Legisladores federales y de Nuevo León solicitaron a las autoridades financieras examinar con rigor cualquier eventual operación de venta o cambio de control de BanFeliz, institución de banca múltiple vinculada corporativamente con Happy Inc., grupo al que también pertenece la sociedad financiera Préstamo Feliz. El llamado surge mientras esta última enfrenta un concurso mercantil, procesos judiciales y reclamaciones de inversionistas y acreedores por montos superiores a 2 mil 500 millones de pesos.
El senador del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Humberto Suárez, y el diputado local de Morena Mario Alejandro Soto Esquer advirtieron que una eventual transferencia de BanFeliz debe analizarse no sólo como una operación empresarial, sino por sus posibles efectos sobre miles de personas que reclaman la recuperación de recursos depositados o invertidos a través de Préstamo Feliz. Ambos plantearon que las autoridades deben garantizar que el interés de los afectados sea considerado antes de autorizar cualquier modificación relevante en la estructura de propiedad.
Una licencia bancaria bajo revisión pública
BanFeliz es resultado de la adquisición total de Banco Forjadores, una operación autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en mayo de 2024. Antes de esa transacción, Banco Forjadores había reportado dificultades en indicadores como liquidez, capitalización y cumplimiento de reportes regulatorios. La existencia de una licencia de banca múltiple vuelve especialmente relevante cualquier posible venta, pues el eventual comprador requeriría cumplir con requisitos regulatorios y someterse a la evaluación de la autoridad supervisora.
Los exhortos promovidos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y ante el Congreso de Nuevo León piden a la CNBV revisar cuidadosamente las condiciones de un posible cambio de control. La regulación financiera obliga a evaluar la solvencia, capacidad económica, experiencia, integridad, honorabilidad e idoneidad de quienes aspiren a controlar una institución bancaria. También exige verificar el origen lícito de los recursos utilizados para financiar una adquisición de esta naturaleza.
La preocupación legislativa se concentra en la posibilidad de que una venta genere recursos para los actuales propietarios sin que exista claridad sobre el destino de esos fondos frente a los reclamos derivados de Préstamo Feliz. Los promoventes no sostienen que una operación haya sido autorizada ni que se haya concretado una compraventa, pero consideran que la supervisión preventiva resulta necesaria ante la dimensión patrimonial del conflicto y la relación corporativa señalada entre las empresas.
Señalamientos sobre posibles interesados
De acuerdo con la información difundida, entre los posibles interesados en adquirir BanFeliz figurarían propietarios de Grupo Klu. Los legisladores pidieron que, de presentarse una solicitud formal, la CNBV aplique la revisión integral prevista en la ley y considere los antecedentes públicos disponibles sobre las personas y empresas involucradas. La autoridad financiera no ha informado públicamente, en los datos referidos, sobre una autorización para una operación de cambio de control de BanFeliz.
La nota original menciona que Carlos Djemal fue detenido en Chicago en 2016 para responder ante una corte federal de Manhattan, Estados Unidos, por acusaciones relacionadas con una red de fraude y lavado de dinero superior a 100 millones de dólares, proceso que derivó en una condena. También refiere señalamientos contra Joaquín Burgos, directivo de Klu y promotor de operaciones con criptomonedas. Estos antecedentes, por sí mismos, no sustituyen una resolución administrativa actual ni determinan automáticamente la viabilidad de una adquisición, pero explican por qué los legisladores reclaman una verificación reforzada de integridad, recursos y controles.
En el sector bancario, la revisión de un cambio de control no se limita a confirmar la capacidad de pago del comprador. La autoridad debe valorar si el nuevo accionista puede sostener la operación de la institución, cumplir sus obligaciones prudenciales y preservar la confianza del público. En un caso con acreedores afectados y procedimientos judiciales abiertos, la evaluación adquiere una dimensión adicional: evitar que el movimiento corporativo opaque información relevante o incremente la incertidumbre sobre responsabilidades patrimoniales.
El expediente de Préstamo Feliz
Préstamo Feliz, una sociedad financiera de objeto múltiple, enfrenta un concurso mercantil y demandas de acreedores por el presunto incumplimiento en el pago de capital e intereses. El monto global reclamado supera los 2 mil 500 millones de pesos, según la información dada a conocer sobre el caso. La Fiscalía de Nuevo León reportó la existencia de 11 denuncias relacionadas con la financiera; dos carpetas ya fueron judicializadas y ambas involucran reclamos cercanos a esa misma cifra.
En el plano penal, Sergio Elizondo, identificado como uno de los directivos de la financiera, fue vinculado a proceso y recibió prisión preventiva. Eduardo García Alanís, padre de Fernando García Sada, también fue sujeto a proceso, aunque posteriormente fue liberado por decisión judicial. Estos procedimientos se encuentran en desarrollo, por lo que la determinación definitiva de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes y debe respetar el debido proceso.
El caso dejó de circunscribirse a Nuevo León al llegar al Senado mediante solicitudes para que instancias federales respondan a los reclamos de las familias afectadas. Esa ampliación institucional refleja que el problema ya no se discute únicamente como un incumplimiento entre particulares, sino como un asunto de protección al ahorro, vigilancia financiera y eficacia de los mecanismos de supervisión.
La recuperación de recursos, el punto central
Para los legisladores, la prioridad es que cualquier decisión sobre BanFeliz no reduzca las posibilidades de reparación para quienes afirman haber perdido parte de su patrimonio. Sin embargo, una eventual venta de la institución no implica por sí misma que sus recursos puedan destinarse automáticamente al pago de acreedores de otra empresa del grupo. Esa posibilidad dependería de la estructura jurídica de las sociedades, de las obligaciones acreditadas en los juicios y de las determinaciones que adopten jueces, autoridades concursales y reguladores.
La CNBV enfrenta así un doble reto: aplicar sin excepciones los controles previstos para cualquier comprador y ofrecer certeza pública sobre el estado regulatorio de BanFeliz, dentro de los límites legales de confidencialidad. Una comunicación clara sobre los criterios de evaluación ayudaría a distinguir entre las responsabilidades de cada entidad, la situación de los procesos judiciales y las condiciones bajo las cuales podría autorizarse un cambio de control. Para los afectados, esa claridad es relevante porque la recuperación de recursos dependerá de resoluciones legales, pero también de que la supervisión financiera actúe de forma oportuna ante riesgos que puedan comprometer el patrimonio disponible.
