El gobierno mexicano acordó ampliar la protección para inspectores sanitarios, productores y empacadores de aguacate destinados a la exportación, luego de que autoridades de Estados Unidos retiraran de forma temporal a parte de su personal de inspección en Michoacán tras recibir amenazas. La decisión abre un nuevo episodio de tensión en una cadena agroexportadora estratégica para México, tanto por su peso económico como por su dependencia de controles sanitarios binacionales que no admiten interrupciones prolongadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina del 10 de agosto que el pasado viernes 7 se realizó una reunión entre autoridades mexicanas y representantes de Estados Unidos para atender la situación. En ese encuentro, explicó, se expuso que algunas personas habían recibido amenazas y se acordó brindar protección a quienes estén en riesgo, además de mantener una mesa de trabajo permanente para asegurar la continuidad de las exportaciones y la integridad de los trabajadores involucrados en la cadena productiva.
La reacción del gobierno federal fue inmediata. Tras conocerse el retiro de inspectores estadounidenses, Sheinbaum pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que establecieran comunicación con el embajador de Estados Unidos en México para revisar directamente el caso. El mensaje político fue claro: el problema de seguridad en regiones productoras no solo afecta a autoridades o empresas, sino que puede alterar flujos comerciales que dependen de la presencia coordinada de personal mexicano y estadounidense.
Un engranaje comercial bajo presión
La exportación de productos agroalimentarios perecederos opera bajo controles sanitarios y de calidad previstos en los acuerdos comerciales. En el caso del aguacate participan inspectores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), personal mexicano contratado por agencias sanitarias estadounidenses y, en algunos casos, inspectores de Estados Unidos que trabajan dentro de territorio mexicano. Ese esquema funciona con precisión operativa, pero también lo vuelve vulnerable a cualquier alteración en la seguridad local.
Sheinbaum señaló que las autoridades mexicanas no fueron informadas previamente de la decisión estadounidense de retirar a algunos inspectores, aunque admitió que el gobierno ya tenía conocimiento de problemas de seguridad en zonas productoras de Michoacán. También recordó que el mismo día en que se produjo la decisión de Washington ya tenía programada una reunión con la asociación que agrupa a productores y empacadores de aguacate para exportación, un encuentro en el que se abordó precisamente la situación de inseguridad. Ese dato sugiere que el conflicto no surgió de manera súbita, sino sobre un terreno donde las alertas ya estaban activas.
Extorsión, operativos y reapertura parcial
La presidenta precisó que en una zona cercana a Uruapan se ha logrado reducir la extorsión mediante una mayor presencia de fuerzas de seguridad, aunque en otra región se registró durante el último mes un repunte de ese delito. La referencia es relevante porque la extorsión suele impactar de forma directa en productores, empacadores y transportistas, y termina por convertirse en un costo adicional para una industria que compite en mercados externos con márgenes ajustados y exigencias estrictas de trazabilidad.
En paralelo, informó que ya fueron reabiertas 45 empacadoras para exportación de aguacate, mientras otras 60 y tantas seguían pendientes de reanudar operaciones. Su expectativa es que una parte importante de esas instalaciones pueda volver a exportar durante esta semana. El dato muestra una recuperación parcial, pero todavía incompleta, de la capacidad logística de la región. Para el sector, cada día de suspensión implica pérdidas por fruta detenida, contratos en riesgo y presión sobre cadenas de suministro que no toleran vacíos prolongados.
El episodio también coloca bajo examen la coordinación entre seguridad pública y comercio exterior. México necesita garantizar que los corredores productivos no estén sujetos a la presión de grupos criminales, mientras Estados Unidos busca resguardar a su personal y asegurar que las inspecciones mantengan su integridad técnica. El punto de equilibrio no depende solo de una respuesta policial, sino de una estrategia sostenida que combine presencia institucional, protección focalizada y comunicación bilateral permanente. En una industria como la del aguacate, la seguridad dejó de ser un asunto periférico y se ha convertido en una condición básica para sostener el negocio exportador.
