Por segundo día consecutivo, transportistas de vehículos tipo Urvan y autobuses mantienen cerrada la carretera federal 190 frente a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Oaxaca. La acción impide el paso en ambos sentidos y refleja una tensión acumulada que va más allá de una protesta aislada.
Protesta que se repite en la vía federal
La interrupción del flujo vehicular no es un hecho aislado. Los manifestantes han optado por colocar sus unidades directamente sobre la cinta asfáltica, lo que obliga a las autoridades a evaluar opciones de desvío mientras se define una respuesta institucional. Esta táctica, aplicada de manera consecutiva, busca generar presión inmediata sobre la delegación federal y evitar que el tema quede nuevamente archivado en expedientes burocráticos.
El peso de tres décadas sin certeza jurídica
El reclamo central gira en torno a un rezago que supera los treinta años. Los operadores carecen de un marco que les otorgue seguridad legal para circular por carreteras federales, situación que afecta tanto la planeación de rutas como la posibilidad de acceder a créditos o seguros adecuados. Sin esa base, cada recorrido representa un riesgo operativo que se traduce en costos adicionales y en una permanente incertidumbre sobre la continuidad del servicio.
La falta de regularización también limita la capacidad de las empresas para renovar flota o cumplir con normas ambientales más estrictas. En un contexto donde el transporte federal debe adaptarse a estándares de seguridad y emisiones, la ausencia de un estatus jurídico claro impide que los prestadores inviertan con horizonte de largo plazo.
Demanda de diálogo ante la SICT
Los transportistas exigen la instalación de una mesa de trabajo con funcionarios de la SICT para diseñar un programa de reordenamiento y regularización. La movilización, que reúne alrededor de quinientas unidades, se mantendrá de forma indefinida hasta obtener una respuesta concreta. Esta postura refleja la convicción de que solo el diálogo directo puede destrabar un problema que las instancias locales no han resuelto en tres décadas.
La presencia masiva de vehículos no solo amplifica el mensaje, sino que también evidencia la coordinación entre distintos permisionarios. Al actuar de manera conjunta, los transportistas reducen el riesgo de que las autoridades apliquen medidas fragmentadas que dejen fuera a algunos grupos y generen divisiones internas.
Competencia desleal del transporte no autorizado
Además de la regularización, los manifestantes señalan la operación del sistema Binni Bus como una fuente de competencia desleal. Según los transportistas, estas unidades circulan por vías federales sin contar con las autorizaciones correspondientes, lo que consideran una forma de piratería que erosiona la rentabilidad del servicio legalmente establecido. La denuncia apunta a la necesidad de que las autoridades apliquen controles uniformes para todos los operadores que utilicen la misma infraestructura.
La combinación de estos factores —bloqueo sostenido, reclamo histórico, exigencia de diálogo y rechazo a la operación irregular— configura un escenario donde la solución requiere tanto voluntad política como capacidad técnica para diseñar un esquema de regularización viable. Mientras tanto, la carretera federal 190 permanece cerrada y el conflicto sigue abierto.
