Dos expresidentes municipales de Tecate señalados en denuncias formales por peculado y otros delitos continúan trabajando en el gobierno, sostiene el autor de la columna. Javier Urbalejo Cinco y César Moreno, afirma, no fueron investigados y evitaron ser encarcelados luego de recibir respaldo del Congreso del Estado y del Poder Judicial.
Ese es uno de los puntos centrales de un texto de opinión sobre la situación de inseguridad en Baja California. El autor describe un escenario en el que la delincuencia y el crimen organizado han condicionado la vida cotidiana, mientras las autoridades responsables de preservar la paz no cumplen, a su juicio, con sus obligaciones.
En el proceso que expone, las corporaciones policiales enfrentan primero condiciones de vulnerabilidad. Señala que obtener información elemental sobre agentes puede ser sencillo al seguir sus movimientos en las ciudades, lo que, según plantea, permitiría intimidarlos o incorporarlos a grupos criminales.
El siguiente tramo involucra a funcionarios públicos electos o designados. El columnista sostiene que algunos pudieron iniciar actividades delictivas por decisión personal y que, al acceder a puestos gubernamentales, ampliaron sus espacios de operación. Bajo esa visión, servidores públicos de los tres niveles de gobierno se integrarían a grupos criminales y les proporcionarían condiciones de seguridad para operar.
También vincula el crecimiento de la extorsión con la participación de funcionarios. Compara esta práctica con la antigua “mordida” usada para evadir multas administrativas, aunque señala que ahora puede cobrarse en efectivo, mediante retiros en cajeros automáticos o transferencias bancarias. Para el autor, las extorsiones policiales representan un problema menor frente a posibles desvíos de recursos en dependencias gubernamentales.
La columna enumera además violaciones a derechos humanos, ejecuciones, desapariciones, venta de drogas ilegales, tráfico de personas y explotación sexual de mujeres como delitos que, según su planteamiento, afectan diariamente a la entidad. El autor sostiene que las transgresiones aumentan sin una respuesta efectiva de las autoridades.
En el plano político, cuestiona que exintegrantes del PRI y PAN se incorporen a Morena y los acusa de convertirse en cómplices de la ingobernabilidad. También critica a los tres diputados tecatenses por privilegiar reuniones y entregas de apoyos en colonias, en vez de denunciar a delincuentes y promover nuevas leyes.
Sobre la diputada María Teresa Méndez Vélez, el autor afirma que respaldó a los dos expresidentes municipales para evitar que fueran juzgados por peculado. Añade que los legisladores han recurrido a exhortos elaborados por sus equipos, pero recuerda que estos son recomendaciones o puntos de acuerdo sin carácter obligatorio y que, en su opinión, las autoridades destinatarias no los atienden.
