Tijuana, BC.- La entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares está obligando al gremio jurídico a revisar sus métodos de trabajo, su formación y hasta su relación con las herramientas tecnológicas que exigirá el sistema judicial. En ese contexto, la presidenta estatal de la Alianza Mexicana de Abogados, Reyna Ramírez Oropeza, sostuvo que la capacitación dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad para litigar en las nuevas condiciones.
La advertencia se dio en el marco de la Cumbre Nacional de Abogados 2026, realizada en CANACO Tijuana, donde especialistas discuten temas vinculados con el ejercicio profesional y la impartición de justicia. La reunión ocurre en un momento de transición institucional que, aunque avanza en distintas regiones del país, todavía no se aplica en Tijuana, uno de los municipios que entrará entre los últimos en Baja California por su tamaño, demanda operativa e infraestructura requerida.
Ramírez Oropeza explicó que la implementación no depende solo de ajustes normativos, sino de condiciones materiales que permitan operar salas, sistemas de audio, equipo tecnológico y presupuesto suficiente para sostener audiencias y expedientes electrónicos. Ese componente es clave porque el nuevo modelo judicial apuesta por una mayor digitalización de procesos, lo que cambia la lógica tradicional de gestión, presentación de pruebas y seguimiento de asuntos familiares y civiles.
Una transición que no será uniforme
El hecho de que Tijuana quede entre los últimos municipios en aplicar el nuevo esquema refleja una realidad frecuente en reformas judiciales de gran escala: la norma puede entrar en vigor antes de que todas las instituciones tengan capacidad homogénea para ejecutarla. En la práctica, eso abre una etapa de transición desigual entre regiones, donde algunos distritos avanzarán con mayor rapidez y otros deberán esperar a que se complete la infraestructura mínima.
En materia familiar, la dirigente adelantó que también se prevé la creación de un Centro de Convivencia Familiar en el Parque Morelos, que se sumaría al que ya opera en la colonia Mariano Matamoros. La expansión de estos espacios apunta a responder a uno de los retos más delicados del sistema: garantizar entornos seguros para convivencias supervisadas en procesos de separación, custodia o visitas, un campo donde el componente humano suele ser tan importante como el judicial.
La discusión por la especialización
Uno de los puntos que más inquietud ha generado entre los litigantes es el artículo 666, que según Ramírez Oropeza plantea la necesidad de especialización para quienes intervienen en materia familiar, aunque no precisa con claridad qué estudios deben acreditarse. Esa ambigüedad ha abierto dudas sobre el alcance real del requisito y sobre la forma en que el Poder Judicial lo está aterrizando en la práctica.
La Alianza Mexicana de Abogados no se opone a la capacitación, pero sí cuestiona que se hayan fijado criterios que, desde su perspectiva, modifican aspectos no previstos en los artículos transitorios del nuevo código. Ese argumento coloca el debate en un terreno sensible: la diferencia entre reglamentar una reforma y extenderla mediante lineamientos administrativos que pueden alterar su sentido original o elevar barreras de acceso al ejercicio profesional.
La dirigente añadió que en Tijuana existe oferta de diplomados, aunque ninguno cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, lo que reduce su valor formal frente a eventuales exigencias de acreditación. Bajo esa lectura, la discusión ya no se limita a si los abogados deben actualizarse, sino a quién debe definir los contenidos, los criterios de validación y el momento en que la formación pasa a ser una condición institucional para operar en el nuevo sistema.
Para el gremio, el reto inmediato es doble: adaptarse a procedimientos digitales y entender un marco normativo que todavía está ajustando sus contornos en distintos puntos del estado. Para el Poder Judicial, en cambio, el desafío consiste en acompañar la reforma con reglas claras, capacitación interna y recursos suficientes para que la transición no dependa solo del esfuerzo individual de los litigantes.
