La Argentina requiere regímenes especiales como el Super RIGI porque el marco tributario y cambiario general sigue sin ofrecer condiciones normales para inversiones de gran escala. Estos instrumentos funcionan como mecanismos transitorios que aíslan ciertas actividades del contexto distorsivo actual, permitiendo que proyectos intensivos en capital y con horizontes largos de recuperación puedan concretarse sin quedar expuestos a cambios abruptos de reglas.
El alcance del nuevo régimen
El Super RIGI, que obtuvo media sanción en Diputados el 24 de junio, establece un umbral de inversión mínima de mil millones de dólares y otorga estabilidad fiscal por treinta años, alícuota de Ganancias del quince por ciento, libre disponibilidad de divisas y arbitraje internacional. Su objetivo apunta a sectores que apenas existen o se encuentran en fase experimental, como inteligencia artificial, semiconductores y biotecnología avanzada. A diferencia del RIGI original, orientado a energía, minería e infraestructura, este esquema busca crear capacidades productivas nuevas en lugar de recomponer las ya deterioradas.
La lógica subyacente reconoce que, sin garantías reforzadas, el país difícilmente atraería capitales de esa magnitud bajo las condiciones vigentes. La previsibilidad contractual y la protección frente a modificaciones provinciales resultan indispensables cuando los plazos de recupero superan una década.
La experiencia previa con la Ley de Software
El antecedente más cercano se encuentra en la Ley de Promoción de la Industria del Software sancionada en 2004. Esa norma identificó una actividad con potencial exportador y empleo calificado, y le otorgó estabilidad fiscal en un momento de alta presión tributaria y desconfianza institucional. Aunque no explica por sí sola el surgimiento de empresas como Mercado Libre o Globant, sí contribuyó a que el talento tecnológico no quedara condenado por el contexto macroeconómico. La propia Mercado Libre accedió a esos beneficios y se consolidó como el unicornio argentino más emblemático.
La misma lógica se intentó replicar con la Ley de Economía del Conocimiento durante la gestión de Mauricio Macri, extendiendo incentivos a otros sectores intensivos en valor agregado. Sin embargo, la administración siguiente suspendió su aplicación y la modificó mediante la Ley 27.570, enviando la señal de que incluso políticas consensuadas pueden quedar sujetas a revisión inmediata.
El obstáculo cambiario que persiste
Los regímenes promocionales pierden efectividad cuando el esquema de divisas anula los incentivos fiscales. Durante años, exportadores de servicios debieron liquidar dólares al tipo de cambio oficial mientras competían por talento en mercados globales. Esa contradicción demostró que la disponibilidad de divisas constituye un requisito previo: sin reglas claras para acceder, conservar y disponer de moneda extranjera, cualquier beneficio tributario queda incompleto.
El riesgo de repetir errores conocidos
El principal desafío del Super RIGI radica en evitar que el sistema político ataque los proyectos exitosos una vez que generen resultados visibles. La historia argentina muestra un patrón recurrente: se promueven sectores cuando son incipientes y se los somete a mayor carga cuando alcanzan escala. Si el régimen general no ofrece todavía condiciones normales, las excepciones pierden sentido cuando se convierten en privilegios permanentes en lugar de servir como puente hacia reglas más amplias.
Las objeciones sobre trato desigual resultan atendibles, pero la alternativa de imponer igualdad en la decadencia tampoco resulta viable. Cuando una actividad no existe, la recaudación que se presume resignada constituye una ficción contable. Si el proyecto prospera, el país obtiene empleo, exportaciones, conocimiento y, eventualmente, mayor recaudación sobre una base que antes no existía.
Hacia la extensión de condiciones razonables
El verdadero indicador de éxito de estos regímenes no será la cantidad de inversiones que atraigan, sino si logran demostrar qué reglas necesita el conjunto de la economía. La ambición debe apuntar a que las excepciones dejen de ser necesarias mediante la progresiva generalización de estabilidad fiscal, equilibrio presupuestario y respeto contractual. Mientras tanto, instrumentos como el Super RIGI representan una respuesta pragmática a una anomalía institucional que el país no ha logrado resolver de manera integral.
