraba en condiciones inservibles, lo que elevó significativamente los costos de rehabilitación.
La Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades en la valuación y en el proceso de adquisición. Estos hallazgos derivaron en diversas investigaciones por presunto daño patrimonial y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las que han estado involucrados tanto Emilio Lozoya como otros exfuncionarios y empresarios relacionados con la transacción.
Situación procesal y contexto más amplio
Gilda “N” quedó a disposición de un juez federal, quien definirá su situación jurídica. La FGR precisó que los recursos que administró carecían de justificación económica o comercial válida, aunque reiteró que se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria firme. El caso forma parte de un entramado más extenso que incluye la privatización de activos de Fertimex en los años noventa y la posterior recompra por parte del Estado en 2014.
Alonso Ancira, entonces director de Altos Hornos de México, enfrentó un proceso judicial derivado de la venta. Fue extraditado desde España en 2021 y posteriormente alcanzó un acuerdo reparatorio con Pemex por más de 216 millones de dólares, aunque la ejecución de ese convenio ha generado controversia adicional en años recientes.
La investigación también ha tocado aspectos relacionados con otras causas de alto perfil, como el caso Odebrecht, aunque cada proceso sigue su propia ruta judicial. Las resoluciones han variado entre vinculaciones a proceso, impugnaciones y cambios de medida cautelar, por lo que cualquier valoración sobre responsabilidad penal requiere esperar decisiones definitivas de los tribunales.
Impacto en la política de fertilizantes
El proyecto original buscaba reactivar la producción nacional de urea y reducir la dependencia de importaciones, argumento que se presentó como de alto impacto social y agroindustrial. Sin embargo, la falta de operación previa de la planta y los elevados costos de reparación pusieron en duda la viabilidad financiera de la operación desde el inicio.
La detención de Gilda “N” añade un nuevo capítulo a una investigación que ha atravesado distintos gobiernos y que sigue generando preguntas sobre los controles internos de Pemex, los procesos de valuación de activos públicos y la rendición de cuentas en operaciones de gran escala dentro del sector energético.
