La elección de Abelardo de la Espriella no lo coloca frente a un Estado liviano ni ante una hoja en blanco. Le entrega, más bien, una economía con varias capas de blindaje: una regla fiscal debilitada por decisión política, un presupuesto altamente rígido, una deuda elevada y un banco central cuya credibilidad quedó tensionada por la presión del gobierno saliente. La imagen que deja Gustavo Petro no es la de un país sin anclas, sino la de uno en el que las anclas siguen ahí, aunque más oxidadas y con menos margen para contener la deriva. Ese dato cambia por completo el sentido del relevo presidencial. Gobernar no será empezar de cero, sino administrar una estructura en la que la mayoría del gasto ya está comprometida y donde cada promesa de alivio tributario o expansión del ingreso tendrá que enfrentarse a números duros.
El trasfondo de esta herencia se entiende mejor si se mira la secuencia de los últimos años. Colombia había construido durante décadas una reputación de disciplina relativa en América Latina, precisamente por evitar los excesos más notorios del populismo macroeconómico. Esa excepcionalidad empezó a erosionarse sin necesidad de una reforma constitucional: bastó con manipular la contabilidad para aparentar cumplimiento fiscal, ampliar el gasto por decreto y suspender la regla fiscal por tres años en ausencia de una crisis externa que lo justificara. Moody’s lo resumió con una frase incómoda: la suspensión ocurrió “pese a la ausencia de un choque económico”. Lo que está en juego no es solo un desvío técnico; es la señal que el Estado envía sobre la previsibilidad de sus compromisos. Cuando esa señal falla, el costo no aparece de inmediato en la calle, pero sí en el precio del crédito, en la prima de riesgo y en la capacidad de financiar políticas futuras sin castigar a la economía real.
La herencia fiscal y sus candados
El nuevo gobierno recibe un déficit cercano al 7% del PIB, una deuda en niveles que recuerdan a los años de emergencia sanitaria y una calificación que S&P llevó a su nivel más bajo desde 1993. Pero el verdadero problema no está solo en el saldo fiscal, sino en su composición. Cerca del 93% del presupuesto está atado por la Constitución y la ley a deuda, pensiones, transferencias y salud, de acuerdo con la cifra oficial de Hacienda para el PGN de 2026. Eso reduce el margen real de maniobra a una franja mínima, alrededor del 7% del gasto, muy lejos de la promesa de recortar el Estado en 40%. En términos prácticos, cualquier ajuste serio deberá concentrarse en una porción pequeña del presupuesto, mientras el grueso del gasto seguirá intacto por diseño institucional. Esa asimetría explica por qué las campañas suelen hablar en plural y los gobiernos terminan negociando en singular: con una lista de recortes mucho más corta que la lista de compromisos heredados.
Esa rigidez también altera la naturaleza del ajuste. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula que estabilizar la deuda requiere entre 3.5 y 4.5 puntos del PIB. No se trata de un reto cosmético, sino de una corrección de magnitud suficiente para tocar subsidios, transferencias, nómina, contratación y gasto de funcionamiento. La dificultad aumenta porque la regla fiscal volverá plenamente en 2028, es decir, justo dentro del cuatrienio de De la Espriella. Eso obliga al presidente a escoger entre un ajuste temprano, políticamente costoso, o un retraso que dejaría el problema para el siguiente ciclo. En ambos casos, la coalición de gobierno queda expuesta. Sin mayorías propias para reformas, la presidencia dependerá de pactos parciales con partidos que no tienen incentivos para cargar con el costo impopular de una consolidación fiscal.
La discusión sobre el presupuesto de 2027 será, por eso, el primer termómetro serio. Luego vendrá el salario mínimo en diciembre, una variable que en Colombia ya no puede leerse solo como ingreso de los trabajadores formales, sino como referencia para millones de ocupados informales y para la estructura de costos de pequeñas empresas. Si el nuevo gobierno busca desmarcarse del ciclo anterior con una estrategia de “libertad” económica basada en menos impuestos y más inversión, tendrá que demostrar de dónde saldrá la compensación cuando el Estado llegue a su techo de endeudamiento. La experiencia regional muestra que la tensión entre rebajas tributarias y alta rigidez del gasto suele resolverse de una sola manera: postergando el ajuste y encareciendo el financiamiento. Eso puede sostenerse por un tiempo, pero erosiona la capacidad de ejecutar cualquier agenda de crecimiento creíble.
El Banco de la República, entre la tasa y la palabra
La otra pieza sensible de la herencia es monetaria. La relación del gobierno saliente con el Banco de la República dejó una marca menos visible que el déficit, pero más delicada en términos institucionales: la credibilidad. Cuando el ministro Avila convirtió la Junta en tribuna, el conflicto dejó de ser una discusión técnica sobre la tasa de interés y pasó a ser una disputa por la autonomía de la autoridad monetaria. El resultado inmediato fue un voto de siete a cero para mantener la tasa en 11.25%, pero el costo de fondo fue otro: la Junta aplazó su siguiente decisión hasta después de la segunda vuelta, incorporando de facto el calendario político a su reacción. La independencia formal permaneció intacta; la independencia real quedó más frágil. Y en política monetaria, la percepción importa tanto como la decisión misma. Un banco central que debe probar que sigue siendo independiente ya opera con una carga adicional.
Para De la Espriella, eso significa que el margen de promesa expansiva es menor de lo que su discurso sugiere. Si la disciplina fiscal no se restaura con rapidez, la tasa de interés puede permanecer más alta de lo que cualquier relato de abundancia tolera. No es un detalle técnico: una tasa elevada prolonga el encarecimiento del crédito a hogares, empresas y gobierno. Las familias lo sienten en consumo y vivienda; las compañías, en inversión y capital de trabajo; el Estado, en servicio de deuda. En Colombia, donde gran parte del empleo es informal y por cuenta propia, el canal de transmisión es incluso más desigual. Quien depende de caja diaria para sostener su actividad no tiene colchones financieros para soportar un ciclo de tasas altas y crecimiento bajo. La supuesta libertad económica termina, en la práctica, convertida en una prueba de resistencia para los sectores con menos capacidad de ajuste.
Hay además una consecuencia política menos evidente: un banco central cuestionado dificulta construir consensos sobre el rumbo económico. Cuando la autoridad monetaria pierde parte de su capital simbólico, cada decisión futura se interpreta bajo sospecha. Eso endurece el debate público y estrecha el espacio para una política contracíclica bien diseñada. En vez de discutir si conviene recortar gasto, subir ingresos o proteger la inversión productiva, la conversación se desplaza hacia quién tiene la culpa del desorden. Ese cambio de foco empobrece la gestión pública porque sustituye el diseño por la disputa. Y en un país con déficit alto, deuda elevada y margen presupuestario estrecho, el tiempo perdido en la pelea se traduce muy rápido en costos financieros y en menor crecimiento.
Lo social detrás de la aritmética
Sería un error, sin embargo, leer la herencia de Petro solo como una suma de deterioros. El gobierno saliente deja también indicadores sociales que no pueden borrarse por conveniencia política: la pobreza monetaria cayó a 28% en 2025, su nivel más bajo desde 2012, y el desempleo cerró en mínimos de la serie del DANE. Eso obliga a una lectura más fina. Parte de la mejora se explica por aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, por una expansión del empleo público y por la persistencia de un mercado laboral donde más de la mitad de los ocupados es informal. El alivio, en otras palabras, no vino de una ganancia duradera de productividad ni de una ola de inversión privada, sino de mecanismos que mejoran el ingreso presente mientras comprometen el equilibrio futuro. Es una mejora real para millones de hogares, pero construida sobre una base fiscal que no puede sostenerse indefinidamente sin corrección.
Ahí reside el dilema de fondo para el próximo gobierno. Si corrige con brusquedad, puede enfriar la actividad y golpear justamente a los sectores que celebraron la mejora social reciente. Si no corrige, acumulará una factura más alta que terminará cayendo en forma de tasas, inflación de expectativas, menor inversión y restricción crediticia. La tentación de presentarse como antídoto moral al ciclo anterior puede ser alta, pero no cambia la geometría del problema. Un Estado blindado por leyes y compromisos no se desarma con consignas. Tampoco un déficit elevado se corrige con promesas de austeridad simbólica. La experiencia colombiana de las últimas décadas sugiere que las salidas sostenibles aparecen cuando la política acepta límites y reparte costos con cierta anticipación. Cuando eso no ocurre, el ajuste llega igual, solo que más tarde y de manera más regresiva.
Por eso la gran prueba de De la Espriella no será ideológica, sino institucional. Tendrá que decidir si preserva la excepcionalidad fiscal que Colombia construyó durante décadas o si termina de normalizar el desorden heredado. Tendrá que negociar con un Congreso fragmentado, con un presupuesto rígido y con una ciudadanía que ya conoció alivios en el corto plazo y difícilmente aceptará sacrificios sin una explicación convincente. En ese escenario, el margen para gobernar no lo definirá la retórica sobre libertad o recorte del Estado, sino la capacidad para ordenar prioridades dentro de un presupuesto que casi no deja espacio libre. La pregunta decisiva no es si el país cayó en el populismo fiscal; eso ya ocurrió por vías distintas. La pregunta es si el próximo presidente logrará reconstruir la disciplina que alguna vez fue una rareza colombiana, o si terminará administrando, con otros nombres, la misma cuenta pendiente.
