Territorium, la empresa encargada de la plataforma digital del examen de ingreso 2026 de la UNAM, defendió este lunes el funcionamiento de su sistema y solicitó ser escuchada por la Comisión Técnica que investiga las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión. La firma atribuyó la integridad del procedimiento no solo a su tecnología, sino también a los protocolos de seguridad académica aplicados de forma conjunta.
El movimiento llega en un momento delicado. Las quejas de aspirantes y los hallazgos preliminares han puesto bajo la lupa tanto a la plataforma como al modelo de contratación externa de la universidad. Al pedir audiencia, Territorium busca dejar de ser únicamente objeto de escrutinio y convertirse en interlocutor técnico ante la instancia investigadora. Esa transición no es menor: le permite aportar su propia narrativa sobre fallos, responsabilidades y controles, en lugar de quedar atrapada en versiones ajenas.
Reparto de responsabilidades
El énfasis en la “seguridad académica” como factor compartido revela una estrategia clara. La empresa no niega que hubo problemas, pero reubica el foco: la tecnología sola no garantiza un proceso limpio si los protocolos institucionales fallan o se aplican de manera incompleta. Con ese argumento, diluye la carga exclusiva sobre su plataforma y obliga a la comisión a revisar también las capas de supervisión de la propia UNAM.
El caso expone, además, un riesgo estructural. Cuando una institución de la escala de la UNAM externaliza un examen masivo, cualquier falla se convierte en crisis de legitimidad. La defensa de Territorium y su petición de ser oída no resuelven todavía las irregularidades, pero sí marcan el inicio de una disputa técnica y reputacional cuyo desenlace definirá si el proceso de admisión 2026 recupera credibilidad o queda marcado por la opacidad.
