La consulta pública sobre los lineamientos de los derechos de las audiencias entró en su tramo decisivo con 4 mil 600 comentarios y 4 mil 400 participantes únicos acumulados hasta la tarde del 14 de agosto, a una semana del cierre previsto para el día 21 a las 23:59 horas. La cifra no es menor: revela que el tema salió del terreno técnico y ya se convirtió en un debate político, jurídico y empresarial sobre hasta dónde puede llegar el Estado para ordenar la relación entre medios y públicos sin cruzar la línea de la censura.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sostiene que el ejercicio es plural, democrático y transparente, y aclara que los derechos de las audiencias no aplican a prensa escrita ni a plataformas digitales. También insiste en que no se trata de un mecanismo para limitar la libertad de expresión, sino de una obligación para que radio y televisión cuenten con defensor de audiencias y código de ética. Ese encuadre importa porque define el terreno de disputa: no se discute si debe haber libertad de expresión, sino quién fija los límites de la responsabilidad editorial y con qué instrumentos.
El dato más relevante no es solo la participación, sino su calidad política. Cuando una consulta pública alcanza miles de intervenciones en una materia regulatoria, normalmente deja de ser un trámite y se vuelve una prueba de fuerza entre sectores. Para los concesionarios de radio y televisión, el riesgo no está en el principio de autorregulación, sino en que este se convierta en una vía para reintroducir supervisión estatal sobre contenidos. Para la autoridad, el desafío opuesto es demostrar que la figura no nació para castigar líneas editoriales incómodas, sino para atender quejas de audiencias con reglas claras y previsibles.
La presidenta Claudia Sheinbaum reforzó esa lectura al presentar el esquema como “un avance democrático” y al subrayar que no habrá sanciones a medios por “engañar a las audiencias”. Ese mensaje tiene dos efectos. Primero, intenta desactivar la narrativa de censura que suele prender rápido en un ecosistema mediático polarizado. Segundo, desplaza el foco desde la sanción hacia la transparencia editorial: cada medio debe mostrar su código, designar un defensor y aceptar que exista un canal institucional para las quejas. En términos de política pública, ese giro es más defendible que una lógica punitiva, pero también menos contundente si el objetivo real es corregir desinformación o prácticas abusivas.
Ahí aparece la primera lectura de fondo: el modelo mexicano parece buscar legitimidad no en castigar contenidos, sino en obligar a los medios a explicitar sus reglas. Esa decisión es importante porque reduce el choque frontal con la libertad de expresión, pero deja abierta una pregunta incómoda: ¿qué capacidad real tendrá un defensor de audiencias si depende de la estructura interna del propio concesionario? En otros países, figuras parecidas han funcionado mejor cuando la audiencia percibe independencia efectiva y respuesta pública a las quejas; cuando se vuelven instancias decorativas, pierden autoridad en pocos meses.
La segunda implicación es industrial. Radio y televisión abierta operan hoy en un entorno más frágil que hace una década: menor fragmentación, más presión publicitaria y pérdida de centralidad frente a plataformas digitales. En ese contexto, cualquier obligación adicional se lee como costo regulatorio. No necesariamente es un costo alto en términos financieros, pero sí de gobernanza: redactar códigos, atender observaciones, documentar respuestas y sostener defensas públicas exige tiempo, cuadros especializados y una cultura de cumplimiento que no siempre existe en empresas medianas o locales. La consulta, por tanto, no solo mide el ánimo político, también anticipa qué tan viable será la implementación en el mercado real.
La tercera lectura tiene que ver con el vacío regulatorio que deja fuera a prensa escrita y plataformas digitales. La CRT lo reconoce de forma explícita, y esa exclusión tiene lógica jurídica, pero también produce un desequilibrio evidente: la discusión sobre veracidad, responsabilidad y daño informativo recae solo sobre dos medios tradicionales, mientras gran parte de la circulación de contenidos ocurre hoy en ecosistemas donde la moderación es opaca, privada y transnacional. Eso puede terminar generando una asimetría incómoda: más exigencias para actores con regulación visible y menos para espacios donde el impacto informativo es masivo, pero la rendición de cuentas es difusa.
Desde el punto de vista de las audiencias, el debate también es menos abstracto de lo que parece. Un mecanismo útil no es aquel que promete castigar al medio, sino el que permite resolver errores, sesgos o abusos con rapidez y trazabilidad. Si la consulta logra aterrizar protocolos de respuesta, plazos de atención y criterios públicos para clasificar quejas, podría mejorar la relación entre público y medios sin entrar a evaluar contenido editorial sustantivo. Si, en cambio, termina redactada en lenguaje genérico, el resultado será una capa burocrática más, con poca utilidad para el ciudadano y mucha utilidad discursiva para el gobierno de turno.
La disputa de fondo, entonces, no es solo jurídica sino de confianza. Los medios temen que la figura del defensor se use como antesala de nuevas presiones regulatorias. El gobierno necesita mostrar que la reforma no es un mecanismo de control político. Y la audiencia exige algo más básico: que sus reclamos no desaparezcan en buzones simbólicos. La forma de resolver esa tensión definirá si los lineamientos se convierten en una herramienta de mediación institucional o en otro episodio de confrontación entre poder y prensa. La próxima semana será decisiva, pero el verdadero examen llegará después, cuando la redacción final de los lineamientos muestre si la consulta sirvió para abrir el sistema o solo para legitimar una decisión ya tomada.
