La economía mexicana llegó a este punto con un respiro reciente, pero también con una dosis mayor de incertidumbre política. Tras caer 0.6% trimestral al inicio del año, el PIB rebotó cerca de 1.5% en el segundo trimestre; aun así, el entorno descrito por analistas del Colegio de Economistas de Sonora apunta a que la inversión y el crecimiento podrían perder fuerza en la segunda mitad del año por tensiones comerciales y por los episodios políticos que hoy ocupan la agenda.
En el centro de esa lectura están los casos de Andy López Beltrán y Rubén Rocha Moya, junto con la cancelación de la visa estadounidense de López Beltrán, los vaivenes de Rocha Moya, los narcobloqueos y las acusaciones de Washington contra políticos mexicanos. Aunque por separado parecen escándalos distintos, para los mercados forman una sola duda: qué tan confiable y gobernable será México en los próximos años. Esa percepción ya no se queda en el terreno político; también entra en la cuenta del costo financiero y de la decisión de invertir.
El argumento es directo: una empresa que evalúa poner mil millones de dólares en México no se limita a calcular costos de producción. También revisa quién gobernará, qué pasará con el TMEC, cómo opera el Poder Judicial, qué tan seguro es mover mercancías y si las reglas seguirán vigentes cuando recupere su inversión. Por eso, los sobresaltos políticos pueden terminar traduciéndose en puntos base más altos y en una cautela mayor del capital privado.
Para Sonora, el momento es especialmente delicado por su cercanía económica con Estados Unidos. En junio, las ventas internacionales del estado llegaron a 2 mil 20 millones de dólares, con el mercado estadounidense como principal destino. Al primer trimestre de 2026, las exportaciones estatales sumaron unos 6 mil 649 millones de dólares, en una relación que hace vulnerable a la entidad frente a una crisis prolongada entre Washington y Palacio Nacional. El golpe podría sentirse en inversión, manufactura exportadora, minería, agroindustria, logística fronteriza y nearshoring.
El texto también coloca dos relojes políticos sobre la mesa. El primero es noviembre, cuando habrá elecciones intermedias en Estados Unidos; la presión interna puede bajar después de esos comicios, pero temas como seguridad fronteriza, narcotráfico, migración y México ya tienen rentabilidad electoral. El segundo es 2027, cuando México elegirá en intermedias y renovará 17 gubernaturas, incluida Sonora, mientras siguen abiertas negociaciones comerciales porque Washington no concedió por ahora la extensión de 16 años del TMEC y asuntos como automóviles, reglas de origen y estándares laborales podrían moverse a ese año.
En ese mismo tablero aparece la relación política entre Sheinbaum y Trump. Si Palacio Nacional convierte cada señal estadounidense en una disputa de soberanía y Washington vuelve cada sospecha sobre políticos mexicanos un instrumento de presión diplomática, la incertidumbre puede alargarse. Para Sonora, el margen de maniobra que se desprende de ese escenario pasa por blindar cruces fronterizos, asegurar energía y agua industrial, reforzar la relación Sonora-Arizona, cuidar corredores logísticos y sostener su imagen de territorio confiable para producir, más allá del ruido que llegue desde la Ciudad de México.
En el plano local, Alfonso Durazo queda obligado a hilar más fino en medio de esas presiones. A la vez, Manlio Fabio Beltrones Rivera sigue moviendo piezas en el PRI Sonora y en Movimiento Ciudadano, donde se le atribuye influencia sobre las futuras candidaturas de Luis Donaldo Colosio Riojas y de Alejandro López Caballero. Ese acomodo interno añade otro frente al momento político que el estado atraviesa.
