Entre enero y mayo de 2026, El Salvador recibió 29,25 millones de dólares en remesas a través de billeteras de criptomonedas, un aumento del 41,7 % respecto al mismo período de 2025. El dato proviene del Banco Central de Reserva y refleja un repunte tras la decisión de retirar al bitcoin su condición de moneda de curso legal en el marco del acuerdo con el FMI por 1.400 millones de dólares. Sin embargo, estas remesas representan apenas el 0,69 % del total de 4.209 millones de dólares enviados al país en los primeros cinco meses del año.
El crecimiento se produce en un contexto donde el uso cotidiano del bitcoin sigue siendo rechazado por más del 90 % de la población, según encuestas previas. El gobierno mantuvo incentivos fiscales para inversionistas en activos digitales, pero limitó la participación estatal en su circulación. Esta combinación de factores explica por qué el volumen sigue siendo reducido en comparación con los 85,5 millones registrados en 2024, antes de la reforma legal.
Efectos sobre el ecosistema de pagos transfronterizos
El repunte del 41,7 % indica que un segmento de la diáspora salvadoreña continúa utilizando canales cripto para evitar comisiones bancarias tradicionales. Sin embargo, el porcentaje tan bajo sobre el total de remesas muestra que la infraestructura de wallets no ha logrado desplazar los sistemas establecidos. Empresas de envío de dinero como Western Union o MoneyGram mantienen una red física amplia en zonas rurales que las billeteras digitales aún no igualan.
Para los proveedores de servicios de criptomonedas, el dato confirma que El Salvador ya no funciona como un laboratorio de adopción masiva. Varias plataformas han reducido sus operaciones locales tras la pérdida de la obligatoriedad de aceptación por parte de comercios. El crecimiento observado parece concentrarse en transferencias de mayor valor entre familiares con mayor familiaridad tecnológica, más que en un uso generalizado.
Perspectivas de los distintos actores involucrados
El gobierno salvadoreño presenta el aumento como prueba de que el bitcoin sigue siendo relevante pese a la reforma. Funcionarios destacan que las exenciones fiscales siguen atrayendo capital y que las remesas en cripto representan un flujo estable de divisas. Sin embargo, analistas independientes señalan que el repunte podría deberse a un efecto de base baja tras la caída del 32,5 % registrada en 2025, más que a una tendencia estructural sólida.
Desde la perspectiva de los hogares receptores, la opción cripto sigue siendo minoritaria. La volatilidad del bitcoin y la necesidad de convertir los fondos a dólares para gastos cotidianos generan fricción adicional. Organizaciones de migrantes en Estados Unidos reportan que la mayoría prefiere transferencias directas a cuentas bancarias o retiros en efectivo, donde el tipo de cambio y la disponibilidad inmediata resultan más predecibles.
El FMI, por su parte, ve con buenos ojos la reducción del rol estatal en el bitcoin. El acuerdo de 1.400 millones condicionó explícitamente la eliminación de la condición de curso legal y la limitación de la exposición fiscal del país. En este marco, el crecimiento moderado de las remesas cripto se interpreta como un fenómeno de mercado residual, sin implicaciones macroeconómicas significativas.
Tendencias probables a mediano plazo
Es razonable esperar que el volumen de remesas en cripto se estabilice en torno a los 55-65 millones de dólares anuales durante los próximos dos años. La eliminación de la obligatoriedad de aceptación por comercios reduce los incentivos para que nuevos usuarios adopten wallets. Al mismo tiempo, el interés de un nicho de salvadoreños en el exterior con acceso a plataformas reguladas podría sostener un flujo constante, aunque sin alcanzar niveles que alteren la estructura general de las remesas.
Otro factor a considerar es la posible aparición de stablecoins reguladas que ofrezcan menor volatilidad. Si el gobierno permite su uso bajo estrictos controles de cumplimiento, estas podrían capturar parte del mercado que hoy usa bitcoin directamente. Sin embargo, cualquier iniciativa de este tipo requerirá aprobación implícita del FMI, lo que añade una capa adicional de supervisión.
Riesgos que persisten para el sistema financiero
El principal riesgo sigue siendo la volatilidad de los activos digitales. Aunque el volumen actual es pequeño, un evento de depreciación brusca podría generar pérdidas para hogares que mantienen saldos en cripto durante varios días. Además, la limitada supervisión sobre ciertos proveedores de wallets plantea preocupaciones de lavado de activos que el BCR deberá monitorear con mayor atención tras el acuerdo con el FMI.
Un segundo riesgo radica en la posible reversión parcial de las políticas. Si el gobierno decide ampliar nuevamente los incentivos para el uso de bitcoin sin coordinación con el Fondo, podría tensionar la relación con los acreedores y afectar la calificación crediticia del país. La experiencia de 2021-2024 demostró que los anuncios de adopción masiva generaron más expectativas que resultados concretos en el uso cotidiano.
Finalmente, la dependencia de un pequeño grupo de usuarios tecnológicos deja al segmento expuesto a cambios regulatorios en Estados Unidos, principal origen de las remesas salvadoreñas. Cualquier endurecimiento de las normas sobre transferencias en cripto desde ese país podría reducir el flujo observado en 2026 de manera abrupta.
