En México, el repunte del crédito al consumo ha dejado de ser una cifra aislada para convertirse en una señal de época. La banca comercial está prestando más a tarjetas, automotriz y préstamos personales, mientras el financiamiento a empresas y vivienda avanza con mucha más lentitud. A primera vista, el dato parece saludable: más familias acceden a productos financieros y el sistema bancario sigue operando con solvencia. Pero detrás de ese crecimiento hay una economía todavía débil, una inclusión financiera incompleta y una presión creciente sobre los hogares de menor ingreso, donde el margen para absorber una tasa alta o un retraso en el pago es mucho más estrecho.
El contexto importa. México sigue siendo un país con bajo crédito en términos comparables. El financiamiento total al sector privado ronda apenas 35 por ciento del PIB, un nivel muy inferior al de economías como Chile y por debajo también de Brasil. Esa escasez estructural ayuda a entender por qué cualquier expansión del crédito suele leerse como una corrección necesaria. Durante años, el sistema financiero mexicano estuvo marcado por una base estrecha de clientes formales, especialmente en segmentos populares, lo que abrió espacio para tarjetas departamentales, financieras no bancarias y esquemas de colocación más agresivos. La expansión actual no nació en el vacío: responde a una economía que aún no lograba bancarizar a gran parte de la población y a una banca que encontró en el consumo un terreno más rentable que el crédito productivo.
La imagen es más compleja cuando se desagrega la cartera. La deuda de los hogares sigue siendo baja frente al tamaño de la economía, pero los indicadores de morosidad ya muestran zonas de tensión. En tarjetas bancarias, la cartera vencida ha aumentado; en sofipos, el deterioro es más severo. Ese contraste revela una línea divisoria importante: el problema no está en la existencia del crédito, sino en su calidad y en su destino. No es lo mismo financiar a un hogar con ingreso estable y historial bancario que colocar deuda en segmentos donde el salario es irregular, el empleo es informal y el pago depende de una liquidez frágil. Ahí la aparente inclusión puede transformarse rápido en sobreendeudamiento.
La evidencia reciente sugiere que la presión ya no es puramente estadística. El crédito al consumo crece por encima de la actividad económica, y esa brecha puede sostenerse durante un tiempo, pero no indefinidamente. Si el ingreso de los hogares avanza menos que sus obligaciones financieras, el consumo se sostiene a costa de mayor apalancamiento, no de mayor bienestar. En el corto plazo esto puede incluso sostener la demanda agregada, pero a mediano plazo erosiona la capacidad de pago y eleva los castigos de cartera. Cuando las instituciones empiezan a reconocer pérdidas, se vuelven más cautas, endurecen filtros y restringen el acceso justo para quienes más dependen de crédito pequeño y rápido.
El impacto no se limita a los bancos. En una economía donde el consumo de los hogares explica una parte importante del crecimiento, el crédito funciona como un acelerador de corto alcance. Si se expande en forma ordenada, puede cerrar brechas de acceso y sostener compras de bienes duraderos, como autos o electrodomésticos. Pero si la expansión se concentra en productos no garantizados y en entidades con criterios laxos, el efecto se invierte: el gasto presente se financia con ingresos futuros que no siempre llegarán. El caso de las tarjetas es ilustrativo. Su uso masivo permite resolver pagos urgentes, pero también captura a usuarios que refinancian saldos de manera repetida y terminan pagando tasas efectivas muy superiores a las que observarían en otros mercados. En los segmentos de menores ingresos, ese mecanismo puede comerse una proporción creciente del salario disponible.
También hay una lectura de política económica. Las tasas de referencia han comenzado a relajarse y eso suele anticipar un entorno más benigno para el crédito. Sin embargo, el traslado a los productos al consumo nunca es automático. Las instituciones primero evalúan riesgo, luego ajustan precios y solo después amplían colocación. Si el deterioro de la cartera persiste, es probable que la banca sea más selectiva precisamente cuando el costo del dinero empiece a bajar. El resultado sería paradójico: menos acceso al crédito formal para los hogares que no pueden demostrar suficiente estabilidad, y un mayor desplazamiento hacia fuentes más caras o menos transparentes, desde financieras no bancarias hasta mecanismos informales de deuda.
De fondo, el debate sobre el crédito al consumo revela una tensión más amplia del modelo mexicano. Durante años se celebró la baja profundidad financiera como prudencia, pero también fue síntoma de exclusión. Ahora que el sistema empieza a abrirse, el desafío no es llenar de deuda la base de la pirámide, sino construir una intermediación que distinga con precisión entre inclusión y colocación irresponsable. La diferencia es crucial: incluir significa evaluar capacidad de pago, historial, estabilidad laboral y costo total del financiamiento; colocar sin ese filtro solo desplaza el riesgo hacia hogares vulnerables y, más tarde, hacia el propio sistema.
Si la expansión actual se maneja con disciplina, puede ayudar a formalizar millones de relaciones financieras y a ampliar el acceso a instrumentos útiles. Si se desordena, puede dejar una huella más duradera: familias con pagos comprometidos, instituciones con carteras más frágiles y supervisores obligados a reaccionar tarde. La discusión verdadera no es si México tiene poco o mucho crédito en promedio, sino qué tipo de crédito está creciendo, en qué manos termina y qué capacidad real existe para devolverlo sin sacrificar estabilidad futura. Esa es la frontera que definirá si el auge actual se convierte en un paso de modernización financiera o en una acumulación silenciosa de problemas.
