Las diputadas locales de Movimiento Ciudadano Mónica Magaña, Gabriela Cárdenas y Alejandra Giadans sostuvieron la noche del martes 11 de agosto una reunión con vecinos de la zona de San Isidro, en Zapopan, para abrir un canal permanente de संवादo en torno al proyecto habitacional Legado Jalisco. El encuentro tuvo como punto de partida la inconformidad vecinal por el destino del predio y concluyó con una ruta de trabajo basada en diez acuerdos, orientados a mantener el diálogo, revisar trámites y dar seguimiento a las demandas de la colonia.
De acuerdo con lo expuesto tras la reunión, uno de los ejes centrales fue establecer una comitiva vecinal que funcione como enlace directo con las legisladoras, así como instalar una mesa de trabajo para dar seguimiento a cada punto. Además, se planteó monitorear los procesos y dictámenes de viabilidad relacionados con el proyecto, realizar gestiones sobre servicios públicos municipales y revisar una eventual modificación a la Ley de Patrimonio del Estado. También se solicitó ajustar la malla perimetral para dejar espacio de banqueta, una demanda que refleja que la discusión no se limita al fondo del proyecto, sino también a sus efectos inmediatos en el entorno urbano.
La diputada Mónica Magaña afirmó que, tras escuchar a los vecinos y encontrar coincidencias, el compromiso de su bancada es sostener la comunicación y dar seguimiento puntual a cada planteamiento. “Fue un buen ejercicio de equipo y logramos por fin establecer acuerdos puntuales y una ruta clara con los vecinos”, dijo. El mensaje político es relevante porque busca transformar un conflicto abierto en un mecanismo de negociación institucional, aunque el acuerdo alcanzado no resuelve todavía el desacuerdo de fondo sobre el uso del terreno.
El proyecto en disputa es impulsado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), que plantea la construcción de 200 viviendas para policías estatales en un predio de 12 mil 832 metros cuadrados propiedad del Gobierno de Jalisco. La obra contempla 10 torres de cuatro niveles y fue autorizada por el Congreso local para destinar el terreno a uso habitacional, con el voto de todas las fracciones parlamentarias. Ese respaldo legislativo dio viabilidad formal a la iniciativa, pero no cerró la controversia social que desde entonces ha mantenido a los habitantes de San Isidro en posición crítica frente al desarrollo.
Los vecinos sostienen que el predio tenía originalmente un destino de uso público y consideran que debería preservarse para un parque y un centro cultural. También advierten que el terreno cumple una función durante el temporal de lluvias por su capacidad de captar agua, por lo que la urbanización podría modificar sus condiciones naturales e incrementar el riesgo de inundaciones. Esa preocupación introduce un componente ambiental y de protección civil que eleva el debate más allá de la disputa patrimonial: no se trata solo de qué uso debe darse al predio, sino de cómo cualquier intervención puede alterar la dinámica hídrica de una zona ya sensible.
Las diputadas reiteraron que mantendrán el trabajo coordinado y el diálogo con las y los habitantes de San Isidro para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y construir una ruta que atienda las necesidades de la zona. En paralelo, el caso deja abierto un dilema de fondo para las autoridades estatales y municipales: compatibilizar una política de vivienda para cuerpos de seguridad con las exigencias de planeación urbana, gestión del agua y preservación de espacios de uso colectivo que exigen los vecinos.
