El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) informó este martes en Santo Domingo que entre enero y julio de 2026 emitió 1,122 licencias de construcción, un aumento de 85 % frente a las 605 otorgadas en igual período de 2025. La cifra, presentada como parte del Plan de Modernización de la Permisología, refleja además un salto en la inversión privada viabilizada, que ascendió a RD 406,715 millones en los primeros siete meses del año, 171 % más que en el mismo lapso del año anterior.
El ministerio sostuvo que el repunte no responde solo a una mejora estadística, sino a una reorganización del sistema de permisos que busca reducir tiempos, ordenar criterios técnicos y dar mayor trazabilidad a los expedientes. En julio se emitieron 201 licencias, el mayor registro mensual desde la creación de la cartera, con una inversión asociada de RD 76,524 millones y una estimación de 56,684 empleos directos vinculados a esos proyectos.
Una reforma que empezó antes de la plataforma
Durante el encuentro Mivhed en Marcha, el ministro Víctor Bisonó afirmó que la modernización del sistema no comenzó con la herramienta digital que hoy desarrolla el Estado, sino con un proceso previo de escucha y diagnóstico. Según explicó, la cartera analizó alrededor de 3,700 expedientes y sostuvo conversaciones con desarrolladores, gremios, profesionales y representantes del sector construcción en distintas regiones para identificar fallas recurrentes y convertirlas en una hoja de ruta institucional.
Ese enfoque intenta resolver un problema estructural conocido por el sector: la dispersión de competencias entre múltiples entidades y la falta de criterios homogéneos en la revisión de proyectos. Bisonó recordó que en la permisología intervienen más de 160 instituciones, entre ministerios, ayuntamientos y organismos especializados, lo que convierte cada expediente en una cadena de validaciones donde cualquier descoordinación puede retrasar una obra y encarecer su financiamiento.
El ministro defendió que la reforma busca fortalecer primero lo que depende del propio MIVHED y, al mismo tiempo, empujar una mayor articulación con el resto del aparato público. “Nosotros no podemos prometer lo que depende de más de 160 instituciones”, dijo, al insistir en que el objetivo es dejar capacidades permanentes y no solo resultados coyunturales.
Los siete ejes del plan
La estrategia oficial se apoya en siete pilares: la implementación del nuevo Código de Construcción de la República Dominicana, el desarrollo de una nueva plataforma estatal para permisos, la incorporación de módulos tecnológicos y listas de verificación NORM para estandarizar evaluaciones técnicas, y el uso de Inteligencia Mivhed para reforzar el seguimiento de los expedientes. El plan también incluye el programa Talento que Construye Capacidades, enfocado en capital humano especializado, además de la adopción de estándares internacionales de calidad, cumplimiento y antisoborno.
El ministerio agregó que la interoperabilidad entre instituciones es otro componente central, porque sin intercambio de información en tiempo real la digitalización por sí sola no elimina duplicidades ni resuelve los cuellos de botella. En esa lógica, la plataforma presentada aparece menos como un producto terminado que como el instrumento con el que el Gobierno espera ordenar un sistema históricamente fragmentado.
Los avances divulgados por Vivienda coinciden con un mejor desempeño del sector construcción registrado por el Banco Central de la República Dominicana. Esa entidad informó que la actividad creció 14.9 % interanual en junio de 2026, equivalente a cerca del 30 % del crecimiento del Índice Mensual de Actividad Económica en ese período, un dato que refuerza la lectura de que la expansión de permisos y la mejora del clima de inversión se están moviendo en la misma dirección.
Con la presentación de este martes, el MIVHED buscó mostrar resultados concretos mientras avanza la transición hacia un modelo de permisos más trazable y estandarizado. El desafío, sin embargo, sigue estando en la coordinación entre más de 160 actores públicos y en la capacidad del Estado para sostener los cambios más allá del impulso inicial de la digitalización.
