La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) presentó una agenda de cuatro ejes prioritarios dirigida al próximo gobierno con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y fomentar el desarrollo económico del país. El gremio subrayó que solo una transición ordenada, acompañada de estabilidad política e institucional, permitirá recuperar la confianza de los inversionistas y avanzar en reformas que aseguren el abastecimiento en todo el territorio nacional.
Descenso sostenido de la actividad exploratoria
Uno de los puntos más destacados por la SPH es la necesidad urgente de reactivar la exploración de hidrocarburos. Los datos del gremio muestran una contracción drástica: los contratos de exploración pasaron de 41 en 2015 a apenas 5 en 2024, mientras que en 2025 no se registró ningún pozo exploratorio. De las 18 cuencas con potencial identificadas en el país, solo cinco permanecen activas. Esta tendencia reduce las posibilidades de reponer reservas y aumenta la dependencia de importaciones ante cualquier fluctuación de precios internacionales.
El presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, advirtió que sin una política energética definida el Perú seguirá expuesto a contingencias externas y perderá competitividad frente a otros países de la región que mantienen programas activos de exploración. Recuperar esta actividad, según el gremio, permitiría transformar el potencial geológico en reservas probadas y reducir la vulnerabilidad del balance energético nacional.

Consolidación de la infraestructura y planificación de riesgos
La segunda prioridad identificada por la SPH consiste en fortalecer la seguridad energética mediante una planificación de largo plazo que incluya desarrollo de infraestructura, otorgamiento oportuno de permisos y mecanismos claros para anticipar riesgos del sistema. El gremio considera que la seguridad energética no puede depender únicamente de respuestas coyunturales, sino que requiere una política pública coherente capaz de garantizar suministro suficiente tanto para los hogares como para la industria.
Esta visión implica identificar escenarios de interrupción del abastecimiento y diseñar respuestas preventivas que minimicen el impacto en la economía. La experiencia de otros países muestra que la falta de infraestructura adecuada puede amplificar los efectos de crisis externas, por lo que la SPH propone mecanismos de coordinación entre el Estado y el sector privado para reducir esa exposición.
Reglas estables como condición para atraer capital
El tercer eje se centra en la recuperación de la inversión privada a través de reglas claras y estabilidad jurídica. La SPH señala que la predictibilidad regulatoria es indispensable para que las empresas asuman los riesgos inherentes a la exploración y producción de hidrocarburos. El respeto a los contratos vigentes y la existencia de marcos regulatorios estables permitirían convertir el potencial energético en canon, regalías y desarrollo regional.
Sin estos elementos, el gremio advierte que las decisiones de inversión se postergarán o se trasladarán a jurisdicciones con mayor certidumbre. Esta dinámica afecta directamente los ingresos fiscales y las oportunidades de crecimiento en las regiones productoras, donde los recursos provenientes de la actividad hidrocarburífera suelen representar una fuente significativa de financiamiento público.
Ampliación del acceso al gas natural
El cuarto pilar propuesto por la SPH es la masificación del gas natural, con énfasis en las 14 regiones que aún carecen de acceso a este recurso. Actualmente más de 2,5 millones de hogares y cerca de 350 mil vehículos utilizan gas natural de manera cotidiana, y el recurso representa aproximadamente el 40 % de la generación eléctrica nacional. Ampliar esta cobertura permitiría distribuir de forma más equitativa los beneficios económicos y ambientales del gas, además de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en zonas sin conexión.
El gremio considera que acelerar los proyectos de masificación contribuiría a reducir el uso de combustibles más contaminantes y a fortalecer la resiliencia del sistema energético frente a variaciones de precios internacionales. Esta medida también podría generar empleo local y dinamizar economías regionales que hasta ahora han quedado al margen de los beneficios directos del recurso.
La agenda presentada por la SPH refleja las preocupaciones de un sector que ha experimentado una contracción prolongada y que ahora busca influir en las decisiones del próximo gobierno para revertir esa tendencia. Las propuestas combinan medidas de corto plazo con objetivos de mediano y largo plazo, y su implementación dependerá tanto de la voluntad política como de la capacidad del Estado para generar condiciones que atraigan capital privado de manera sostenida.
