La entrada en vigor de la jornada máxima de 42 horas semanales a partir del 15 de julio de 2026 marca el cierre de un proceso iniciado por la Ley 2101 de 2021. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un mensaje publicado en redes, celebró el avance y sugirió que un sector privado fortalecido podría permitir un nuevo recorte hasta 40 horas sin afectar el salario. Esta declaración conecta directamente con el historial de reducciones escalonadas que pasó de 48 horas en 2021 a 47 en 2023, 46 en 2024, 44 en 2025 y ahora 42.
El cambio eleva automáticamente el valor de la hora ordinaria. Con un salario mínimo de 1.750.905 pesos y 210 horas mensuales en lugar de 220, la hora pasa de 7.959 a 8.338 pesos. Todos los recargos nocturnos, dominicales y festivos se calculan sobre esta nueva base, y el recargo por domingos y festivos sube del 80 % al 90 %.
El ajuste también incorpora un nuevo festivo nacional el lunes 13 de julio por la Virgen de Chiquinquirá, trasladado por la Ley Emiliani. Las empresas que operen ese día deberán pagar el recargo del 90 % sobre la hora actualizada. La jornada nocturna, que ahora comienza a las 19:00, extiende el período con recargo del 35 %.
El camino de las 48 a las 42 horas
La Ley 2101 estableció una transición de cinco años para evitar choques abruptos en las empresas. Cada etapa redujo una hora anual hasta llegar al tramo final. Durante este período, el salario mínimo creció de forma paralela, lo que significa que el costo laboral por hora ha aumentado tanto por la menor cantidad de horas como por el alza del piso salarial. Los datos oficiales muestran que el ingreso mensual promedio de quienes reciben auxilio de transporte ronda los 2.000.000 pesos, aunque este auxilio no entra en la base de liquidación de horas extras.
Impacto inmediato en costos empresariales
Para las compañías que operan con turnos rotativos o que dependen de horas extras, el incremento en el valor hora representa un aumento directo en la nómina. Un ejemplo práctico ilustra el efecto: dos horas extras diurnas antes del 15 de julio costaban 19.896 pesos; después de esa fecha, una hora extra nocturna vale 14.591 pesos y ocho horas en festivo suman 116.728 pesos. Las microempresas y el comercio minorista, que suelen tener márgenes ajustados, enfrentan la decisión de absorber el costo, reducir personal o subir precios.
Perspectivas de trabajadores y sindicatos
Los sindicatos han valorado positivamente la reducción de jornada porque aumenta el tiempo libre sin pérdida salarial. Sin embargo, advierten que el beneficio real depende de que no se intensifique la carga de trabajo en las horas restantes. En sectores como la manufactura y el transporte, donde ya existen convenios de horas extras, la nueva base de cálculo puede traducirse en mayores ingresos mensuales para quienes laboran en domingos o nocturnos. Los datos de la última Encuesta Nacional de Calidad de Vida indican que el 34 % de los trabajadores formales realiza al menos una hora extra semanal, por lo que el cambio afecta directamente a ese grupo.
La apuesta de Uribe por la productividad
Al vincular la posibilidad de llegar a 40 horas con un sector privado recuperado, Uribe introduce un argumento económico que va más allá de la mera reducción legal. La lógica que subyace es que solo un aumento sostenido de la productividad permite financiar menos horas con el mismo salario. Esta visión contrasta con la de quienes consideran que la reducción debe imponerse por ley sin esperar mejoras previas en eficiencia. Históricamente, países que redujeron la jornada laboral mantuvieron o elevaron la productividad cuando acompañaron la medida con inversión en tecnología y capacitación.
Riesgos de informalidad y desempleo
Uno de los riesgos más mencionados por analistas es el posible desplazamiento de empleo formal hacia formas informales. Si el costo por hora se vuelve prohibitivo para ciertos negocios, algunos empleadores podrían optar por contratar trabajadores por fuera de la nómina o reducir la planta de personal. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística ha registrado en trimestres anteriores que la tasa de informalidad en el comercio y los servicios supera el 60 %, cifra que podría incrementarse si las empresas perciben la nueva regulación como excesivamente costosa.
Escenarios futuros y variables clave
La declaración de Uribe abre la puerta a un debate sobre una eventual reducción adicional a 40 horas. Tres variables determinarán si ese escenario es viable: el comportamiento del crecimiento del PIB en los próximos dos años, la evolución de la productividad por hora trabajada y la capacidad del sector exportador para absorber mayores costos sin perder competitividad. Si la productividad crece por encima del 2 % anual y el sector privado recupera niveles de inversión previos a la pandemia, la propuesta de 40 horas podría ganar tracción legislativa. En caso contrario, el ajuste a 42 horas podría permanecer como el nuevo estándar durante varios años.
La combinación de jornada más corta, recargos más altos y un nuevo festivo nacional redefine las reglas del juego para la planeación de turnos y la contratación. Las empresas que logren reorganizar procesos y mejorar la eficiencia horaria podrán mitigar el impacto; aquellas que mantengan esquemas tradicionales enfrentarán mayores presiones sobre sus márgenes. El mensaje de Uribe, al enfatizar la recuperación del sector privado, señala que el éxito de futuras reducciones dependerá menos de la norma legal y más de la capacidad real de generar más valor en menos tiempo.
