San Diego generó en 2022 un PIB de 262 mil millones de dólares con 3,3 millones de habitantes. Tijuana produjo apenas 35 mil millones con 2,15 millones de personas. La brecha por habitante resulta aún más marcada: 79 mil dólares frente a 16 mil. Esta diferencia, sin embargo, oculta una transferencia económica real que fluye de sur a norte.
El alquiler de una vivienda de tres recámaras cuesta en promedio 4.210 dólares mensuales en San Diego y 1.137 en Tijuana. El costo de vida completo es 131 % más alto del lado estadounidense. Entre 140 mil y 150 mil personas cruzan diariamente para trabajar en California, pero regresan a dormir y gastar en México, donde el salario estadounidense rinde cinco veces más.
Un subsidio económico estructural
San Diego paga salarios que resultan competitivos porque el trabajador tolera ingresos que no alcanzan para vivir del otro lado de la frontera. La productividad no desaparece al cruzar la garita; lo que cambia es quién absorbe el costo de la reproducción de esa fuerza laboral. Tijuana financia indirectamente la competitividad de su vecino mediante vivienda, servicios y tiempo de vida.
Costos adicionales para Tijuana
La ciudad mexicana paga dos veces más. Desde 2016 arrastra una de las inflaciones más altas del país por el efecto de precios californianos. Además, los trabajadores pierden entre dos y tres horas diarias en la línea fronteriza, lo que equivale a casi un mes de vida al año. La infraestructura urbana —pavimento, agua, drenaje— soporta un uso intensivo sin compensación equivalente.
Para San Diego la aportación de Tijuana es marginal; para Tijuana representa una carga estructural siete veces mayor en proporción. La frontera reparte de forma desigual los beneficios y los costos de la integración económica, dejando a los habitantes de Tijuana como patrocinadores silenciosos de la prosperidad vecina.
